(situación nacional)
Carlos Mendoza*
Lo que está fundamentalmente en juego en estas elecciones es la disputa entre dos proyectos de país y de gestión del Estado. Insertos, claro, en el capitalismo, pero bien distintos entre ellos, ya que responden a los intereses de diferentes clases y capas sociales.
¿Qué hay esencialmente en disputa en las elecciones generales 2019? ¿Las acusaciones cruzadas de corrupción, tipo “Panamá papers” versus Hotesur; o aportes truchos a la campaña de Cambiemos 2017 versus asunto “cuadernos”? ¿Si Cristina es una estadista pero habla con el dedito o Macri es un mediocre pero simpático porque habla con una papa en la boca y además baila en los actos? Independientemente de la importancia que se les quiera dar a esos temas nada de eso es fundamental. Lo que está fundamentalmente en juego es la disputa entre dos proyectos de país y de gestión del Estado, insertos, claro, en el capitalismo, pero bien distintos.
Uno es el proyecto denominado neoliberal, en curso de aplicación por Cambiemos y aplicado anteriormente por Martínez de Hoz durante la última dictadura militar y por Cavallo en el menemismo y en la Alianza.
El otro es el proyecto denominado industrialista o populista (con el significado positivo que le dio Ernesto Laclau a esa categoría) o también neokeynesiano, con antecedentes en los gobiernos de Yrigoyen, Perón y de Nestor y Cristina Kirchner.
Por supuesto hay intereses socioeconómicos y, por lo tanto, de clases y capas sociales detrás de cada uno de esos proyectos.
El proyecto neoliberal es impulsado por los sectores oligopólicos transnacionales y sus expresiones y socios subordinados locales. Fue lanzado mundialmente desde el llamado “Consenso de Washington” realizado en 1989 que, ante la crisis estructural y de tendencia permanente del capitalismo desde mediados de los 70, con su problema congénito de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia (1) en las actividades industriales, comerciales y de servicios, se compensa esto impulsando la aplicación, en todo el mundo capitalista, de medidas gubernamentales que, básicamente, permitan la libertad absoluta para la circulación de los capitales y la repatriación de sus beneficios, favorezcan la especulación financiera como forma de redistribuir renta mundial en favor de los monopolios y aumenten la explotación de la fuerza de trabajo mediante la flexibilización laboral y la baja de salarios, para sostener la tasa de ganancia.
El proyecto industrialista o populista interesa objetivamente a la clase asalariada (activa y pasiva), a los sectores burgueses vinculados al mercado interno (especialmente a la industria, a las economías regionales y particularmente las PYMES) y a vastos sectores de capas medias. Realza el rol central del Estado, como regulador y mediante su intervención directa o indirecta en áreas estratégicas, como la energía y los servicios públicos. Básicamente, impulsa la protección del mercado interno y la industrialización con aliento a la demanda, mediante la aplicación de regulaciones económicas sobre la tasa de interés, el tipo de cambio, la compra-venta de divisas, el comercio exterior, la fijación de precios, y otras medidas regulatorias. Todo lo cual conlleva aumentar la ocupación, el salario (estimulando las paritarias), las jubilaciones, las asignaciones familiares, la ayuda social a los sectores más necesitados, invertir en salud pública, educación pública y ciencia y tecnología e impulsar la obra pública. Para ello se requiere, entre otras medidas, percibir impuestos de los sectores de mayores ingresos, como ser impuestos más progresivos a las ganancias, a las rentas financieras especulativas, a las importaciones de bienes de lujo, a las grandes riquezas, a la herencia, la aplicación de retenciones a las exportaciones agropecuarias (como forma de impuesto a la renta de la tierra que perciben los terratenientes). Un asunto importante, que por ejemplo se verificó con el gobierno anterior, es que el aumento de los ingresos de los sectores populares aumenta la demanda y, como consecuencia, la actividad económica y con ello aumenta la recaudación fiscal, generándose así un círculo virtuoso.
La historia de nuestro país permite evaluar el resultado de la aplicación de esos dos proyectos.
El proyecto neoliberal siempre terminó produciendo caída de la actividad económica, sobre todo la industrial, cierre de empresas, particularmente PYMES, aumento del desempleo, caída en términos reales de los ingresos fijos, incremento de la pobreza y la indigencia, especulación financiera, alto endeudamiento externo y crisis. Precisamente en eso estamos con el actual gobierno, donde de lejos los principales ganadores son las empresas financieras, en su gran mayoría internacionales (bancos, fondos de inversión, etc.) que aprovechan las espectaculares rentas que producen las “bicicletas financieras” que arma el gobierno con sus políticas.
