Argentina: las raíces del odio de clase

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Revista Tesis 11 Nº 137

Edición dedicada a América Latina

(argentina)

Claudio Ponce*

Los últimos tiempos de la Argentina estuvieron signados por muchas expresiones de grupos radicalizados, manifestando un odio de clase infundado y brutal. Aprovechando la oportunidad que les brindó el gobierno de Macri, sectores sociales de la derecha del país salieron al espacio público a gritar contra todo lo que asemeje ser popular y, fundamentalmente, contra todo lo que huela a “Peronismo”. ¿Dónde se encuentra la raíz de semejante resentimiento? ¿Cómo puede explicarse que, luego de padecer el genocidio más nefasto de la historia nacional, de resistir al Terrorismo de Estado que planificó sistemáticamente la desaparición física de personas, la tortura y el asesinato masivo, existan hoy argentinos que reivindiquen esa inmoralidad? ¿Dónde está el origen de tanto rencor? Indagar en la historia ayudará a entender el motivo de tanta inquina y discriminación de las elites dominantes hacia los sectores subalternos de la sociedad argentina. Una búsqueda que pueda explicar con mayor claridad el odio todavía presente y expresado por quienes adhieren, quizás sin saberlo, al neoliberalismo que hace posible una forma de “neo-nazismo” del siglo XXI.

La Historia Argentina nos enseñó un devenir dialéctico complejo y de muy profundos conflictos internos. Desde los primeros pasos como un país independiente del imperialismo español a principios del siglo XIX, el costo de las pretensiones de libertad fue siempre muy alto en sangre, traición e injusticia. La confrontación política permanente desde las luchas por la organización nacional entre federales y unitarios, en general no fue más que una disputa entre los caudillos populares que defendían la soberanía nacional, contra las oligarquías portuarias que peleaban por sus mezquinos intereses aún a costa de la entrega de la nación. La imposición de la clase dominante por medio de la violencia institucionalizada marcó el desarrollo de las luchas populares posteriores. A partir de la consolidación de un Régimen Oligárquico que hizo posible un orden conservador en lo social y político, unido a un liberalismo económico que posibilitó una profunda dependencia extranjera, los sectores populares quedaron marginados de un proyecto de país que solo buscó el bienestar de los pocos que creían ser los dueños de la Argentina. De allí en más, los sectores que quedaron marginados del Estado de derecho se vieron forzados a organizar sus luchas con el objeto de lograr acceder a la participación en las decisiones políticas del país. En medio de ese contexto finisecular, como forma de representación de los sectores medios urbanos, nacen los primeros desafíos concretos contra la clase dominante. La Unión Cívica Radical, que se originó como un partido político que buscó una mayor participación ciudadana que pusiera fin a la democracia restringida, se convirtió de la mano de Hipólito Yrigoyen, en el primer movimiento de características populares que enfrentó lisa y llanamente a la oligarquía gobernante. Sin tratar de suscitar una analogía con el destacado trabajo de José Pablo Feinmann sobre la violencia política en Argentina,[1] las luchas intestinas caracterizaron el desarrollo político en un país que desde su origen se pensó para pocos. Por este motivo, las demandas de los radicales fueron reprimidas durante muchos años hasta poder lograr ser gobierno desde 1916 a partir de la Ley Sáenz Peña sancionada en 1912. Esta ley, que no fue una “ley del sufragio universal” ya que las mujeres no votaban, fue el primer avance en una construcción de derechos democráticos que costaría mucha sangre y muchas vidas en los sectores subalternos de una sociedad que solo aspiraba a un mínimo de reconocimiento.

El radicalismo gobernó tres períodos presidenciales consecutivos. Los sectores conservadores de las minorías tradicionales se dedicaron a boicotear constantemente las acciones de gobierno, y a desestabilizar al propio sistema democrático en el cual no creían si no eran ellos quienes gobernaran. “Ellos”, “la gente de bien” que, a diferencia de la plebe sucia e ignorante, se mostraban como la única “clase apta” que debía administrar el país. La evidente influencia del positivismo europeo que mostraron los gestores de la mal llamada “revolución del ‘80” no terminó allí sino que estos representantes de las elites dominantes internalizaron, por propia conveniencia, el “darwinismo social Spenceriano” que legitimaba el imperialismo capitalista desde el siglo XIX en adelante, con el propósito de justificar por un supuesto “derecho natural”, el sometimiento de las masas obreras.

