El proceder desplegado por el gobierno de CABA con motivo de la toma de escuelas por parte de los estudiantes de nivel secundario, conforma un precedente de gravedad institucional.
Es indicativo de una concepción política y de un modo de ejercerla que, aplicada desde el gobierno, pone en riesgo la democracia y enturbia la convivencia misma entre argentinos. Esta aprehensión es tanto más justificada cuando además de su intrínseca gravedad, se lo practica en una época de expansión de actos y discursos violentos, cargados de odio y de raigambre fascista como los que pululan en esta era de indudable decadencia y crisis del neoliberalismo. Pareciera que en los hechos, a Horacio Rodríguez Larreta y su ministra Soledad Acuña no les preocupa demasiado emularlos. Tienen además el respaldo de Juntos por el Cambio y de los libertarios y el beneplácito de las corporaciones mediáticas.
Las tomas, por demás pacíficas y resueltas en asambleas, fue consecuencia de reiterados y desoídos reclamos que desde hace meses se le hacen al Ministerio de Educación, reclamos con los que se pretendía llamar a un diálogo real y resolutivo frente a problemas que ponen en riesgo la salud y la integridad física y psicológica del alumnado, de otros que desvirtúan el tiempo dedicado al aprendizaje y los derivados de la sistemática reducción y subejecución presupuestaria, hechos que se traducen en horas de clase perdidas por falta de docentes, en las 30.000 vacantes que faltan y de escuelas que a la derecha ni se le ocurre que hay que construir. Hablamos de escuelas y de educación públicas, ámbito al que por lo general concurren los hijos de los económicamente menos favorecidos y que por lo visto la derecha desprecia y si pudiera, las haría desaparecer.
Respecto a los reclamos citamos, a título de ejemplo, los que van asociados a viandas insuficientes y en mal estado, una infraestructura edilicia peligrosamente deteriorada y a veces escasa y la queja por la imposición, contraria a la Constitución y la ley, de prácticas laborales obligatorias y no remuneradas, símil de empleos precarios, sin respaldo de seguridad laboral alguno yen favor de los empresarios. Para peor,con contenidos (lavado de pisos, de baños y platos, servicio de café, etc)sin vinculación alguna con lo que es la temática objeto del estudio. Verdadero remedo de la esclavitud.
Como única respuesta el gobierno de la Ciudad desató una feroz campaña de persecución política y criminalización contra docentes, estudiantes y familias, campaña rodeada de un discurso marketinero propio de quien desde las alturas denuesta a un enemigo en plena campaña electoral, sin pronunciar ni una sola vez, ni siquiera a título de referencia, los problemas reales y tangibles que despertaron la protesta. Amedrentamiento que incluye, además, imponer a los padres sanciones pecuniarias millonarias ilegales, con el pretexto de presuntos daños – que no existen – y por pérdida de días de clase.
Se recurrió a la policía de la Ciudad para recabar datos a los menores y luego yendo de noche en patrulleros a las casas de las familias para entregar citaciones judiciales, escenificando así un proceder propio de causas por delitos penales. Otros, llegados en motos con las patentes tapadas, que bajados de sus vehículos, se dedicaron a sacar fotos. O desconocidos que se negaron a identificarse y que haciéndose pasar por funcionarios, pretendían obtener datos de los estudiantes o que, ingresando a los establecimientos, cortaron la electricidad.
Prototipos de inteligencia ilegal que ya mereció su denuncia ante la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación.
Como contraste vale resaltar la actitud colectiva, racional y meditada de los estudiantes, respaldados por sus padres y docentes: auténtica muestra de construcción de ciudadanía y de una democracia de calidad superior porque resulta del involucramiento de los afectados en la elaboración de proyectos para la solución de problemas que los aquejan como comunidad.
Analizado con cuidado las diferencias entre el accionar de unos y otros, el de las autoridades del gobierno citadino, por un lado, y el de la comunidad educativa, por el otro, es notorio que expresan la disputa entre los dos modelos o proyectos de país, de sociedad, que tipifican el presente. Uno, el asentado en el poder real, el de minorías concentradoras de ingresos y riqueza, el del proyecto neoliberal, en crisis, que no termina de morir y otro que, por oposición y a los tumbos, con avances y retrocesos, que cursa un sendero destinado a incluir a las mayorías, a convalidar sus aspiraciones en derechos institucionalmente consagrados, pero que aún no termina de afianzarse después de nacer.
Es una disputa que, para que se resuelva en favor de los intereses de las mayorías, se requiere que éstas terminen de construir un contrapoder conformado por las organizaciones del campo popular y aglutinadas en torno a un nervio central que los amalgame, impulse y movilice: la conciencia de sus intereses fundamentales frente a los de un poder a doblegar y cristalizada en un programa alternativo elaborado en común, convencidos de lo que en esencia está en juego y de cuál es el camino a transitar. Conciencia que sólo se va adquiriendo con la lucha cotidiana tras reivindicaciones legítimas y necesarias, dirigida a conservar derechos y alcanzar la consolidación de otros por ganar. Lucha que, para que no quede en lo meramente reivindicativo, requiere de su asociación al debate ideológico y cultural, la que paso a paso va configurando, con el aprendizaje y la experiencia, nuevos valores y un nuevo sentido común, uno de contenido popular. Con este mismo espíritu, las distintas organizaciones del campo popular, en toda su diversidad, deben sentirse convocadas a pronunciarse en respaldo de la educación y la escuela públicas, porque su vigorosa existencia es una necesidad del pueblo y es, por tanto, un derecho, con la misma jerarquía que la alimentación, la salud, la vivienda y un ingreso que posibilite una vida digna. Que la comunidad educativa toda perciba el fraterno abrazo de todo el pueblo.
Tesis 11.