Juan Chaneton*
“El peligro de dejar hacer a este gobierno sin ejercer nuestro sano y sacrosanto derecho a la crítica y a la expresión de las ideas enciende las alarmas rojo sangre del ajustazo que se avecina sobre derechos y conquistas de los trabajadores, que han sido los que se pusieron el país al hombro en los momentos difíciles, mientras el “círculo rojo” de ayer, de hoy y de todos los tiempos enfrentaba esos momentos difíciles enviando sus ganancias a prostíbulos financieros del Caribe.”
Las regularidades de la historia -también llamadas “leyes”- parecen existir y desenvolverse con autonomía propia, pero ello no quiere decir que la voluntad individual (por caso, la de los dirigentes) no juegue ningún papel como causa eficiente de los fenómenos. En otras palabras, si Reutemann no hubiera rehusado el convite de Eduardo Duhalde en 2003 para asumir la candidatura presidencial del Partido Justicialista, no hubiera habido “kirchnerismo”. Y si Randazzo hubiera aceptado la candidatura a la gobernación de Buenos Aires en 2015, ni macrismo ni Cambiemos existirían bajo el aspecto que hoy exhibe el fenómeno amarillo. Seguramente la historia, en esa hipótesis, en esa ucrónica hipótesis, habría conservado su sentido originario pero lo habría hecho bajo formas distintas y desplegando escenografías seguramente abigarradas y también diversas.
Cambiemos siempre lució como la marca improvisada que daba identidad formal a un conglomerado inexperto para aspirar a las ligas mayores de la política pero muy definido en cuanto a sus odios de clase y a los prejuicios que le son anejos. Exponiendo una precariedad conceptual llamativa que interna su oratoria por los meandros de una imprecisa promesa de poner la proa del país en el rumbo que nos llevaría a ser Canadá o Australia; y reclamando del electorado el tiempo y la paciencia que exige semejante espera, la formación clasista Cambiemos ganó tiempo, ganó dos años, desde 2015 hasta hoy, en que acaba de mejorar ostensiblemente su performance y de obtener una transitoria aceptación de sus propuestas por parte de ese 41 % que lo votó.
Resultados tan sorprendentes, sin embargo, no se sostienen sólo ni principalmente en la expectativa de un futuro mejor. Contó (cuenta) el gobierno de la derecha argentina, con la avanzada de zapadores de un periodismo cloaca que suplió bien aquellas carencias, disimulando los tropiezos de una gestión vacilante, obturando las oquedades morales de un empresario fracasado devenido jefe político y empujando a la ordalía obscena del linchamiento mediático a quien tacharon de corrupta pero saben obstinada y segura en la tarea impugnadora de un proyecto de sociedad para pocos pero que se exhibe en el escenario diciendo que es para todos.
Ninguna argumentación mellará la piedra de la legitimidad gubernamental recién adquirida mediante el categórico pronunciamiento electoral. Para el capital, en la Argentina, se vive otra etapa histórica durante la cual procurará reanudar el ciclo virtuoso que le permita reproducirse como capital en escala ampliada, sometiendo a nuevas exacciones al factor “v” de la ecuación, es decir, al capital variable. El capital variable es el salario y el trabajo.
El impulso electoral recién obtenido disparó la nueva ofensiva bajo la forma de unos “consensos básicos” cuyo objetivo, al final de la ruta trazada, es una monumental transferencia de recursos del sector asalariado al sector propietario del capital.
A despecho de su reciente aparición en los documentos de Mossack Fonseca (Panamá Papers), el Presidente condenó, en su discurso en el Centro Cultural Kirchner (CCK), la evasión impositiva; y, con el oro del Banco Central ya en la plaza londinense a modo de garantía para una deuda que habrá que pagar dentro de un siglo, también se manifestó sensible, tierno y familiero cuando declaró que ningún padre quiere dejarles deudas a sus hijos.
Lo anunciado por el Presidente el 30 de octubre pasado era conocido sólo por la embajada de los EE.UU., por el propio Macri y, en parte, por el ministro de finanzas, Nicolás Dujovne, por el jefe de gabinete, Marcos Peña y, en lo atingente al ajuste a los trabajadores, por el ministro de Trabajo Jorge Triaca. El resto de los participantes en el aquelarre se enteró, salvo algún trascendido en los días previos, en el lugar en que fueron perpetrados los hechos.