El proyecto industrialista, populista o keynesiano, generó todo lo contrario y el ejemplo más reciente fueron los gobiernos kirchneristas, donde se duplicó la actividad económica, destacándose la industrial, se crearon decenas de miles de PYMES en todas las actividades, se generaron tres millones de puestos de trabajo, los salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y planes de asistencia social crecieron en términos reales, se realizó una importante obra pública, destacándose en educación y salud pública y, cosa muy notable, todo esto se hizo desendeudando drásticamente al país.
Claro que si ahora viniera un gobierno que defienda los intereses de los sectores populares, se encontraría con una extraordinariamente pesada herencia. No solo por la recesión económica, la desindustrialización, el desempleo y la mucha mayor pobreza e indigencia, sino por el grave endeudamiento externo que dejará como destacadísimo legado el actual gobierno, cuyo peor componente no es tanto la importante deuda con el sector privado internacional sino nada menos que con el FMI. Si con el sector privado se podría intentar imponer una restructuración de la deuda externa a la Nestor Kirchner (que logró el record mundial de una quita de 75%), con el FMI no se puede hacer más que renegociar la deuda de la mejor manera que se pueda, porque negar el pago o intentar imponerle una determinada reestructuración significaría someterse a sanciones económicas de EE.UU., la Unión Europea y Japón, nada menos.
Otro asunto con el que debería lidiar un futuro gobierno popular es que si, como habría que hacer, se declara la emergencia social, se aumentan los ingresos de la clase asalariada, activa y pasiva y la ayuda estatal a los más necesitados, se ayuda a las PYMES con créditos a tasas subsidiadas, se subsidian los servicios y otras medidas reactivantes de la economía, si se quiere evitar que ante un brusco aumento de la demanda los oligopolios formadores de precios desencadenen un aumento acelerado de precios, simultáneamente habría que intentar implementar un acuerdo económico social, con participación del Estado, las Cámaras Empresarias y los sindicatos, para acordar salarios, tarifas, impuestos, tasas de ganancias y, sobre todo, precios.
En efecto, una de las mentiras predilectas de los grupos oligopólicos y sus economistas y periodistas portavoces, es que en nuestro país la inflación se debe exclusivamente a la emisión monetaria, cuando en una economía de desarrollo medio y oligopolizada, como la nuestra, se debe fundamentalmente a que, aprovechando que los oligopolios no tienen competencia, aumentan sistemáticamente los precios por encima del aumento de sus costos y, como sus bienes y servicios entran como costos en el resto de la economía, generan inflación. Eso explica porque a pesar de sus políticas ortodoxas neoliberales el gobierno actual generó una inflación anual del 47,6% en el 2018, ¡¡la mayor de los últimos 27 años!!
Si se intenta solucionar el problema abriendo la economía, liberando las importaciones, la industria argentina no resiste esto y se produce cierre de empresas, desempleo masivo y crisis.
Para un eventual próximo gobierno popular, lograr un acuerdo económico social presentará seguramente muchas dificultades, pero resultará indispensable intentarlo. Es fundamental para su éxito que los asalariados se involucren activamente en el control del cumplimiento por parte del sector empresario del eventual acuerdo, haciéndolo en las propias empresas donde trabajan, tanto en cuanto a que no se aumenten los precios por encima del aumento de los costos, como en cuanto a la gestión de stocks para evitar desabastecimiento.
Hay una experiencia parcial en cuanto a hacer acuerdos económico-sociales con el gobierno anterior, ya que hizo acuerdos con empresas por los denominados “precios cuidados”, que ayudaron a mantener una inflación alrededor del 20% anual, a pesar de que los salarios, jubilaciones, asignaciones familiares y ayuda social, estuvieron casi siempre por encima de la inflación y que se aumentaba anualmente la inversión social, particularmente en educación y salud públicas.
En cuanto a política exterior, hay gran diferencia entre ambos proyectos, ya que mientras el neoliberal se alinea con los intereses geopolíticos y económicos de los EE.UU. y sus aliados de la OTAN, el proyecto popular propicia el multilateralismo, la independencia en política exterior, la integración latinoamericaana y la no intervención en los asuntos internos de otros países.
