Revista Tesis 11 (nº 119)
Edición especial: Balance del gobierno de Cambiemos
(medios de difusión)
Lidia Fagale*
El balance de la gestión del actual gobierno en lo referido a las decisiones adoptadas en materia de políticas públicas de comunicación, tanto las que se centran en el ámbito audiovisual como las que atienden el sector de las telecomunicaciones, reflejan el perfil económico e ideológico conservador, de matriz neoliberal, del actual gobierno.
Las políticas impulsadas a pocos días de la llegada de Mauricio Macri al Gobierno se dieron en un contexto de quiebre con el periodo anterior, lanzando una estrategia que contempló la inmediata modificación de la norma, promulgada en 2009, para regular al sector audiovisual en beneficio de los grandes grupos mediáticos, reforzando vínculos con algunos medios y buscando respaldo en los periodistas “incrustados”, término que como se recordará fue empleado para traducir “embedded journalists“, es decir, los cronistas de guerra que empezaron a acompañar a las unidades militares estadounidenses y británicas durante la invasión a Irak y Afganistán, utilizando como única fuente informativa al Departamento de Estado de los EEUU y sus fuentes militares con las distorsiones y las manipulaciones que conllevaron y conllevan estas prácticas.
El gran objetivo presidencial, como se lo ha manifestado públicamente, es atraer inversiones, y esta meta también alcanza al negocio de las comunicaciones. A la vez que pone en cuestionamiento ideológico político el andamiaje normativo que existió hasta hace unos pocos meses atrás y ratifica la relación en torno a que toda política de comunicación es una propuesta política, ideológica y económica y toda propuesta de país implica inexorablemente un modelo de comunicación.
Desde esta perspectiva, el gobierno está transformando el marco regulatorio conocido hasta finales del 2015, tanto para el sector audiovisual como para las telecomunicaciones. Mientras por un lado avanza en la redacción de un anteproyecto de ley (que unifica al sector audiovisual con el de las telecomunicaciones), por el otro lleva adelante decenas de disposiciones que transforman de cuajo las normas vigentes en ambos sectores y comprometen las futuras.
Las modificaciones, entre decretos, leyes y otras iniciativas conexas y tangenciales que se sucedieron velozmente, son parte de un todo, incidido por la opción de políticas locales en cualquiera de sus planos, incluido el de la comunicación, en el marco de conocidas políticas económicas asentadas en el paradigma del libre mercado, la búsqueda desenfrenada de inversiones en un mundo donde se presentan cambios o tensiones en la hegemonía del sistema mundial.
En su mayoría, todas estas iniciativas ponen en evidencia un cambio de orientación regional y global caracterizado por el alineamiento con la política exterior de los EE. UU., un regreso sin restricciones a los mercados financieros internacionales y al librecambismo, el alejamiento de la integración estratégica con países latinoamericanos, así como el acercamiento a los países que conforman la alianza del Pacífico en detrimento de la consolidación del Mercosur y la Unasur.
A la vez que las políticas de Estado están signadas por un cambio de modelo económico, caracterizado por la transferencia de recursos a sectores concentrados de la economía, mediante la eliminación o reducción de las retenciones al agro y a la minería, entre otras medidas no menos importantes y que van en detrimento del nivel y la calidad de vida de las mayorías. Estas tendencias también se avizoran en las acciones y decisiones adoptadas en el campo de la comunicación.
Camino al desbalance
Un balance de los primeros meses de la gestión del Gobierno de Mauricio Macri a la hora de analizar las políticas de comunicación impulsadas nos enfrenta a una sucesión de decretos – de necesidad y urgencia – que modificaron los organismos de control y aplicación de la ley del sector audiovisual.
La modificación que se introdujo, para liberar normativamente la concentración oligopólica de los grupos mediáticos, anuló la cláusula de desinversión que limitada el número de medios a cargo de un solo grupo, prevista en la ley de servicios audiovisuales del 2009, además de extender la prórroga de licencias.
Los decretos que modificaron uno de los aspectos medulares del texto inicial de la ley de servicios comunicación audiovisual, están concebidos y orientados por la percepción de los escasos actores que hegemonizan tanto en la industria audiovisual como en el negocio de las telecomunicaciones.
Se observa también una actitud solidaria del Estado con las estrategias expansivas de los grupos concentrados, en el marco de un mercado en constante expansión, determinado por la convergencia tecnológica.
Estas decisiones refuerzan una idea de mercado, una idea particular de la libertad de expresión, bajo el paradigma de libertad ilimitada de empresa, bajo una dinámica concentradora, así como de una idea de lo que se entiende por “desarrollo”: A mayor inversión mayor crecimiento.
