Al momento de escribir estas líneas, Argentina se aprestaba a presentar una nueva propuesta de negociación para resolver el diferendo judicializado ante los tribunales norteamericanos por los llamados “fondos buitres”. El Jefe de Gabinete Capitanich anunció en la mañana del lunes 23 de junio que Argentina efectuará “en el día de la fecha una presentación formal ante el juez Griesa, solicitando condiciones de negociaciones justas y equitativas para el ciento por ciento de los bonistas”. Además aseguró que Argentina mantiene “la misma línea de negociación” en el marco del proceso de reestructuración de deuda pública iniciado en 2005.
De resolverse favorablemente, este sería el último conflicto grave pendiente luego de la declaración unilateral de default en 2002, durante la presidencia provisional de Rodríguez Saa. En aquel momento, el país no estaba en condiciones de pagar nada, sumido en su peor crisis económica, social y política, en gran medida precipitada por una deuda insostenible que absorbía las pocas energías de una economía sometida a la lógica del ajuste perpetuo que impulsaban los organismos multilaterales de crédito, los mismos que habían propiciado el remate a precio vil del patrimonio nacional y que ahora repiten sus recetas en los países europeos en crisis.
Fue el nuevo gobierno surgido de las elecciones de 2003, el que asumió la enorme y compleja tarea de acordar nuevas condiciones de pago con la mayoría de las acreedores, las que siempre implicaron quitas sustantivas a los montos nominales, tasas de interés más bajas y plazos mayores de amortización. Gran parte de los deudores asumieron que un país quebrado no podía afrontar de otra forma sus obligaciones. “Un muerto no paga sus deudas”, dejó en claro el Presidente Néstor Kirchner en su oportunidad.
Así, de a poco, y sosteniendo a la vez un inédito proceso de crecimiento e inclusión ciudadana, Argentina normalizó su situación con la enorme mayoría de quienes le habían prestado plata. Plata que no sirvió nunca para el desarrollo productivo del país, sino que fue usada por las élites locales para financiar la timba financiera de la que se beneficiaron enormemente a costa del sufrimiento y la miseria de millones. Gran parte de ese dinero está fugado en el exterior, depositado en los llamados “paraísos fiscales” y es usado todavía hoy para especular contra el país.
Si esto hacen algunos pocos argentinos mal nacidos, qué puede esperarse de los carroñeros globales, cuyo oficio es precisamente sentarse a esperar que sus tribunales nos impongan el peso de su ley y procuren obligar a nuestra República a pagar en las condiciones que ellos quieren, lo que compraron cuando eran papeles sin valor. El juez Griesa de Nueva York sentenció que el pago se haga “pari passu”, es decir en igualdad de condiciones. Precisamente es lo que siempre rechazaron los buitres, que no aceptaron nunca quitas ni nuevos plazos y pretenden todo el dinero de contado.
Pero su juez interpretó que “igualdad de condiciones” es pagarles como ellos exigen. Así las cosas, si se acata el fallo tal y como está formulado, solicitarán ese mejor trato todos los que de buena fe acordaron en el pasado con nuestro país la renegociación de la deuda. Eso nos conduciría de nuevo de cabeza a la posible quiebra de nuestra economía.Por eso mismo, igualdad de condiciones es lo que nuevamente Argentina va a solicitar, para poder cumplir con todos, aunque esa deuda haya sido una soga al cuello que nos impuso la dictadura militar y la maliciosa cofradía de prestamistas internacionales y cipayos locales, que ahora se dedican a dar consejos sobre cómo arreglar el entuerto que ellos propiciaron.
No estamos solos. Nuestros hermanos del sur nos acompañan. Su solidaridad, que se agradece, es inteligente, porque de salir airosos abrimos paso a opciones semejantes para otros pueblos, sin la tutela nefasta del Fondo Monetario, y sin la renuncia a la soberanía ni a la justicia social.
La parada es compleja. Nuestra última estación antes de salir del infierno. Pero también ellos, en el extremo, saben que deben negociar. Ya pasaron los tiempos imperiales en los que los países centrales mandaban cañoneras para forzar a las nuevas naciones de nuestro sur a acatar sus imposiciones financieras y comerciales. Una sentencia que no puede ejecutarse no vale nada. Es bueno no olvidarlo en estas horas.
Licenciado. Gerardo Codina
Miembro del Consejo Editorial de Tesis11