¿A cual llaman Bolivia?

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Solange Levinton*

Se trata de una de las regiones más ricas en recursos naturales; pero tiene la poblaciòn más emprobrecida  de toda latino America ¿qué sucede exactamente en el Altiplano?

Imaginemos que Bolivia fuera uno de los países más pobres de América Latina y que seis de cada diez bolivianos tuvieran que vivir con la irrisoria suma de dos dólares diarios.

 Imaginemos que Bolivia tuviera una deuda externa de 4 900  millones de dólares y un déficit fiscal del 8 por ciento marcado a rojo fuego en su PBI.

 Ahora bien, imaginemos que Bolivia fuese dueña de la segunda reserva gasífera del continente, valuada en  aproximadamente 100 mil millones de dólares, que le permitiría percibir un ingreso de 1.100 millones de dólares al año.

 Pero imaginemos que por decisiones políticas, la explotación de hidrocarburos sólo le dejase un saldo de 200 millones de dólares, porque el grueso de las ganancias se la llevan las empresas privatizadas que aportan tan sólo el 18 por ciento de sus ingresos en concepto de regalías.

  Para esto, entonces, supongamos que Petrobrás, Repsol YPF y la francesa Total Exploration concentrasen el 80 por ciento del total de sus reservas gasíferas.

 

  Ahora bien, podemos elevar la apuesta y llevar a esta seguidilla de suposiciones al punto máximo del absurdo: podemos imaginar que en el país donde el gas es la riqueza natural por excelencia, casi el 97 por ciento de sus 8 millones de habitantes, no tuviera acceso a este encarecido recurso en sus propios domicilios.

  Pero para qué pergeñar grotescas representaciones, si para paradójicas escenas la realidad boliviana nos proporciona libreto suficiente.

   En junio de 2002 Gonzalo Sánchez de Lozada asumía la presidencia de Bolivia con el 22,5 por ciento de los votos, tan sólo un uno por ciento más que el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.  De esta manera, el Palacio Quemado recibía nuevamente a quien había hospedado entre 1993 y 1997. 

  Sin embargo, desde el comienzo, la gestión de Sánchez de Lozada estuvo signada por muchisimas  medidas impopulares que la encaminaron hacia un final irremediablemente anunciado.

 Para febrero del 2003 comenzó a esbozar los primeros trazos que dibujarían su caída, con la creación de un nuevo impuesto a los salarios como respuesta  obsecuente a una imposición del Fondo Monetario Internacional.

      Esta nueva medida desencadenó un amotinamiento de la propia Policía que, junto a la población civil, se enfrentó a balazos en contra  el Ejército. El resultado de aquella contienda fueron 36 muertos y la anulación del impuesto, además de una irredimible mancha en la gestión de Sánchez de Lozada. 

   Pero Goni –como se lo conoce popularmente- terminó de firmar su sentencia cuando anunció el proyecto de venta de gas natural a México y Estados Unidos, a través de un gasoducto trazado por el territorio chileno.

  Difícilmente la propuesta hubiera contado con el aval de la población. Es sabido que entre ambos países existe una fuerte disputa en torno a la salida al Pacífico que Chile le quitó a Bolivia en la guerra de 1879.

 El empeño de Sánchez de Lozada por concretar ese proyecto, sumado a históricos reclamos irresueltos, desembocó en masivas protestas callejeras que finalizaron con la muerte de 120 civiles. El 17 de octubre de  2003, luego de una evidente incapacidad por contener la situación, se produjo la esperada caída del gobierno de Sánchez de Lozada.

   En su lugar, asumió el vicepresidente Carlos Mesa. Pero esa fue tan sólo la primera batalla en la guerra del gas que maneja la convulsionada escena boliviana.

Luego, el 18 de julio de 2004 llegaría el momento del referendo revocatorio, en el que la población debía manifestar su voto respecto a la nacionalización de los hidrocarburos, entre otras cuestiones.

Si para muestra basta un botón, alcanza con detenerse en algunos resultados: el 92 por ciento de los electores se manifestó a favor de “la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado”. En tanto el 87 por ciento se declaró de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con el objetivo de recobrar la propiedad estatal de las acciones en las empresas  capitalizadas.

  El gas natural es un recurso estratégico  y fundamental  para la región del altiplano. Por eso, la gestión de Carlos Mesa inauguró el año con una ofensiva sindical contra las petroleras y privatizadas. Evo Morales y el líder vecinalista Abel Mamani organizaron bloqueos y cortes de ruta exigiendo que el Congreso aprobara en la nueva Ley de hidrocarburos, el pago del 50 por ciento de regalías por parte de las petroleras.

  Por eso, el 6 de marzo Mesa presentó su renuncia por  no poder lidiar con la incontrolable crisis a la que llegó a catalogar como una guerra civil. Pero el parlamento rechazó por unanimidad la dimisión del mandatario.