Pero Macri es el presidente de un ciberpartido llamado Propuesta Republicana que, en alianza con la Unión Cívica Radical (la que abreva doctrinariamente en Alem e Yrigoyen), constituyen “Cambiemos”, la coalición gobernante. Que se sepa, es el primer caso, en la historia política de este país, en que se concreta una coalición y, luego, uno de los socios viste al otro con la librea del mayordomo y lo pone a servir la mesa. Asumir el rol de sirvientes del capital transnacional en el marco de un marchamo marketinero indigno de las tradiciones del centenario partido, es la dura prueba psicológica que debe enfrentar hoy un dirigente digno aun cuando ineficaz en su dolido lamento por las afrentas con las que debe convivir, como Ricardo Alfonsín, quien repudió el hecho de que de esos “consensos básicos” anunciados en el CCK no se les corrió traslado a los socios radicales, ni por cortesía, antes del discurso de Macri.
En verdad, lo que ocurre hoy en la Argentina es que los que reclaman respeto a las formas republicanas, atrasan, y los que proponen fortalecer el mercado interno con inclusión social e industrialización pero sin profundizar esa fórmula y omitiendo definir con quién juegan en el tablero geopolítico global, también atrasan. Y, junto a ello, ocurre, asimismo, en la Argentina, que el único actor que pugna por no atrasar es el gobierno, aun cuando ningún éxito le esté garantizado de antemano habida cuenta de que lo que tiene para ofrecer al pueblo de a pie y a la Argentina como país, es aquel aceite rancio en odres reciclados que ya ofrecieron, alguna vez, Martínez de Hoz, Sourruille, Cavallo y Machinea. En rigor, éstos actuaron en una época histórica en que el capital financiero globalizado necesitaba hacerse de activos en todo el mundo (privatizaciones) en tanto que hoy la exigencia (ayer postergada pero hoy es “ahora o nunca”) consiste en completar lo que quedó inconcluso, esto es, sanear los negocios privados y las cuentas públicas sin reclamos excesivos al capital y constriñendo más al factor trabajo de la ecuación por la vía de las “tres reformas” anunciadas por el hombre que debe llevar adelante estos planes en sintonía con la OCDE como “aliado principal” en sustitución del FMI y empalmando con las urgentes necesidades del capital financiero mundial. Este es el fondo más oscuro de lo que ocurre. En la superficie y a la vista de todos quedan los enunciados: hay muchos sindicatos, flexibilizar las relaciones laborales les conviene al trabajador y a la empresa, hay que mejorar la productividad (producir lo mismo con menos empleados), hay muchas obras sociales, el sistema previsional no es sustentable, hay demasiados empleados públicos. Esto es, ni más ni menos, transferencia de recursos de “los que menos tienen” a los que tienen mucho y quieren más. Aunque se diga que todo es para que nos parezcamos a Australia o Canadá.
Como el hombre propone y los hechos disponen, habrá que ponderar si esta violenta ofensiva contra los trabajadores y el pueblo disfrazada de modernidad y eficiencia puede sostenerse como política y llevarse a cabo durante 2018, que es el año que le queda al gobierno antes de que la sociedad argentina vuelva a meterse de lleno, otra vez, en el calendario electoral con vistas a las presidenciales de 2019. El peronismo de derecha (ese que dice de sí mismo ser de “centro”) se verá enfrentado al difícil equilibrio de apoyar todo lo antiobrero que proyecta hacer el gobierno y, al mismo tiempo, construirse para uso propio y exhibición en el ágora, un perfil de “oposición” que resulte creíble. Y hay que computar también que, a partir del primer día de 2018, Macri tendrá efectivo poder de veto en el Congreso porque la oposición no alcanzará, con la nueva composición post elecciones, a los dos tercios necesarios para imponer su criterio al Ejecutivo. Hasta hoy, como en el pasado, el pretexto de garantizar la gobernabilidad le ha servido a ciertos dirigentes (verbigracia, Miguel Fouché Pichetto) hasta para rivalizar con Trump en materia de racismo y xenofobia.
A Macri no le va la vida en nada de lo que está haciendo ni en lo que está dispuesto a hacer pero sí le va en ello su libertad. O le sale bien, o tendrá problemas. No los tiene hoy porque la “justicia independiente” no se le anima. Pero cambia, todo cambia… y también cambiará Cambiemos. Sic transit gloria mundi, que es la forma culta de decir la taba, mañana, puede salir de culo.
Sin embargo, la percepción oficialista de lo que están haciendo es autocomplaciente como siempre son las percepciones de los que llegan al gobierno con fines inconfesables en una campaña electoral. Por caso, miran su “reforma judicial” con el embelesamiento de un Narciso colmado y extasiado en la contemplación de su propio rostro. Dicen que todas esas medidas, que en realidad apuntan a construir una justicia adicta, buscan “… iniciar un ciclo virtuoso en la Justicia, un tsunami que provoque un verdadero cambio cultural, que derrame la mística perdida en todos los actores del proceso judicial y provoque que las nuevas generaciones recuperen su pasión por la verdad y lo justo”. Así lo explicó Teodoro Kreckler, coordinador del comité social que impulsó el programa Justicia 2020 y representante de treinta organizaciones de la sociedad civil en este proceso.
