Gerardo Codina*
El cuarto ciclo del Presupuesto Participativo en la CABA representa una nueva oportunidad de ampliar los desdibujados horizontes de la democracia representativa con la creatividad instituyente de la participación de los vecinos y la posibilidad de influir en las decisiones sobre las futuras políticas públicas de la ciudad.
En abril comenzó el nuevo ciclo del Presupuesto Participativo (PP) porteño. Por cuarto año consecutivo, quienes viven, trabajan o estudian en la ciudad podrán hacer oír sus opiniones sobre los problemas que deben resolverse en cada barrio y proponer soluciones, para que el Gobierno las incorpore a sus planes de acción. La primera instancia, la de los Foros Promotores conformados en cada Centro de Gestión y Participación (CGP) en los que se divide la ciudad (dieciséis en total), ya comenzó a trabajar. En mayo será el tiempo de las Asambleas Barriales y sus Comisiones Temáticas, en las que los vecinos elaborarán sus proyectos.
Como mecanismo de integración directa de los ciudadanos al proceso de toma de decisión sobre las acciones y programas de gobierno, el PP tuvo nacimiento en Porto Alegre a fines de los ochenta, a instancias del PT. Se trataba allí de sustentar, por medio de la movilización y la participación ciudadana, un programa de redistribución del gasto público en favor de los sectores más postergados. En este sentido, como afirma Claudio Lozano “El Presupuesto Participativo, que incluye las demandas y necesidades de la comunidad como criterio de construcción de la matriz presupuestaria, demuestra que la organización y participación comunitaria pueden incidir en la dirección de la economía y en la asignación de los recursos.”
Con el tiempo y gracias a los sucesivos aprendizajes que posibilitó, se evidenció además como una estrategia útil para afrontar la tendencia a la deslegitimación de las instituciones de la democracia representativa, aproximando gobierno y ciudadanos, al favorecer el desarrollo de consensos comunitarios como sustento de las decisiones centrales para el interés público.
Quienes tomaron la iniciativa en Porto Alegre, reflexionaban en un horizonte mundial en el que los paradigmas emancipatorios de toda una época se derrumbaban, al tiempo que se afianzaba en nuestro continente la vigencia de la democracia, duramente recuperada después de décadas de gobiernos autoritarios (como fue puntualmente el caso brasileño).
La democracia representativa siempre mereció una mirada crítica desde la izquierda que, en el extremo, repudia la igualdad abstracta que supone en el contexto del capitalismo. El diferencial de recursos que separa a las clases sociales no desaparece por la regla de un hombre, un voto, sino que los poderosos (ahora camuflados con el eufemismo de los mercados) votan de diferentes modos cada día. Esta circunstancia, en tiempos de la globalización productiva y financiera, se ha hecho cada vez más marcada y países enteros sufren sus consecuencias.
Pero al mismo tiempo y sobre todo en sociedades como las nuestras, cuyos pueblos padecieron largo tiempo las consecuencias de la pérdida del estado de derecho y de la imposición de los poderes de facto, la democracia significa lo oportunidad del acceso a la política de las mayorías, sin poner en riesgo la vida o la libertad. Como señala Tarso Genro, la participación limitada a la expresión electoral periódica que supone la democracia representativa, plantea entonces a las fuerzas populares la obligación de pensar “en nuevas y creativas formas de influir en el poder, para tornarlo siempre más democrático (…) democratizar radicalmente la democracia (creando) mecanismos para que se corresponda con los intereses de las amplias mayorías de la población y de crear instituciones nuevas, por la reforma o por la ruptura, que posibiliten que las decisiones sobre el futuro sean decisiones siempre compartidas.” El Presupuesto Participativo se inscribe en esa lógica.
Integrarse al diseño e implementación de las políticas públicas presupone varios cambios en los ciudadanos y en los agentes de gobierno. Los primeros deben situarse en la perspectiva de buscar soluciones factibles a los problemas, reconociendo las restricciones realmente existentes y diferenciándolas de los intereses contrapuestos que se expresan en cada conflicto, al tiempo que adquieren competencias sobre el funcionamiento del aparato estatal y el manejo de los recursos públicos. En ese sentido, el ejercicio que propone el Presupuesto Participativo supone una transferencia de capital cultural, además de un refuerzo de los entramados comunitarios, que dota de mayores capacidades a los más desfavorecidos.