Otra diferencia de gran importancia se refiere al tema de la justicia, lo cual tiene intrínsecamente que ver con la democracia, ya que el neoliberalismo está demostrando que utiliza su clara hegemonía en los poderes judiciales de los países para hacer cosas como encarcelar opositores políticos, en los países donde gobierna este sistema, acusándolos de cualquier delito, manteniéndolos presos mientras se buscan pruebas, es decir sin condena, como viene sucediendo en nuestro país durante el gobierno de Cambiemos. Peor aún, cuando no se logran pruebas los jueces pueden condenar a los acusados basándose en lo que denominan “íntima convicción” de que se han cometido los delitos, como increíblemente sucedió con Lula en Brasil. Contrariamente a estos métodos aberrantes, un gobierno popular debería convocar a una reforma constitucional, que democratice la justicia, incorpore los derechos sociales en la Constitución y, entre otras cosas, obligue a los jueces a someterse periódicamente a concursos de oposición y antecedentes, para evitar que constituyan verdaderos feudos, como ocurre ahora en tantos casos.
Otro asunto de gran importancia es el tema de los medios de comunicación. Mientras el neoliberalismo favorece su concentración en manos de los grupos oligopólicos, como ha hecho el gobierno de Cambiemos, el proyecto popular impulsa el pluralismo y la democratización de los medios, mediante leyes que impongan su desmonopolización. Un próximo gobierno popular debería, como mínimo, derogar el decreto de Macri que eliminó artículos fundamentales de la ley de medios votada de manera ampliamente mayoritaria por el Congreso durante el gobierno anterior y cuya constitucionalidad, es bueno recordar, fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
Para los oligopolios, la combinación entre la corporación mediática que les pertenece y el poder judicial donde tienen una clara hegemonía, es el arma principal con que impulsan las ideas neoliberales, la descalificación de proyectos alternativos, la difamación y persecución judicial de sus opositores y, de esa manera, la formación de “sentido común” en la población, sobre todo en el sector más permeable a ello que son las capas medias (2).
Debido a las clases y capas sociales que están detrás de cada uno de estos proyectos, el popular se basa en la solidaridad y la cooperación social, mientras que el neoliberal se basa en el individualismo, la meritocracia y el egoísmo social.
De todas maneras, suponiendo que se imponga un frente político que aplique el proyecto popular, cosa que apoyo pues significaría una gran mejora en las condiciones concretas de vida del pueblo, quien esto escribe tiene la convicción de que mientras el capitalismo no sea generalizadamente reemplazado por un sistema de carácter social cualitativamente más elevado, nuestro país continuará sufriendo las consecuencias de la profunda crisis económica, social, política, institucional, ecológica, cultural y moral en la que está inmerso el sistema capitalista. El período histórico de reemplazo del capitalismo empezó con la revolución rusa de 1917 y su estado actual encuentra a China, uno de los países que se reclama socialista, como la mayor economía del mundo, según el Banco Mundial que compara en términos de PPA (Paridad de Poder Adquisitivo), creciendo mucho más que los países capitalistas centrales, desarrollando exponencialmente la ciencia y la tecnología y elevando permanentemente el nivel de vida de su pueblo. En eso estamos.
*Carlos Mendoza, ingeniero, especializado en temas políticos y económicos, escritor, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.
Qué difícil remontar toda esta incalculable debacle producida por el macrismo!!! ¿Iremos a entrar en Default nuevamente? Y lo peor de todo es que estos tipos continúan teniendo un tercio de la intención de voto!!! ¿Es posible imaginar en qué se convertirá Argentina si volvieran a ganar? Tu nota, además de la precisión de tus conceptos, es esperanzadora. Me permito compartirla.
Abrazo. Adriana
ESTE ARTICULO FUE SUBIDO AL PORTAL GLOBALIZACION, LO CUAL AGRADECEMOS
https://www.globalizacion.ca/argentina-elecciones-2019-dos-proyectos-en-pugna/
Sobre este artículo Estela envió el siguiente mensaje:
“Hay que insistir en la diferencia entre que haya algunos corruptos, como en cualquier familia, y que el sistema sea lo corrupto.
El poeta portugués Pessoa le hace decir a uno de sus heterónimos, Alvaro de Campos, en los años 30, que en Europa se libra una batalla entre el mundo industrialista y el mundo financiero y que está ganando el segundo. Ahora podemos decir que ganaron con todo con el neoliberalismo.”
Así es, el acuerdo económico será lo más difícil. Ya lo dijo Cristina cuando interpeló a los empresarios aludiendo al ejemplo de Gelbart El mayor obstáculo será con los grandes empresarios que están cebados con la reta financiera. Por lo demás la esperanza en materia productiva vendrá de un factible acuerdo con las PyMes, pero aún sería insuficiente para hacer frente a todos los desaguisados que dejarán estos tipos en todas las áreas tanto al interior como en lo exterior. La grieta, que no fue creada por Cristina sino que es histórica, tiene su razón de ser: NO SOMOS TODOS IGUALES. Muy completa tu columna