El retintín fraudulento en este tipo de marketing es doble. Por un lado, suena a esa retórica fundacional que repiten todos los gobiernos en sus primeros tramos de gestión. También la Alianza que duró dos años antes de huir en helicóptero, se veía a sí misma como fundacional y una señora que luego mostró su ineptitud para todo servicio (Rosa Castagnola, (a) Graciela Fernández Meijide) hablaba hasta por los codos en contra de la corrupción y a favor de los nuevos tiempos que llegaban de la mano de un épico De la Rúa. Y hasta dijeron que ese aire de cambio estructural mostraba, incluso, signos materiales bien visibles y concretos, por ejemplo, que el ministerio de Justicia ya no se llamaría más ministerio de Justicia sino ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Kreckler y Fernández Meijide. La Alianza delarruísta y Cambiemos. El mismo discurso. Se trata de la primera fisura en el discurso autoapologético. Pero hay otra, pues, por otro lado, resulta verdaderamente preocupante que se convoque a un pueblo a creer en un gobierno presidido por alguien que intentó estafar al Correo Argentino, que estuvo implicado en cuanta causa por robo al Estado hubo en un pasado cercano y no tan cercano, que fue sospechado internacionalmente de lavado, evasión y contrabando, que dispuso extender a su hermano la posibilidad de blanquear dinero sucio y que, como práctica cotidiana al día de hoy, mantiene en el Poder Judicial operadores tantos y tan torpes que fueron metaforizados por un conocido periodista como “autitos chocadores”.
Las reformas en la justicia apuntan, en exclusiva y bajo el ropaje institucionalista y despolitizador, a funcionalizarla para la aplicación del ajuste y hacerla muy apta para el control social indispensable que exige ese ajuste, tanto como a impedir todo atisbo de investigación seria para los chanchullos del gobierno, desde el jefe hasta el último de sus subordinados. En ese sentido va también lo actuado en el Ministerio Público Fiscal. Éste deberá hacer buena letra. La república socavada, de este modo, pues la independencia del jefe de los fiscales es la garantía de que a los funcionarios corruptos se los va a investigar en serio. Todo apuntaba a echar a Gils Carbó hasta que Gils Carbó tuvo que renunciar. La república socavada, de este modo, pues no es de repúblicos presionar al que tiene como función investigar, para que no investigue, instalando en ese lugar del organigrama institucional, luego de esa renuncia anunciada, a un muñeco dócil y razonable con el cual se pueda perseguir a opositores y evitar el escrutinio de los delitos cometidos al socaire del poder.
El peligro de dejar hacer a este gobierno sin ejercer nuestro sano y sacrosanto derecho a la crítica y a la expresión de las ideas enciende las alarmas rojo sangre del ajustazo que se avecina sobre derechos y conquistas de los trabajadores, que han sido los que se pusieron el país al hombro en los momentos difíciles, mientras el “círculo rojo” de ayer, de hoy y de todos los tiempos enfrentaba esos momentos difíciles enviando sus ganancias a prostíbulos financieros del Caribe. Pero las alarmas se encienden también en escarlata y púrpura no sólo por lo que pasa fronteras adentro de la Argentina sino, y en primer lugar, por los reaseguros que construye este gobierno en clave de violencia represiva de última instancia para la eventualidad de que la represión a la segura resistencia que sobrevendrá pase a ser política de Estado.
En efecto, lo que se viene ahora (y de lo que no se habla o se habla poco) es la implementación de la agenda de seguridad estadounidense, es decir, una agenda diseñada por otros en otra parte del mundo y que no contempla las verdaderas hipótesis de conflicto de la Argentina como Nación sino las hipótesis funcionales al propósito geopolítico de los Estados Unidos de contar con América Latina como reservorio estratégico en materia de recursos -humanos y naturales y de biodiversidad- en el marco de las perspectivas de largo plazo del eje Washington-Londres-Tel Aviv, perspectivas que no son otras que la agudización de las tensiones con otros actores globales que, a su vez, pugnan por un orden multipolar y se oponen al guerrerismo constante y a la hegemonía estadounidense. Como un lejano eco de aquel “América para los americanos” del presidente James Monroe, hoy las formas cambian un poco pero no tanto y los designios imperiales siguen siendo los mismos: Latinoamérica para los EE.UU. como apoyo de retaguardia para cuanta guerra de agresión decida el imperio librar en el mundo.