La hegemonía despilfarrada
A este balance de la actual gestión, que pareciera restringir el derecho a la comunicación a poderosos y escasos actores, le debemos sumar el descuidado trato que tuvieron los medios comunitarios en la gestión anterior, a pesar de su inclusión en la ley promulgada bajo el gobierno Kirchnerista, como beneficiarios de recursos y actores claves en la producción de contenidos y disputa del sentido en la sociedad.[i] Hoy sometidos nuevamente a la escases de recursos producto del tarifazo de los servicios públicos, de la inequitativa distribución de la publicidad oficial y la demora en la entrega de recursos- adjudicados en el 2015- del FOMECA para promover proyectos de comunicación.
Y todo ello en el marco de una evidente regresión de las políticas distributivas que existieron para determinados sectores de la población.
En tanto algunos castillos de papel construidos en el escenario mediático se han derrumbado. Los incentivos económicos para sostener una comunicación “democrática y alternativa” se centraron en grupos empresariales afines al gobierno anterior que se desbarrancaron ante el cambio de gestión, producto del recorte de dinero de la gestión actual quitando la financiación estatal que cubría en un 90 % sus costos. Hoy ese sector empresarial está en vías de extinción y sus dueños acusados de malversación de fondos públicos y decenas de trabajadores de prensa en la calle.
De cualquier manera estas falencias y otras que distintas organizaciones hemos señalado recurrentemente y que demoraron la aplicación de la ley de LSCA- y no sólo por el proceso de judializacion del grupo Clarín- no justifica la sustitución del esquema participativo por otro de gestión puramente estatal o de preminencia del Poder Ejecutivo, que excluye al resto de los actores sociales de las autoridades de aplicación y de los consejos federales o a sectores como sujetos plenos de derecho a la comunicación.
Pero sí habla mucho de cómo el ciclo denominado progresista vivido en nuestro país no aspiró, no pudo (o no quiso, dado que no estaba dentro de su horizonte ideológico) “derrotar la hegemonía del capitalismo en el plano cultural”, como señalan algunos analistas contemporáneos. Y esto nos plantea reflexionar hasta donde problematizar únicamente la propiedad de los medios es suficiente para alcanzar un marco garantía de democracia y participación que impulse cambios culturales-ideológicos. También nos interroga si la denominada comunicación vinculada a distintos sectores sociales no hegemónicos está en capacidad por si sola de dar la batalla de ideas y de disputa de sentido de una sociedad al convertirse en una suerte de gheto aislado y no articulado con el conjunto de demandas colectivas. Más aún si por un lado puede asumir dicha pelea en el plano político-ideológico, aún en los arrabales de la comunicación, no la puede desvincular de la disputa por la distribución de la riqueza.
Esta fase, que en este artículo se ciñe provisoriamente al plano comunicacional, deja un debate mucho más amplio, no saldado para la izquierda, y es el del Estado. (…) Decía René Zavaleta Mercado (1983), sociólogo marxista boliviano, que la historia de las masas es una historia que se hace contra el Estado. Pues el Estado históricamente expresa las relaciones de dominación, y aunque aparenta estar por encima de los intereses de las distintas clases y arbitrarlos, produce los instrumentos institucionales necesarios para la reproducción de la clase dominante. Por ello también afirma Jorge Viaña (2006) que la historia de las masas es siempre una historia que se hace contra el Estado, y por lo tanto todo Estado niega a las masas en última instancia, aunque pretenda expresarlas. Probablemente esto es más claro en los procesos del segundo anillo progresista, y nos ayuda a entender parcialmente lo sucedido en Argentina o Brasil. (…)[ii]
“La clase” vuelve por tanto al centro de la disputa política en esta nueva fase, pero sin que la alternativa pos-neoliberal se haya transformado en una alternativa anticapitalista. [iii]
La desintegración
Hay que incluir también la salida de la señal de TELESUR de la oferta informativa de Argentina, asociada más a una decisión de carácter político ideológico que asentada en la idea de un tratamiento “poco plural” de los contenidos de la señal latinoamericana, según expresaron funcionarios del gobierno actual. Esta decisión tiene, a su vez, otra dimensión de carácter estratégico y es la de buscar un acercamiento a la Alianza del Pacífico y, a la vez, posicionar a la Argentina como un referente regional capaz de unir a los países del Mercosur con aquellos del Pacifico que están alejados de la retórica bolivariana. Un regreso al Alca, en versión más moderna.
La pelota juega en cancha privada
La rescisión del contrato del programa Fútbol para Todos (FPT) que le planteó la AFA al actual gobierno, clausuró una política que comenzó en agosto de 2009. Esta decisión le allana el juego a los sectores privados que manejarán los derechos que ahora abandona el Estado. Por ahora, hay una propuesta de la cadena Turner con base en Atlanta, Estados Unidos y potencialmente puede abrir la posibilidad de que el antiguo dueño, el grupo Clarín, vuelva a participar del negocio.