La década de los años treinta, la “década infame”, comenzó con el primer golpe cívico-militar y clerical de la historia argentina. La interrupción del Estado de Derecho tuvo múltiples causas, aunque como afirmó Alain Rouquié, la más inmediata se relacionaba con la alianza entre las elites locales y el capital extranjero respecto al control de la producción petrolera.[2] Esta espuria relación entre la oligarquía nacional y el imperialismo externo no fue más que una práctica de continuidad desde la primera presidencia de Roca en adelante. En realidad, el golpe de Estado de Uriburu, que se presentó como el intento de los admiradores del fascismo italiano, no fue más que una habilidosa maniobra del general Agustín Justo como el verdadero titiritero del sector nacionalista del ejército, utilizando a su antojo a los autoritarios que se habían convencido que había llegado “la hora de la espada”. La ruptura del orden institucional de 1930 inició un hábito de los sectores concentrados para terminar con la democracia cuando ésta contradecía sus intereses económicos. Con ese golpe militar se institucionalizó el desprecio y el maltrato a los pobres, a la “chusma”. Poco tiempo después, en menos de dos años volvió una “institucionalidad” que mostró el más alto grado de corrupción hasta entonces conocido. Fraude electoral, proscripciones, explotación, opresión y entrega de la soberanía nacional, todo armado desde la administración Justo-Roca en que la economía de la Argentina, a partir del tratado Roca-Runciman, “pasó a formar parte del imperio británico”. Si bien la Argentina creció económicamente desde 1935 en adelante, esto nunca significó un desarrollo para el país. El desarrollo, siguiendo el análisis de Aldo Ferrer[3], supone la suficiente capacidad de maniobra frente a los poderes foráneos, con el agregado que además debe implicar una distribución del ingreso que mejore la calidad de vida del pueblo. Esto no tuvo nada que ver con el crecimiento de la segunda mitad de la década del treinta ya que se profundizó la dependencia y se concentró la economía en las pocas manos de siempre, impidiendo de esta manera un desarrollo integral de quienes formaban parte de la clase trabajadora. Cuando todo parecía ser una clara continuidad de una pseudo-democracia controlada por sectores de la clase dominante, en medio de un complejo contexto internacional no del todo definido por la segunda guerra mundial, se produjo un nuevo golpe que vino a poner freno a la perdurabilidad de los gobiernos de caretas institucionales y políticas entreguistas. El golpe de 1943 provino de un sector de las FFAA que no avalaba el sometimiento a ninguna potencia extranjera aunque para tener éxito en la toma del gobierno utilizó a un general liberal que no duró ni cuarenta y ocho horas en la gestión. El verdadero poder del accionar militar radicaba en el G.O.U. un grupo de oficiales con mando de tropa de ideas nacionalistas e industrialistas. Paradójicamente, en medio de este gobierno de facto, se puso en práctica una política social y de reivindicación de derechos laborales que nunca había sido prioridad para los gobiernos institucionales anteriores. Cuando esto fue advertido por la oligarquía tradicional, ésta actuó rápidamente apelando a los militares aliados, para corregir el desvío y recuperar de esta forma el “orden natural” que debía imponerse a la eventual insolencia de quienes solo debían agradecer que pudieran trabajar.

