Modelo y política laboral

Compartir:
 Hernán Martínez*

“Sólo una propuesta nacional-popular-laborista, cuya columna vertebral la constituye la clase trabajadora organizada y la voluntad política transformadora del gobierno nacional, pudo sustentar alianzas sociales y políticas, lo suficientemente fuertes y bastas, para hacer frente a la coalición de intereses que se oponen al modelo.”

Un análisis de lo conseguido desde el 2003, señalando lo que falta

A partir del 25 de mayo de 2003 el modelo político, económico, social y cultural ha cambiado en la Argentina.

El proyecto nacional-popular-laborista, ha logrado frenar la ofensiva conservadora-reaccionaria y promover un sentido histórico distinto al impuesto por el proyecto neoliberal en la década del 90, sustentado en nuevas alianzas sociales y políticas, en donde el movimiento obrero adquiere centralidad y protagonismo, pasando a ser nuevamente un actor decisivo en las transformaciones nacionales. ¿Por qué definimos al modelo como nacional, popular y laborista?

El modelo es nacional: porque encarna la lucha por un programa de desarrollo nacional integrado, de matriz productiva diversificada e inclusión social, que busca promover a las economías regionales, industrializar el país de manera homogénea, incorporar conocimiento tecnológico y científico argentino al proceso productivo y terminar con la desigualdad histórica de las dos argentinas, una rica y opulenta, la otra pobre y postergada. Una nación integrada, requiere de la voluntad política necesaria para impulsar, sostener y consolidar un proyecto nacional integrador.

El modelo es popular: porque sus destinatarios y protagonistas son los sectores populares, entendiendo por tales a los trabajadores, las clases medias, los cuentapropistas, los pequeños y medianos empresarios, los intelectuales, las minorías sexuales, étnicas, y todos aquellos sectores cuyos intereses se identifican con la necesidad de construir y ampliar la ciudadanía social, conquistando derechos, promoviendo igualdad de oportunidades y equidad de resultados para todos.

El modelo es laborista: porque en el centro de sus preocupaciones está la expansión y consolidación del trabajo decente, de carácter estable, registrado, con cobertura social-previsional y productivo. Se trata de la expansión y consolidación de una sociedad del trabajo que de sostén material al protagonismo del actor político y social privilegiado de la misma: la clase obrera organizada en sindicatos, la cual fue adquiriendo una importante centralidad política en el proceso de sostén, consolidación y profundización del modelo planteado.

Sólo una propuesta nacional-popular-laborista, cuya columna vertebral la constituye la clase trabajadora organizada y la voluntad política transformadora del gobierno nacional, pudo sustentar alianzas sociales y políticas, lo suficientemente fuertes y bastas, para hacer frente a la coalición de intereses que se oponen al modelo.

Pero en estos años no todo fue resistencia a los intentos de restauración del modelo neoliberal, la construcción positiva de una nueva argentina se manifestó en el conjunto de transformaciones en marcha o ya concluidas, dentro del marco de desarrollo y defensa del actual modelo político, económico, social y cultural.

Las áreas gubernamentales de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por primera vez fueron articuladas en un sentido estratégico, el de imponer una política de inclusión socio-laboral dinamizada por el fortalecimiento de la participación de actores institucionales concretos: sindicatos, movimientos sociales, cooperativas de trabajo, empresas recuperadas y otras formas asociativas de la sociedad civil y el poder popular. Se trata de un capítulo de la reconstrucción del estado argentino en su relación con los sujetos sociales, en donde el gobierno que conduce, gestiona y  administraba a dicho estado, no decodifica el conflicto socio-laboral en clave de “desorden público”, sino en su potencialidad de interpelación al statu quo que se pretende transformar. De esta manera el conflicto no es un desorden, sino una manifestación de descontento social y laboral que alerta al gobierno sobre las situaciones críticas a ser abordadas y resueltas, se transforma de esta manera y a través de la política, en un aliado, y deja de ser una “anomalía” a ser extirpada.

En el contexto de esta lectura, entiendo deben ser leídas algunas de las medidas que a continuación se enumeran, y que fueron bandera, programa y acción de las áreas de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ya hayan sido responsabilidad del ministerio respectivo que las tutela o de la articulación y cooperación interministerial:

