Por Claudo Esteban Ponce – Historiador
Los pueblos originarios del continente americano sufrieron la misma violencia y el mismo exterminio desde Alaska a Tierra del Fuego. De una forma o de otra, todas las culturas padecieron la eliminación física de la mayoría de las personas que integraban cada una de las comunidades indígenas. La persecución seguida de muerte en la colonización anglo-francesa, la caza de esclavos en la portuguesa, y la explotación extrema hasta su muerte en la colonización española. Sin haber dañado a otras culturas, sin comprender demasiado lo que sucedía, los pueblos de toda América padecieron la brutalidad del capitalismo imperialista europeo desde hace más de cinco siglos hasta el presente. La historia evidenció el ocultamiento de las culturas pre-colombinas para imponer la forma de vida europea basada en el individualismo y la economía de mercado. Durante estos últimos quinientos años, desde el choque cultural entre Europa y América, solo fue resistencia con el mínimo objetivo de lograr la supervivencia, aunque sea de pocos. Los movimientos independentistas del siglo XIX, aquellos que prometieron igualdad de derechos para todos aquellos que lucharon por liberarse de los dominios externos, al poco tiempo de lograr la organización de sus nuevos Estados, se olvidaron nuevamente de los pueblos originarios del continente. Otra vez, los verdaderos dueños de la tierra fueron marginados por los descendientes de sus antiguos invasores.
El siglo XXI, a pesar de los avances en materia de Derechos Humanos, no mostró demasiados cambios en el trato a los sobrevivientes de los pueblos originarios. En América Latina persistieron los conflictos con ellos en la mayoría de los países del continente. Más allá de haberlos corrido a tierras aisladas y haberlos reducidos a la vida en “reservaciones” como si esto hubiese sido tenerlos en consideración, aun así, después de un tiempo, continuaron quitándole sus tierras que en algunos casos solo tenía por objeto beneficiar intereses extranjeros en perjuicio de lo nacional. En los últimos años, el maltrato a los indígenas se radicalizó en Chile y Argentina. En este último país, gobernado entre los años 2015 y 2019 por la “derecha macrista”, se llevaron a cabo en el sur argentino una serie de acciones represivas contra las comunidades Mapuches sin motivo aparente. El objetivo de estas provocaciones tuvo múltiples causas, todas y cada una de ellas a los efectos de favorecer los intereses de los terratenientes extranjeros. El gobierno del presidente Macri, y la gestión de su peculiar ministra de seguridad, planearon una serie de acciones represivas para instalar la idea de un enemigo interno inexistente, y de esta forma justificar la apropiación indebida de extensos territorios sea para inversores externos, sea para que queden en manos de los “amiguitos” del presidente Macri. Estas prácticas contaron con el apoyo mediático y generaron graves consecuencias, entre ellas la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el sanguinario asesinato de Rafael Nahuel, ambos casos aún no resueltos. El desprecio de las clases dominantes quedó en evidencia con estos hechos en los cuales el Estado fue el responsable directo y el culpable de dicha violencia institucional.
En lo que refiere a la República de Chile, hoy más directamente implicada en la violencia racista contra la etnia Mapuche, la represión y los crímenes contra los miembros de los pueblos originarios fue una práctica permanente y una hipótesis de conflicto constante desde Pinochet en adelante. El Estado chileno nunca reconoció derechos a los nativos de la Araucanía. Ni durante la trágica dictadura pinochetista, ni bajo la órbita de los gobiernos hipotéticamente democráticos sean estos de la derecha tradicional, de centro, o incluso de alianzas de izquierda cuyos proyectos siempre quedaron truncos. El segundo gobierno de Michelle Bachelet mantuvo la marginalidad de este pueblo y acordó con el presidente Macri la entrega del Lonko Jones Huala, lo que demostró la no consideración de la cultura en cuestión. La institucionalidad chilena tiene una deuda pendiente con sus pueblos originarios, una deuda en el tema del reconocimiento de sus tierras y el respeto a sus tradiciones. En los últimos meses, en simultaneidad con la represión a la totalidad del pueblo trasandino, se radicalizó aún más la persecución, el encarcelamiento y las condenas a los jefes de las comunidades indígenas. Ante la huelga de hambre de los presos Mapuches, las manifestaciones de sus compañeros por considerar injusto su encarcelamiento y que el mismo solo obedecía a cuestiones políticas, el gobierno de Piñera a través de su Ministro del Interior, Víctor Pérez, organizó a grupos de civiles de extrema derecha para que, con consignas racistas y al mejor estilo nazi, fueran a enfrentar las manifestaciones indígenas en la Araucanía. Los comuneros Mapuches que habían tomado municipios en protesta para pedir por los derechos a sus “presos políticos”, fueron desalojados por estos grupos fascistas que estuvieron apoyados por los carabineros para impedir el reclamo de una mayor justicia para los que fueron reprimidos, asesinados o encarcelados por el solo hecho de ser Mapuche. Frente al conflicto social iniciado el 18 de octubre de 2019, el presidente Piñera reaccionó con la represión de un supuesto “enemigo interno”. Con el tiempo, su “modus operandi” fue cambiando pero la violencia prosiguió. Su fracaso político fue evidente pero se mantuvo en la gestión solo por el claro apoyo del imperialismo estadounidense, de lo contrario ya hubiera tenido que renunciar. Frente a los reclamos en los derechos Mapuches, el Ministro del Interior antes mencionado, representando al presidente, respondió que el único camino era el enfrentamiento contra las comunidades del sur sin medir que sus palabras de odio dejaban poco margen para evitar una tragedia.
Los representantes de las comunidades mapuches denunciaron la posibilidad de una confrontación civil con inciertas consecuencias. Los organismos de Derechos Humanos de Chile denunciaron el peligro de utilizar población civil como fuerzas paramilitares para reprimir protestas sociales en el país, y la oposición política a la alianza que sostiene a Piñera pidió la intervención de las Naciones Unidas con observadores de la represión llevada a cabo por el gobierno, ya que la misma está fundada en la discriminación de las etnias originarias. Como sostuvo el reconocido periodista chileno Juan Pablo Cárdenas, “La Moneda le ha declarado la guerra al pueblo Mapuche”… (Nodal, 06/08/20).
La Administración Piñera, o con mayor precisión la derecha chilena, no solo fracasó en poner fin a la rebelión masiva desde el 18 de octubre, sino que sumó otra confrontación paralela en el marco de un descontrol social de alto riesgo. Si además de estos graves errores, su nueva idea fue convocar a grupos de civiles fanáticos para realizar prácticas nacional-socialistas, tal vez esté queriendo llegar al paroxismo del conflicto para justificar su accionar represivo poniendo al país en peligro de una guerra civil. Quizás el camino de liberación del pueblo de Chile se encuentre en la posibilidad de unir el accionar de los estudiantes, las mujeres, los trabajadores y los pueblos originarios, con el objeto de poder encauzar un nuevo Movimiento Nacional y Popular que termine para siempre con la opresión de una oligarquía tradicional de costumbres “feudo-vasalláticas”, pero de claras políticas identificadas con el capitalismo neoliberal imperialista. La Dignidad está en la lucha…