La sublevación popular del 17 de octubre de 1945 fue un quiebre definitivo en la Historia Argentina. La irrupción de las masas que por primera vez ocuparon el espacio público fue una acción revolucionaria que, según Daniel James,[4] expresó por primera vez de forma masiva la lucha de clases en el país. Siguiendo al mismo autor, los hechos del 17 de octubre marcaron el fin de la “deferencia” y la culminación definitiva del sometimiento. El desborde de la clase obrera hizo posible el sustento para las reformas más profundas que realizó el peronismo como movimiento popular, desde la nacionalización del Banco Central o la nacionalización del Comercio Exterior, hasta el voto de la mujer sumado a una ampliación de derechos sociales y laborales posibilitados por una mayor y mejor distribución del ingreso. Por primera vez en la historia del país, la sociedad argentina comenzó a ser más justa e igualitaria a tal punto que motivó el tránsito de lo que había sido el desprecio que la oligarquía tenía por la clase trabajadora, hacia un odio de clase contra quienes habían logrado respeto, dignidad y educación. Se sumó además, por parte de estos ricos mal habidos, un mayor resentimiento contra el movimiento político que había permitido semejante ascenso social. El odio de la clase dominante hacia Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte no solo fue personal, fue en realidad, el aborrecimiento hacia la clase trabajadora que ellos representaban. Fue el rencor contra esas “masas sudorosas” que se había atrevido a desafiar el poder de las “clases más aptas e ilustradas” acostumbradas a manipular la política del país acorde a sus propios intereses. El desprecio ahondado en los años treinta se había convertido en el odio acérrimo a todo lo que significara igualdad, justicia social o democracia. El bombardeo al pueblo del 16 de junio de 1955 fue el comienzo del odio hecho realidad. Más de nueve toneladas de explosivos arrojadas sobre la Plaza de Mayo, cientos de muertos y miles de heridos fueron el resultado de la puesta en práctica del aborrecimiento de clase.

El golpe cívico-militar y clerical de 1955 marcó la división definitiva de la sociedad argentina. Esa ruptura del Estado de Derecho fue un punto de inflexión en el proceso de la evolución del odio que la oligarquía argentina direccionó contra el pueblo trabajador cuando éste había logrado un digno reconocimiento en derechos laborales, en justicia social y en acceso a todos los niveles de educación. La partición de la sociedad argentina no la inició el pueblo sino que fue el producto del accionar de una minoría que no soportó el ascenso social. La persecución a los trabajadores posterior al derrocamiento del peronismo, los fusilamientos, la represión social, el retroceso en derechos, la prohibición de la libertad de expresión, la proscripción, fueron apenas algunos rasgos de lo que el movimiento popular debió soportar desde 1955 en adelante… Los años que siguieron al derrocamiento brutal del peronismo fueron de resistencia, de lucha de clase y de una represión institucionalizada que no hizo más que profundizar el espiral de violencia en un país en el que cada vez costaba más someter a la clase obrera ya organizada. El primer intento de borrar al movimiento popular fue en la dictadura de conducción bicéfala del general Aramburu y el almirante Rojas entre los años 1955-1958. El decreto 4161 prohibía todo lo que se identificaba con el gobierno derrocado, incluso pronunciar los nombres de Perón o de su fallecida esposa Eva Perón, con la idea que mediante la fuerza y bajo pena de represión y cárcel, podrían desvanecerse diez años de derechos sociales. Por el contrario, los intentos de “desperonización” de la sociedad fueron un gran fracaso de la dictadura pos-peronista a pesar de llevar la violencia al extremo de fusilar clandestinamente a trabajadores en un basural de la localidad de José León Suarez. Aún con una salvaje persecución, la identidad de la clase obrera con el movimiento popular se fortaleció, y contradiciendo las metas que se había propuesto la oligarquía de retrotraer al país a tiempos anteriores al 17 de octubre de 1945, la organización popular y la resistencia a la dictadura hicieron imposible las metas del gobierno de facto que tuvo que convocar nuevamente a elecciones para encontrar una salida decorosa al desastre que habían provocado. Eso sí, el sufragio debía darse con una serie de condiciones que incluía la proscripción del peronismo. Con estas renovadas formas de “democracia restringida” se transitó a los gobiernos de Arturo Frondizi y de Arturo Illia que también fueron objeto de golpes militares, en un contexto en el cual los atentados contra el Estado de Derecho  se habían legitimado en nombre del “orden social” y la defensa de las “fronteras ideológicas” propuestas por el imperialismo de EEUU. Los años de lucha popular continuaron en las gestiones pseudo-democráticas y los constantes planteos militares a dichos gobiernos contribuyeron a que las nuevas generaciones descreyeran de una democracia que no era más que el fruto de los acuerdos entre los sectores de poder. El Golpe de Estado de 1966, que otra vez contó con el apoyo de instituciones representativas de la derecha conservadora tales como la corporación clerical o algunos grupos sindicales, volvió a mostrar las pretensiones de la minoría respecto de lo que ella entendía por “democracia”. Con el movimiento popular proscripto y con la continuidad de la represión social como metodología de control, el odio de los sectores concentrados hacia la clase trabajadora funcionaba como un mecanismo de defensa de la mezquindad oligárquica frente a la lucha por la reivindicación de los derechos democráticos.