Por el lado de los agentes de gobierno, la planificación participativa de la gestión pública (que es lo que se pone en juego en el PP) demanda dejar atrás las prácticas de ordenamiento vertical y centralizado que nutren a las maquinarias burocráticas que conforman el aparato del estado, dotadas de fuertes culturas organizacionales autoritarias. Los paradigmas del monopolio del saber técnico y de la discrecionalidad del decisor político, que compiten mutuamente en el interior de las agencias públicas, deben resignificarse en el diálogo con los ciudadanos comunes, que postulan iniciativas desde la convivencia cotidiana con las dificultades que se deben superar y con la capacidad política de sintetizar las diferentes visiones, articulando los intereses que no son contradictorios. En esa capacidad política, una habilidad no siempre presente, reside la potencialidad del PP de resolver, al menos parcialmente, la deslegitimación del sistema político a favor de una mayor integración de las instituciones y la ciudadanía.
Por lo demás, el compromiso participativo de los ciudadanos se sostiene en la confianza de que la intervención redundará en resultados; más concretos y perceptibles cuanto menos sofisticados sean los públicos. Como en el PP se planifica hoy lo que se hará el próximo año, si se verifican las previsiones realizadas, la expectativa favorable a ver satisfecho el reclamo presentado, debe además soportar la prueba del tiempo. Todas estas exigencias no son condiciones de posibilidad de un proceso participativo, porque la mayoría de quienes se integran al principio, lo hacen en la certeza que habitando el espacio, lo van construyendo y dándole efectividad. Pero indican que la participación requiere de comprobaciones fácticas en el tiempo. Un dato central en ese sentido es el nivel de compromiso que asume la conducción política del Estado.
Todos estos cambios en la cultura política de una comunidad son posibles de lograrse y sostenerse en la medida que exista una fuerza política que intermedie entre el Estado y la ciudadanía, realizando la pedagogía de la participación que es requerida, al tiempo que le da impulso desde la conducción del aparato del Estado. En la experiencia brasileña esa fuerza fue y es el PT.
En nuestra ciudad el recorrido fue diferente. Con la sociedad todavía movilizada y en plena efervescencia, a pocos meses de la irrupción masiva del pueblo el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Gobierno porteño decidió abrir este nuevo espacio de participación. Le salía al encuentro a la demanda de transparencia y de sujeción a la voluntad popular de las decisiones gubernamentales, en un entorno de fuerte crisis del conjunto de las instituciones de la democracia representativa.
En su cuarto año de vigencia es un mecanismo maduro que anticipa la gestión local en manos de las futuras Comunas porteñas, cuya ley de creación se discute ahora en particular en la Legislatura. El paso dado el año pasado de asignar un fondo específico para obras barriales, duplicado para la edición 2005, acercó a los vecinos a la práctica directa de distribuir recursos entre diferentes prioridades. Aun así debe recorrerse un trecho significativo antes que se afiance como institución participativa.
El tamaño de la población residente y de la que aquí trabaja o estudia, hace que los procesos que requieren de la integración comunitaria, como es el caso del PP, tropiecen con el obstáculo de la fragmentación urbana, que se sobrepone a la fragmentación social que también padecemos. Esas barreras serían más sencillas de traspasarse si hubiera fuerzas políticas y sociales organizadas que asumieran la tarea de formar y movilizar la participación vecinal. Sin embargo, salvo la excepción de la CTA, no se registran en nuestra experiencia otras organizaciones que asuman esta tarea.
El PP tiene este año una oportunidad de consolidarse. Su reglamento habilita ahora una selección de prioridades presupuestarias por medio de una votación extendida, abierta a todos los empadronados en la Ciudad, que se realizará en cada CGP. Esto posibilitará a decenas de miles conocer los proyectos elaborados en el proceso del PP y decidir con su voto cuáles deberá ejecutar el Gobierno. Así, en la medida que sea habitado por muchos más vecinos, los compromisos que allí asuma la Administración serán más fuertes, al tiempo que más actores políticos encontrarán nuevos incentivos para ocuparse del PP.
*Gerardo Codina, psicólogo, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.