El 21 de abril tomó estado público un documento emitido por un conjunto de organizaciones empresariales. En ellas se agrupan las corporaciones dominantes en la vida económica nacional.
La pretensión patronal, según expresaron, fue presentar “una serie de propuestas para la formulación de políticas de Estado que los hombres de negocios consideran centrales para el desarrollo del país. El documento será remitido a las diferentes agrupaciones políticas, incluido el Gobierno”, de acuerdo con lo publicado por el diario La Nación.
Entre otras consideraciones políticas, incluyen “el fortalecimiento del régimen republicano representativo federal, la plena vigencia de los derechos constitucionales, el respeto a la propiedad privada y “al ámbito propio de las empresas privadas”, la división de poderes y la independencia de jueces y fiscales.” Todas cuestiones que –quizás no lo sepan y haya que avisarles—son de plena vigencia en el país.
El extraño pedido de que se asegure lo que existe, como si no contáramos con ellas desde la recuperación democrática, sirve además para presentar sus ambiciones en materia económica. En este plano se desentienden abiertamente de su responsabilidad en el proceso inflacionario, que adjudican a “las políticas macroeconómicas”; es decir, a la acción del Gobierno.
Terminan de mostrar la hilacha demandando que el estado no intervenga en la regulación del funcionamiento de la economía. Exactamente lo contrario a lo que se viene haciendo desde 2003 y que le permitió a Argentina atravesar el período más extenso de crecimiento continuado de toda su historia, aun en medio de profundas crisis internacionales.
Los propietarios de la economía argentina se quejan de la regulación de su actividad por el Estado democrático, al tiempo que lanzan sospechas sobre su carácter republicano y su respeto de la legalidad. Una doble operación con historia.
En efecto, el juego es conocido. Los memoriosos recuerdan un documento muy parecido publicado poco tiempo antes del golpe del 76 por personajes del mundo empresarial casi idénticos a estos que ahora se juntaron. Bajo el membrete de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), figuraban entonces el Consejo Empresario Argentino (CEA), la Sociedad Rural Argentina, la Unión Comercial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara de Sociedades Anónimas, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario y la Copal (alimentación).
En esa época reclamaban “la supresión directa de todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad y dificultan la comercialización”. Su programa lo aplicó con dureza Martínez de Hoz y la dictadura genocida. Ya para 1977 la APEGE se había disuelto, pues había logrado todos sus objetivos.
Ahora quieren volver a imponer la preeminencia de sus intereses sectoriales sobre la autoridad política del gobierno elegido por la mayoría de los argentinos. Plantean una disputa que no espera a las elecciones. La herramienta que eligen es el sabotaje de la convivencia social haciendo uso de su poder económico.
La corrida contra el peso para forzar una devaluación, esconder las cosechas para achicar las reservas, apretar el acelerador de la subida de precios con cualquier pretexto, son y fueron otras tantas estrategias orientadas a torcerle la mano al poder popular. El frente de más intensidad en esa disputa es el tema de los precios.
Ahora se trata de ver qué poder prevalece. El de las instituciones democráticas o el de los oligopolios; la mayor parte de ellos, además extranjeros. El gobierno ha reaccionado con serenidad y con firmeza, conteniendo la arremetida y logrando la estabilización de las variables económicas. Pero con su declaración del pasado 21 de abril, la patota empresarial declaró que no dio por terminada la partida y que se anima a ir por más.
Para los militantes del campo popular no se trata de una película a la que tengan que asistir como espectadores. Es una competencia en la que tienen que meterse, porque se juega en su cancha. En especial, la lucha contra la carestía, donde se resuelven las condiciones de vida de millones día a día, debe convocar a la movilización militante de todos los comprometidos con la causa nacional.
No se trata solamente de hacer un mejor y más extendido programa de precios cuidados. No basta con la acción del Estado. Debe ponerse en marcha el vasto conjunto de organizaciones sociales, políticas y sindicales del campo popular y hacer suya la tarea de controlar e identificar a los responsables de la inflación, empresa por empresa. Llegó la hora de la militancia.
Licenciado. Gerardo Codina
Miembro del Consejo Editorial de Tesis11
Interesante comentario de Gerardo. De cualquier forma, este tipo de organización se diferencia del la famosa APEGE, donde se encontraba reunido el conjunto de la burguesía, que posteriormente avaló (también en conjunto) el terrible golpe de estado de 1976. En la actualidad, estas organizaciones empresarias (el bloque de poder), no tienen la misma homogeneidad que APEGE, (se vio con el anuncio de la Cámara de Comercio y la UIA, sosteniendo que no firmaron el documento) y no logró, ninguno de los sectores monopóícos integrantes, hegemonizar su dominación sobre el resto de sus componentes, sosteniendo un duro enfrentamiento interburgués por la apropiación del excedente, que se refleja en la elevada tasa inflacionaria que soporta la Argentina.
Además, no hay perspectivas de una intentona golpista, aunque hay muchos que alientan acciones destituyentes cada vez que pueden.