  Dos meses más tarde, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta –sin el consenso de Mesa- una polémica ley que derogaba la legislación vigente desde 1996 e impuso un nuevo impuesto del 32 por ciento sobre la producción, que se sumará a la regalía del 18 por ciento que ya estaba vigente.

  La norma establece la propiedad del Estado sobre los recursos energéticos “en boca de pozo”, con el fin de fiscalizar el negocio desde el origen y recuperar el poder de decisión sobre el uso y el destino del petróleo y el gas.

También permite triplicar la renta que recibirá el fisco nacional por la explotación de su enorme riqueza energética; lo que significa que Bolivia debería recibir unos 600 millones de dólares anuales, contra los casi 200 que percibía con la ley de Sánchez de Lozada.

Pero eso no era suficiente para un país que debe  enfrentarse con un nivel de pobreza de casi el 60 por ciento. Los reclamos redoblarían la apuesta: había llegado el turno de la Asamblea Constituyente y las autonomías regionales.

    Pero Bolivia presenta otro problema que excede los apellidos que ostenta la dirigencia política. En el altiplano existe una población muy fragmentada con dos zonas claramente diferenciadas: el oriente y el occidente boliviano.

  Si bien las autonomías buscarían dar a las provincias un mayor manejo de sus recursos, la disposición desigual de las riquezas naturales genera un desarrollo disímil entre las regiones, que se agudizaría con la aprobación de las autonomías departamentales.

 La más beligerante de todas es Santa Cruz de la Sierra, al este del país que, además, exige la realización de un referendo autonómico.  Pero el resto de Bolivia sostiene que la determinación sobre las autonomías deben ser tratadas por una Asamblea Constituyente, que elegirá delegados en diciembre próximo y sesionará en 2006.

   Sucede que la Constitución Política del Estado (CPE) reza que Bolivia está constituida en república unitaria y, en toda su historia, ha tenido un solo gobierno centralizado.

  A su vez, el propio Congreso boliviano reproduce en las sesiones los mismos dos grandes bloques. Los representantes de los departamentos del rico oriente -Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando- pretenden que el Parlamento legalice un referendo para que cada región decida si aprueba o no una autonomía departamental. En la vereda de enfrente, los delegados de las regiones altiplánicas -La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca- reclaman que éste  sea convocado en el marco de una Asamblea Constituyente encargada de modificar algunas partes de la Constitución.

  Bajo el tira y afloja está en juego la administración de los recursos naturales a través de las autonomías -Santa Cruz y Tarija son productores de hidrocarburos- y la posibilidad de que una Constituyente otorgue mayores derechos económicos y políticos a las mayorías indígenas del país.

  Por otra parte, el MAS de Evo Morales comenzó con una serie de protestas en reclamo de asegurar el 50 por ciento de regalías cambiando la nueva ley recién promulgada; mientras los sectores más radicales exigen directamente la nacionalización de los hidrocarburos.

 

  En el marco de una crisis de proporciones fabulosas y de una jornada de masivas movilizaciones de protesta que terminaron con duros enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, el 6 de junio el presidente Carlos Mesa anunció por televisión que presentaba nuevamente su renuncia. Esta vez fue aceptada.

      Después de que la línea sucesoria de Mesa acordara dimitir de su cargo, por exigencia de las grandes mayorías, finalmente asumió como presidente interino el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé.

  Todo indica que el 4 de diciembre próximo los bolivianos concurrirán a las urnas para renovar los poderes ejecutivo y legislativo; y también votarán por primera vez a los prefectos de departamento.

   Pero imaginemos  que en el país donde la mortalidad infantil  es de 66 niños por cada mil nacidos, el gas natural se convirtiese en un recurso capaz de enfrentar a los propios bolivianos.

  Imaginemos una región rica que busca adueñarse de las reservas y una región pobre que exige una distribución más justa de los recursos. Imaginemos, entonces, una clara incapacidad de negociación.

  Imaginemos un país donde el racismo hacia una población indígena que conforma el 81 por ciento del total de habitantes es cada vez mayor, y sólo el 50 por ciento habla castellano.

   Imaginemos entonces un territorio sin tierra; un territorio sin bandera y, a la vez, un territorio superpoblado de caras afligidas y manos atadas, que vieron cómo grandes empresas ricas usufructuaron con su presente y les vaciaron el futuro.

Pero también podemos imaginar que los vigorosos movimientos sociales bolivianos impongan su dinámica de cambios estructurales progresistas y la crisis se resuelva en función de mejores condiciones económicas políticas y sociales en favor de los sectores populares de toda la nación hermana. Eso es lo que está en juego.

*Solange Levinton, periodista.

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