Historia y cine. Cuando el poder perdió el juicio[1]

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Revista Nº 154 (07/2023)

(arte/cine/política)

Valentín Golzman*

Este artículo pone su mirada en el documental El Juicio, Ulises de la Orden (2023), que se estrenó con diferencia de unos pocos meses al ficcional Argentina:1985, Santiago Mitre (2022).

Este artículo pone su mirada en el documental El Juicio, Ulises de la Orden (2023) que se estrenó con diferencia de unos pocos meses al ficcional Argentina:1985, Santiago Mitre (2022). Ambos son films esenciales. Bajo sus distintas formas constituyen un acto político y social de alto voltaje dado que representan uno de los hechos criminales más aberrantes de nuestra historia: ponen en imágenes y sonido aspectos de la forma en la que, en momentos en los que aún se escuchaba el tronar de las marchas militares de la feroz dictadura cívico militar que asoló al país entre 1976 y 1983, un tribunal civil[1] juzgó y condenó a los jefes de las tres Juntas Militares que gobernaron durante ese período.

Lo primero a destacar al analizar El Juicio, es el extraordinario y lúcido trabajo de montaje y edición que realizó el equipo dirigido por Ulises de la Orden que, en las tres horas que dura el film logró ofrecer, sin agregar un solo minuto al material fílmico original, una visión plena del juicio a partir de una inteligente selección del material en bruto que ATC filmó durante las 530 horas que duró el juzgamiento. La estrategia del director –dividir el film en 12 partes, cada una de las cuales representa una temática- al tiempo que permitió profundizar en los distintos aspectos del juicio- habilitó una ágil visualización del documental, evitando que se transforme en una lineal exposición de hechos. Cabe señalar que la totalidad de los registros de ATC se realizó en la sala del tribunal, que no hay tomas en exteriores y que las voces del fiscal, los jueces, los acusados y sus abogados operan a modo de una obra coral.

El documental destaca los testimonios de quienes soportaron las acciones criminales realizadas por las fuerzas armadas, al tiempo que registra situaciones complejas tales como los momentos en los que los culpables y sus abogados no aceptan la autoridad del tribunal, afirman que han ganado una guerra patriótica y en ocasiones sonríen con arrogancia, tal el caso de Massera. Pero hace centro –es sin dudas su eje- en los testimonios de las víctimas, sus familiares y de los testigos. Las historias de vida y muerte que se van desgranando con el avance de la exposición, incluyen asesinatos, secuestros, violaciones, robo de niños, saqueos, torturas y vuelos de la muerte, todo un catálogo de horror.

Buena parte del clima tenso que campea durante el juicio -captado durante la filmación- tiene su base en el contexto en el que este se realizó: durante el gobierno de Alfonsín no cesaron los cuartelazos que hicieron visible la forma en que la joven democracia mostraba signos de fragilidad. Baste señalar que en 1988 los jueces llevaron en custodia las filmaciones a Oslo, por temor a que un golpe militar las destruyera. 

El juicio es oral y con presencia de público- y el film captura las reacciones de los asistentes, entre quienes destacan las Madres de Plaza de Mayo. En algunos momentos los presentes aplauden, en especial las palabras de la fiscalía; en otros abuchean ruidosamente e incluso se retiran del recinto cuando los represores afirman que no hubo desde ellos acciones ilegales y que solo la Historia los debe juzgar.

La lectura de las condenas –que se aplicaron con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia- y las palabras con las que el fiscal Strassera cierra su dictamen, reiteran el título de la investigación realizada por la CONADEP: NUNCA MAS.

Nos parece pertinente cerrar este breve comentario con algunas cuestiones que si bien no están registradas en la filmación de ATC tienen directa vinculación con el Juicio: constituyen el trasfondo sobre el cual este se realizó. Previamente a su comienzo, tanto el fiscal como algunos de los jueces recibieron llamadas telefónicas amenazantes y presiones de un sector de derecha del gobierno de Alfonsín que coincidían en “sugerirles”  llegar a un acuerdo con los integrantes de las Juntas: en lugar del enjuiciamiento los militares reconocerían sus responsabilidades en la represión de derechos humanos, con la condición de no ser juzgados. El propio Alfonsín –como ya dijimos, promotor de las leyes que meses antes habilitaron el juzgamiento de los miembros de las Juntas- tres días antes del comienzo del Juicio propuso a los jueces suspender las acciones judiciales a cambio de que la Primera Junta Militar se declarase culpable. Frente a esas presiones que buscaban frenar el Juicio, destaca la firme actitud de los jueces y de la fiscalía: en forma unánime decidieron hacer caso omiso a propuestas de ese tenor.[2][2] Para mayor información sobre el tema, leer: El juicio que no se vio. Una mirada testimonial sobre el juicio a las Juntas Militares. Pablo Llonto, Ediciones Continente, 2015.

*Valentin Golzman, ingeniero, historiador, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.


[1] Nos hemos permitido titular el análisis del documental El Juicio con el título del libro escrito por Luis Moreno Ocampo: Capital Intelectual, (2022).

[2] Si bien originariamente la ley dictada a instancias del gobierno de Raúl Alfonsín determinaba que los militares debían comparecer para su juzgamiento frente a Tribunales Militares, ante la inercia de los mismos y pasado más de un año sin ninguna sentencia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal tomo a su cargo el juzgamiento, de acuerdo a las leyes vigentes sobre la cuestión.

[3] Para mayor información sobre el tema, leer: El juicio que no se vio. Una mirada testimonial sobre el juicio a las Juntas Militares. Pablo Llonto, Ediciones Continente, 2015. 

Nota: Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente coinciden con la opinión del Consejo Editorial de Tesis 11.

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