La reapertura de las negociaciones paritarias obrero-patronales, recuperando el estado su condición de árbitro del conflicto socio-laboral y de inductor en el sostenimiento del salario real; la fijación mediante sucesivos ajustes del salario mínimo vital y móvil, situándolo como remuneración testigo en las negociaciones salariales; el impulso de nuevas leyes regulatorias laborales para el personal doméstico, los trabajadores a domicilio, los trabajadores rurales y tele-trabajadores, siendo todos ellos colectivos laborales especialmente vulnerables; la derogación de la llamada “Ley Banelco” de reforma y flexibilización laboral; la intensificación de la fiscalización y combate del trabajo no registrado y del trabajo esclavo (reducción a la servidumbre) en los ámbitos rurales y urbanos; modificación de la ley de quiebras para que los trabajadores de las empresas quebradas tengan un lugar de preferencia entre los acreedores y estén habilitados para adquirirlas y mantenerlas funcionando; la ley de movilidad previsional, con un sistema de ajuste automático semestral de jubilaciones y pensiones; la inclusión en el sistema previsional de más de 2.400.000 personas que habían quedado sin ninguna cobertura; el monotributo social, que permite un facilitado acceso a la economía en blanco y las prestaciones sociales de los trabajadores autónomos e informales; el ingreso universal por hijo, que está superando los 3 millones de beneficiarios, ligando el ingreso y su percepción, a un plan preventivo de salud y a la inserción permanente de los niños en el sistema escolar; la puesta en marcha del programa de inclusión social, “Argentina Trabaja”, con la creación de los primeros 100 mil puestos de trabajo para la iniciación del mismo, a través de la formación de cooperativas de prestación de servicios y producción de bienes, atacando los núcleos duros de la desocupación y la exclusión  socio-laboral-territorial; el programa “Jóvenes con más y mejor trabajo”, que subsidia a nuestros jóvenes para garantizar su terminalidad educativa y mejorar sus niveles de empleabilidad para su ingreso en el mercado de trabajo, el cual ya ha alcanzado los 200.000 beneficiarios. Extender la enumeración de lo realizado excede con creces los límites materiales de este artículo.

Pero todas estas acciones del gobierno no podrían ser auténticamente valoradas sino diéramos cuenta de tres factores concurrentes: la voluntad política transformadora del ejecutivo nacional, el apoyo del  movimiento obrero organizado y  el perfil del funcionario que pudo y supo interpretar esta siempre problemática relación.

La voluntad política transformadora del gobierno 2003-2011, ya sea encarnada en Néstor Kirchner, como en Cristina Fernández de Kirchner, se ha visto más que concretizada en lo que podríamos denominar sus ejes básicos: inclusión social, ampliación de ciudadanía, crecimiento económico y autonomía nacional. Su percepción no admite fisuras de interpretación.

El apoyo del movimiento obrero al modelo mostró diversas aristas, que van desde la capacidad de movilización política con base socio-laboral, en el apoyo explícito a las acciones gubernamentales, hasta la responsabilidad demostrada en las negociaciones paritarias, donde se logro compatibilizar los intereses sectoriales legítimamente representados por los sindicatos, con las necesidades de crecimiento económico, inversión y estabilidad relativa de precios del conjunto de la economía. En el primer sentido, quisiera resaltar que en el momento de mayor acoso político, ideológico y material  hacia el gobierno nacional, durante los conflictos suscitados por el debate parlamentario entorno a la resolución 125, la posición de los sectores nacional-populares enrolados, tanto en la  CGT, como en la CTA, definieron una clara postura de alineamiento en la defensa de los logros del modelo.

Por último, otro factor a mi entender destacado en la correcta y eficaz implementación de la voluntad transformadora del gobierno nacional en el mundo del trabajo, ha sido la elección del Ministro del área.
Carlos Tomada, no es un recién llegado al complejo mundo de las relaciones laborales del trabajo. Abogado laboralista destacado, asesor legal de sindicatos, militante peronista consustanciado con las posturas de interpelación política e ideológica al modelo neoliberal, son roles y posturas que lo definen en su perfil personal.
Este perfil lo habilitaba y lo habilita, a ejercer la lectura de “lo laboral”, y más específicamente, de “lo sindical”, desde una experiencia, que afincada en el conocimiento “desde adentro” del sindicalismo, sin embargo ha podido construirse desde la autonomía de “lo político” con respecto a las estructuras sindicales. Esto le ha permitido tener una lectura del conflicto socio-laboral que no ha quedado sesgada sectorialmente, pero tampoco teñida de un antisindicalismo “progresista”. De esta manera desde el Ministerio de Trabajo se han podido construir los soportes necesarios para poder ejercer adecuadamente la función de mediación o arbitraje de estado en las relaciones socio-laborales asimétricas entre patrones y trabajadores.