Las alambradas celestiales
El Ministerio de Comunicaciones comenzó a autorizar la operación de satélites extranjeros que compiten con la propia ARSAT, lo que pone en riesgo su futuro como firma argentina no perteneciente a un grupo multinacional. El gobierno ya autorizó a brindar servicios en el país al satélite holandés NSS-806, al francés Eutelsat y al estadounidense DIRECTV. Todo revela una incipiente desregulación de los cielos que pone en jaque a la estatal ARSAT. Se suma el pliego de condiciones que buscan imponer las multinacionales satelitales de origen extranjero, conformando un grupo de presión de las empresas privadas extranjeras, para apurar el negocio en el dinámico escenario de las telecomunicaciones.
La comunicación: Inversiones y logística estratégica
Todo a una velocidad directamente proporcional a los cambios económicos, políticos, tecnológicos que transcurren aquí en Argentina como en la mayoría de los países del mundo, cuya idea de desarrollo se debe leer en la clave del capitalismo contemporáneo y sin omitir el proceso que da cuenta de una regresión respecto al avance de los gobiernos progresistas que caracterizaron la última década a nuestro continente.
“Allá donde han triunfado las fuerzas conservadoras, hay un acelerado proceso de reconstitución de las viejas elites, que nuevamente pujan por asumir el control de la gestión estatal”, dice el Vicepresidente de Bolivia, García Linera.
En ese sentido, toda la estructura comunicacional-cultural es asumida- con más virulencia que nunca- como la logística estratégica para poner en tela de juicio las ideas y los proyectos de cambios, que se han dado en distintos países de Latinoamérica, más allá de sus diferencias e intensidades.
Todas estas iniciativas con horizontes más o menos radicales, más o menos distribucionistas, no lograron construir una hegemonía capaz de enfrentar las consecuencias sociales y económicas del impacto de la crisis mundial. La reorganización espacial y la presión para el alistamiento del territorio latinoamericano, en función de dinámicas transnacionales de la acumulación capitalista, con toda la conflictividad que ello genera, comprometieron las pretensiones de búsqueda de caminos alternativos, así como se observan límites al desarrollo de los que hoy perduran.
Comunicación, la realidad sin recortes
El papel jugado por los medios de comunicación ha sido arrollador y acompañado por las demandas de una economía global de mercado que, aún en crisis, busco con éxito una salida. No es fácil recortar la realidad. No sería apropiado hacerlo también en esta oportunidad a la hora de analizar justamente la realidad mediática de nuestro país, desvinculando la dinámica y naturaleza de grupos económicos, entre los que se ubican los medios de comunicación, que pujan por mayores niveles de apropiación del capital. Tampoco debemos desconocer el papel que en las sociedades vienen asumiendo los grupos oligopólicos o monopólicos mediáticos, como verdaderas usinas ideológicas donde la manipulación deviene en la principal herramienta para legitimar consensos en torno a modelos económicos funcionales a sus intereses. Así de sencillo y de complejo.
En el capitalismo – sistema en el cual se encuentra inserto nuestro país con Macri y sin Macri – observamos la articulación entre esferas globales financieras y productivas con las tecnologías de la Información y de la comunicación. Y de cómo a partir de los cruces entre áreas como la audiovisual, la informática y las telecomunicaciones se ha ido conformado uno de los pilares más estratégicos de la integración económica, política, ideológica y cultural del imperialismo.
Vuelve la mula al trigo
Hoy, la experiencia ha demostrado otra vez que ya no se trata sólo de contar con medios alternativos, más allá del inmenso aporte que hacen a la democracia informativa, ni con normas que únicamente limiten la propiedad de los medios. En épocas de restauración conservadora es imperativo volver a definir colectivamente nuestro modelo político-cultural porque, como dijimos al comienzo de este artículo, no hay orden político nuevo sin un nuevo modo de comunicar. Y no habrá ambas cosas sino vemos el hueso del problema: La inequitativa distribución de la riqueza, lo que sitúa a la lucha por la democracia comunicacional en su verdadera dimensión y naturaleza.
(*) Lidia Fagale, periodista/Secretaria General de UTPBA/colaboradora de Tesis 11
[i]Para ampliar este tema, https://www.tesis11.org.ar/argentina-un-escenario-cruzado-por-la-disputa-del-capital-y-la-hegemonia-cultural/fagale, lidia
[ii]http://www.telesurtv.net/bloggers/Cartografia-de-la-lucha-de-clases-en-America-Latina-y-el-Caribe-Posneoliberalismo-vs.-Capitalismo-offshore-20160913-0003.html/