Ahora bien, desde los años 1956 a 1966 se produjo imperceptiblemente un importante cambio cultural que modificó la relación entre la izquierda política y el peronismo, como así también la actitud de los estudiantes universitarios que se aliaron social y políticamente a la clase trabajadora. El interesante trabajo de Oscar Terán reflejó este proceso de mutación cultural que llevó a consolidar los fundamentos ideológicos que justificaron la radicalización de la lucha política en los años sesenta y setenta.[5] Estas acciones directas de los trabajadores, sustentadas por las ideas revolucionarias de una nueva izquierda integrada al peronismo, fueron las que dieron origen a las organizaciones de la guerrilla urbana o rural que comenzó su accionar durante la dictadura del general Onganía. El odio de la clase dominante hacia el movimiento popular encontró una reacción de defensa propia en las jóvenes generaciones que no estaban dispuestos a soportar tanta explotación. La oleada de las transformaciones de los años sesenta coadyuvó a profundizar la lucha por la liberación política en América Latina en general y en Argentina en particular. El peronismo revolucionario, el sindicalismo revolucionario y hasta el cristianismo revolucionario, fueron los sectores políticos que aparecieron y decidieron enfrentar por la vía de la lucha armada a un enemigo interno que a la vez era apoyado por el enemigo externo expresado en el imperialismo estadounidense. El odio sembrado durante años por esa oscura oligarquía, había cosechado la tempestad de una juventud que consideró su lucha como la legítima defensa de los sectores oprimidos de la sociedad argentina. Si bien estas batallas hicieron posible el retorno del peronismo al poder, el encono de los grandes capitalistas volvió a provocar el fracaso de la democracia apelando una vez más a la toma del poder político por la vía de las armas pero esta vez con la decisión de terminar para siempre con la irreverencia de todos aquellos que soñaban con una sociedad igualitaria.

El Terrorismo de Estado que se instaló en el poder político de la Argentina el 24 de marzo de 1976 fue el “odio” llevado al paroxismo por parte de una macabra alianza entre civiles y militares que habían planeado un nuevo país. Una Argentina que debía poner en práctica, como lo había hecho la dictadura chilena, las nuevas políticas neoliberales donde el “mito de la igualdad” quedaría enterrado para siempre. Este acuerdo entre los sectores concentrados del poder económico local e internacional, la embajada de EEUU, los grupos de militares de extrema derecha, y como había sido en tiempos pasados, un sector del poder clerical que pretendía limpiar de subversivos a la propia Iglesia, llevó a cabo el genocidio planificado por quienes deseaban terminar para siempre con la “utopía de la justicia social”. La metodología utilizada por las bestias que se creían los émulos del nazismo, fue fría y calculadoramente pensada por los grupos económicos concentrados con el objeto de internalizar el miedo en toda la sociedad y así evitar que la rebeldía y las ideas revolucionarias pudieran renacer en las futuras generaciones. El secuestro, la tortura, el asesinato y luego la posterior desaparición de los cuerpos, “casi en ese orden”, sería el cumplimiento de un plan sistemático que garantizaría el mantenimiento del poder para las minorías sin tener que soportar potenciales revueltas de los marginados de siempre. De allí en más, los desafíos de aquellos que pelearon por un ideal de justicia, durante la dictadura se reconvirtieron en las luchas por los Derechos Humanos de las Madres de Plaza de Mayo, de las Abuelas y de todos los Organismos que pedían la aparición con vida de decenas de miles de familiares que se habían llevado en la oscuridad del Terrorismo Estatal. El retorno al Estado de Derecho nunca garantizó la democracia. Las huellas del miedo, la internalización de una estructura de carácter social autoritario mediante el terror, hicieron imposible la recuperación de una gestión democrática, nacional y popular. El neoliberalismo se consolidó e hizo de la Argentina una “neo-colonia” que se ufanaba de las relaciones carnales con el imperio. El odio y el desprecio de la oligarquía continuaron pero con la particularidad de haberse convertido en una mendacidad generalizada que se difundía por la televisión. La nuevas formas de atacar y quebrar la lucha de los desposeídos haciendo creer a la sociedad que los pobres eran los únicos culpables de su propia condición.