Párrafo a parte merece la amplitud ideológica que ha acompañado al Ministro Tomada en la elección de sus colaboradores. Desde el año 2004, hasta su fallecimiento reciente en el transcurso de este año, ha contado con el asesoramiento de Julio Godio, quien ha sido el intelectual orgánico -de pensamiento marxista- más destacado de la clase obrera argentina en los últimos 40 años. Luego de la caída del muro de Berlín y de la posterior avalancha neoliberal mundial, uno de los planteos centrales de Godio ha sido esta suerte de disputa global (política e ideológica-cultural), que se está desarrollando en el seno del sistema capitalista, entre el modelo de “sociedad de mercado” y el de “sociedad del trabajo”. La Argentina no ha sido ajena a la misma, antes bien fue uno de sus escenarios privilegiados y de mayor polarización. Aún hoy, lejos de haberse retirado de los frentes de lucha que supo sostener, el modelo neoliberal de los 90 anida en los pliegues y repliegues del sistema capitalista desde donde da batalla al modelo de distribución e inclusión. Esto se manifiesta en procesos, resultados y cifras. Sobre finales del año 2010 el trabajo no registrado del empleo urbano en la argentina se situaba en el 37,8%, se ampliaba al menos al 70% en el empleo rural y promediaba el 40% si se ponderaban ambos a nivel nacional. Estas cifras contenían realidades más extremas con picos de empleo urbano no registrado de 53,8% en Chaco, 46,3% en San Luis, 46,8% en Salta y el 40,7% en el conurbano. Dado que los trabajadores “en negro” o no registrados cobran -por lo general y en promedio- un 30% menos de salario que los registrados, su situación de precariedad impacta directamente sobre los niveles de pobreza y aún de indigencia. En su blog (rambletamble.blogspot.com), Artemio López expresó: “Llegamos a un núcleo duro de pobreza e indigencia (20% y 5%, respectivamente) que no cederá sólo con políticas sociales”. Y agregó con respecto a la falta o limitaciones a la movilidad social ascendente “es producto del tipo de trabajo, con salarios informales que son bajos, por lo que la gente puede estar ocupada, pero ser pobre”. Según estimaciones propias y confiables, la Consultora X (Artemio López) ha situado a diciembre de 2010 la pobreza por ingreso en el 20.7% de la PEA y el porcentaje de la misma en riesgo alto de caer en dicha categorización en un 30,4% más, totalizando un poco más del 50% de la PEA como pobre o en riesgo probable de serlo. Desde el lado del CIFRA (Centro de Investigación y Formación), que dirige Eduardo Basualdo, si sitúa la pobreza por ingreso -para la misma fecha-, en el 22,9% y la indigencia en el 6,1%. Estas verdaderas trincheras de la pobreza y la indigencia están afincadas en la informalidad, la precarización y la baja calidad del empleo, requiriendo una profundización de las políticas laborales inclusivas. También podemos mencionar a la modernización de las relaciones laborales en los municipios, como uno de los temas principales de la agenda laboral, todavía no resuelto y a ser abordado por la administración del trabajo en lo inmediato. Esta agenda modernizadora demanda temas básicos como: cumplimiento de los convenios internacionales 151 y 154 de la OIT, en cuanto a las negociaciones colectivas de trabajo en el sector público municipal, fin de los estatutos flexibilizadotes de la carrera administrativa y el empleo público, estabilidad en el empleo con reducción drástica o desaparición de los contrato precarios y las tercerizaciones de servicios, jurisdicción de la justicia del trabajo, así como otras demandas que tienden a instalar pisos básicos de justicia laboral en los municipios argentinos y sustraerlos de la feudalización a la cual están sometidos. Esta situación de incumplimiento en los convenios internacionales aludidos se extiende también a los trabajadores judiciales, tanto de la justicia federal, la provincial y como de la ciudad autónoma de buenos aires.

Atendiendo al análisis de los blancos y los negros del modelo laboral del gobierno que fueron materia de estas líneas, creo oportuno y pertinente utilizar unos breves conceptos que me fueran remitidos por Gerardo Codina -un estrecho colaborador de Julio Godio en sus últimos años-, los cuales además de convertirse en un adecuado epílogo de este  artículo, dan síntesis a la definición política futura de los tiempos por venir:
“A medida que se afianza nuestro modelo de sociedad de trabajo, recobra centralidad el movimiento obrero organizado. La multiplicidad de actores sociales heterogéneos que conformaban el sujeto político popular, convergiendo en la necesidad de un cambio, va cediendo paso al colectivo de los trabajadores asalariados que realizan su vida económica en una sociedad de derecho que los protege. Afianzar en el seno del movimiento sindical la inteligencia de sus intereses estratégicos indisolublemente unidos al sostenimiento en el tiempo de la sociedad de trabajo y, al mismo tiempo, hacerlo parte vital del proceso democratizante que atraviesa toda la sociedad, es una tarea para la que nos sentimos particularmente convocados”.

* Hernán Martínez, es Coordinador de la Subcomisión de Relaciones Internacionales de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM), no obstante las opiniones vertidas en el artículo son a título personal.
 

 

Deja un comentario