Con Macri -como con Menem- estamos comprando agendas y conflictos ajenos que sólo el pueblo argentino deberá pagar en sus lúgubres consecuencias. Las bases militares israelo-norteamericanas en Ushuaia y en la frontera con Paraguay y Brasil metaforizan la actualización, en potencial, de aquel pasado reciente en que las campanas doblaron por el pueblo argentino en la embajada de Israel y en la AMIA.
Lo que se viene ahora -y estamos diciendo que esto es lo grave- es barrer con la diferencia entre defensa nacional y seguridad interior, diferencia que la actual legislación consagra y que fue un recurso extremo y de emergencia humanitaria al que apeló la sociedad civil argentina luego de salir del infierno del terrorismo de Estado (bajo el cual comenzaron los negocios realmente buenos para el grupo Macri en la Argentina) y como expediente jurídico a mano para desmantelar el Estado represivo construido por los militares para controlar al “enemigo interno”, es decir, a los trabajadores y al pueblo todo.
Vuelven esos criterios en el marco de un modelo de gestión de la seguridad y la defensa que podemos denominar contrainsurgencia preventiva. El ajuste que se viene generará resistencia y a esa resistencia hay que enfrentarla con una doctrina represiva acorde a los tiempos y a la agenda estadounidense para la región. Pero la vuelta a los criterios represivos de las dictaduras no reconocen sólo esa causa interna sino que también -y en lugar equivalente en cuanto a importancia- se trata de una exigencia de los Estados Unidos vía GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que viene vinculada a la promesa de “inversiones”.
Es probable que el Poder Legislativo incorpore a su agenda de las próximas extraordinarias algún texto inspirado en el “Proyecto Pichetto” de 2003, que autorizaba a la entonces SIDE a espiar sindicatos, partidos y organizaciones de todo tipo. Esta normativa, tributaria de ancestros francamente antipopulares y antinacionales como la “doctrina West Point”, de Onganía y la “doctrina de la seguridad nacional”, de Videla, no pudo aplicarse porque, en su sustitución y durante el mandato de Néstor Kirchner, se sancionó la ley 26.268 que sirvió para obturar el espantajo de Pichetto.
Macri repite en cuanta ocasión puede hacerlo el guión que susurra la Embajada estadounidense: “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”. Detrás de semejante agenda vendrá la decisión de incorporar al ejército, la fuerza aérea y la marina a esa “lucha”. Queda expedito por esa vía, un sendero que se bifurca en clave distópica: por uno de ellos, transita el paulatino pero inexorable debilitamiento de la fuerza armada estatal nacional que capitulará ante el poder corruptor del narcotráfico; por el otro, la militarización de la calle, a lo largo y a lo ancho del país, mediante hombres de armas degradados a policías, será la puesta en escena del libreto represivo contra todo lo que sea organización obrera y popular en las ciudades y en sus conurbanos. Con Macri, llevado de la mano de su ideología lumpen y sin patria y en línea con los dictados de Washington, marchamos, si se sigue en esta línea, hacia un Estado fallido. Todavía estamos a tiempo de evitarlo.
Para no abundar y en beneficio de una razonable expectativa de que las opiniones sean escuchadas (aunque más inclinados a no sorprendernos si lo contrario fuera cierto y es posible que lo sea en tiempos en que el trivial jolgorio de las redes suplanta o banaliza la siempre fecunda reflexión en beneficio de un pasatismo sin pasado y sin futuro), sólo diremos que del libre juego de las leyes 23554/88 (de defensa nacional), 24059/92 (de seguridad interior) y 25520/01 (de inteligencia nacional) surge un entramado legal más que suficiente para combatir las así llamadas “nuevas amenazas”, terrorismo y narcotráfico incluidos. Por eso no es necesario unificar defensa nacional y seguridad interior para entregarle esta función represiva de carácter policíaco interno a unas fuerzas armadas que están para defender la patria en caso de agresiones externas.
Es probable que asistamos, pronto, a una ofensiva generalizada contra el artículo 4º de la ley de defensa nacional que establece: “… Para dilucidar las cuestiones atinentes a la Defensa Nacional, se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior. La Seguridad Interior será regida por una ley Especial”.
Todo está echado ya, junto con la suerte. Con la suerte de este país en busca de su tiempo perdido. Y cada quién tensará su arco y pasará revista a la masa crítica con que cuenta y medirá tiempos y ritmos del enfrentamiento y verá bien o mal el momento de lanzarse al ruedo y la fuerza con que cuenta. Mientras tanto, Unidad Ciudadana llegó para quedarse y se trata de un espacio plural para el debate y la construcción política. La cuenta regresiva está en marcha y sólo debemos cuidarnos de no cometer el error de decir ganemos y después veamos, sino que tenemos que ver ahora para que, cuando lleguemos, sepamos qué hacer.
*Juan Chaneton, abogado, periodista, escritor, colaborador de Tesis 11.