La crisis del 2001 puso pausa al desarrollo del neoliberalismo en Argentina.  Los hechos originaron una situación inesperada para los sectores de poder y el peronismo volvió a ser gobierno. Cuando se ordenó institucionalmente el país, se convocaron elecciones nuevamente de las que salió victorioso un desconocido sureño que gobernaba Santa Cruz y cuya esposa era legisladora de la misma provincia. Este hecho cambió la historia nacional en los albores del siglo XXI. En las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner la Argentina recuperó la dignidad. El “Kirchnerismo”, como una “fase superior” del viejo peronismo, supo recobrar los valores de la praxis política y restablecer las convicciones de los años setenta. Ese Kirchnerismo, como comenzaron a llamarlo, logró que sus tres presidencias hicieran recordar los años del primer peronismo con el agregado de nuevas políticas de Estado que tuvo que encarar para la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia. La bandera de los Derechos Humanos marcó la posibilidad de un propio juicio y castigo a los violadores, torturadores y asesinos del Terrorismo de Estado que habían sido indultados. Parecía que el país se encaminaba en un sendero de liberación, pero el “odio” de la clase dominante nunca dejó de destilar su veneno. Más allá de la muerte de Néstor Kirchner, más allá de la difamación y la calumnia de Cristina Kirchner, de las persecuciones a sus seguidores a través de un poder judicial corrupto, la oligarquía igual siguió sembrando odio. El poder mediático y el poder económico concentrado, aún hoy siguen difundiendo ese odio de clase. Cabe una pregunta a manera de reflexión… ¿Se puede “acordar” algo con quienes odiaron siempre? ¿Se puede confiar en quienes expresaron de manera permanente el racismo y la discriminación hacia los pobres y a su vez les pagaron a los terroristas de Estado para hacer desaparecer a los “rebeldes”? Quizás el actual gobierno debiera acordar una suerte de pacto social primeramente con el pueblo, y a través de ese sustento tomar las medidas necesarias para frenar la impunidad de los poderosos. La coyuntura es compleja y con dificultades extremas, pero no podemos olvidar que al histórico enemigo que generó el odio al pueblo, nunca le interesó el beneficio de la nación, por el contrario, siempre fue capaz de vender la patria por una moneda más para su alcancía.

*Claudio Esteban Ponce. Licenciado en Historia. Miembro de la Comisión de América Latina de Tesis 11


[1] Feinmann, José Pablo. La sangre derramada. Ensayo sobre la violencia política. Buenos Aires, Ariel, 1999.

[2] Rouquié, Alain. Poder militar y sociedad política en la Argentina. Tomo 1-hasta 1943. Emecé Editores, Buenos Aires, 1981.

[3] Ferrer, Aldo. El futuro de nuestro pasado. La economía en su segundo centenario. F:C.E. Buenos Aires, 2010.

[4] James, Daniel. 17 y 18 de octubre de 1945: El peronismo, la protesta de masas y la clase obrera argentina. Publicado en Desarrollo Económico, N° 107, vol. 27, octubre-diciembre de 1987.

[5] Terán, Oscar. Nuestros Años Sesenta. La formación de la nueva izquierda intelectual en la Argentina 1956-1966. Puntosur Editores, Buenos Aires, 1991.

2 respuestas a “Argentina: las raíces del odio de clase”

  1. Mientras exista una Juventud Revolucionaria con buena Memoria y todas sus Verdades, para construir un Camino de Justicia para la Liberación de toda la Clase Laburante y su Pueblo levante las Banderas de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política, para realizar una GranPatria Libre Justa y Soberana para todas las Naciones y Pueblos de América del Sur!

  2. Susana Navarro dice:

    Excelente artículo! Un rastreo del odio, a través de la historia, ese resentimiento de los que se creen con derecho a privilegios, que consiguieron de la peor manera y que no piensan soltar.
    Ahora que, algunas brisas buenas soplan en la América del Sur, tal vez podamos ir ganando terreno.

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