Hacia una nueva Ley de Educación Nacional

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Dossier sobre el proyecto de Ley de Educación Nacional (artículo 2 de 3).

Flora M. Hillert*

Tras una larga década de duras batallas de oposición al modelo neoliberal en educación, jalonado por hechos históricos como la Marcha Blanca, la Carpa Blanca, y debates, ensayos e investigaciones nacidos en ámbitos sindicales y  universitarios, la opinión pública levanta hoy un consenso casi unánime contra de la nefasta Ley Federal de Educación del menemismo, sus consecuencias, y la necesidad de su derogación.

Hechos y palabras

Tras una larga década de duras batallas de oposición al modelo neoliberal en educación, jalonado por hechos históricos como la Marcha Blanca, la Carpa Blanca, y debates, ensayos e investigaciones nacidos en ámbitos sindicales y  universitarios, la opinión pública levanta hoy un consenso casi unánime contra de la nefasta Ley Federal de Educación del menemismo, sus consecuencias, y la necesidad de su derogación.

En los próximos meses, esta aspiración podría llegar a concretarse; y, si los sectores populares tuviéramos decisión y capacidad para vencer a los sectores clericales y mercantiles, a sus ideólogos y sus representantes, podría ser reemplazada por una norma de un nuevo contenido.

No nos esperan jornadas de fáciles acuerdos y confluencias.
Los antecedentes del debate parlamentario de la Ley 1420, o de las luchas contra la Ley Domingorena en 1958, nos dicen que las pujas en educación siempre tienen un alto componente ideológico y político, y se libran en las  instituciones y en las calles.

Iniciado el debate, surge un primer cuestionamiento que parece contraponer “el cambio de la educación” al “mero cambio de la letra de la Ley”. La iglesia Católica, a través de monseñor Bergoglio, ya ha hecho conocer su opinión: admite la necesidad de mejorar la educación pero se opone a modificar la Ley.

Por el contrario, para los sectores populares, el tema de “la letra” o “el discurso”, no es menor: una hegemonía es antes que nada el triunfo de un discurso.

La Ley Federal y su discurso neoconservador direccionaron profundos cambios en el sistema educativo argentino. Sancionar legalmente otro discurso equivaldría al triunfo de otra alternativa, para orientar en otra dirección la política educacional del país.
Participación y elaboración de las leyes

El tipo de proceso participativo – aunque no vinculante –  que antecedió a la Ley Federal de Educación menemista pasó por el Congreso Pedagógico Nacional de los años 86 -87: comprendió asambleas barriales, distritales, locales, jurisdiccionales, hasta llegar a la Asamblea Nacional.

Este extenso camino no garantizó la expresión de los intereses populares: en él avanzaron  la Iglesia y los sectores privatizadores, anticipando la ideología que tuvo consenso mayoritario en los 90.

Incidieron en este resultado el temor y la falta de experiencia de participación arraigados durante los años del terrorismo de Estado,  la destrucción del tejido social, las dificultades culturales y prácticas para el protagonismo de los sectores populares.

Pero la situación del movimiento popular y el sentido común son hoy distintos. Existen, así sea coyunturalmente, posiciones antineoliberales – cuya profundidad y persistencia no podemos establecer – ;  y crece la participación en movimientos más espontáneos o más organizados, especialmente después del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Esto nos lleva a pensar que es posible expresar el sentir popular,  si se impulsa un debate que no se atenga a un corto número de encuentros ni a una agenda limitada.

En esta oportunidad, el gobierno no hace una convocatoria a mecanismos de asamblea, sino a la asistencia a debates y a la respuesta de una encuesta, muy endeble  por cierto.

Surgen con toda justificación dudas acerca de la legitimidad de la consulta, de la posible manipulación de la opinión pública.
 
Pero ante la convocatoria, cabe la indiferencia o la participación: si es verdad que se aprende a participar participando, no hay otra que tomar partido por la participación, e intentar hacerla lo más amplia, profunda y democrática posible.

Nos corresponde a los intelectuales de origen sindical, universitario, cultural, que hemos trabajado en el diagnóstico educativo durante más de diez años,  poner en manos de la opinión pública y del Parlamento el conocimiento construido.

De ahí a un proceso de elaboración de abajo hacia arriba, median impedimentos jurídicos y prácticos.

Jurídicos, porque de acuerdo con la Constitución  legislar es la tarea del Parlamento, que debate proyectos provenientes de las Cámaras, del Poder Ejecutivo, o de  iniciativa ciudadana (Arts. 39 y 77 de la Constitución de la Nación Argentina).

Prácticos, porque si el proceso fuera exclusivamente de asambleas, de todos modos habría que elegir representantes para cada una de las instancias superiores.
El Documento del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

El Documento invita a debatir el modelo de educación que queremos y el modelo de país que queremos (págs. 3 y 59).

Define a la educación como un bien público y un derecho social, se opone a concebirla como una mercancía, y sostiene que debe ser excluida de los Tratados de Libre Comercio. (pág. 15)

Propone objetivos tan ambiciosos como necesarios: “declarar obligatoria la enseñanza secundaria, universalizar la educación inicial, ofrecer alternativas educativas para los jóvenes y adultos que no completaron su escolaridad obligatoria, y garantizar el acceso y la permanencia a personas con necesidades especiales.” (pág. 25).

Reconoce que la descentralización operada en los 90 profundizó la brecha entre regiones y la desigualdad entre sectores sociales (pág.40), con el objetivo de reducir el presupuesto nacional; que pretendió llegar a municipalizar la educación;  y que hoy se reclama una mayor presencia del Estado Nacional no sólo como garante sino como actor principal. (págs 47 y 48).

Sin embargo, defiende las conclusiones y recomendaciones del Congreso Pedagógico Nacional – antecedente directo de la Ley Federal de Educación -,  y sostiene que “La nueva Ley debe reafirmar muchos de los fines y principios ya acordados a partir de los debates llevados adelante desde la recuperación de la democracia…..” (pág.13), es decir, justamente en los 80 y los 90.

En algunos párrafos el Documento afirma la responsabilidad principal e indelegable del Estado (pág. 41); en otros transcribe, sin entrecomillarlos, tres artículos de la Ley Federal de Educación que instalan a la familia como “agente natural y primario de la educación” y privilegian el papel de la Iglesia Católica (pág 19). El Documento mantiene una definición de educación pública que incluye a la estatal y la privada.

Con respecto a la educación del ciudadano, el Documento alude a la formación de los que deberán “elegir de manera reflexiva y autónoma a quienes conducen el estado….”(pág.15). Cabe preguntarse dónde se educarán los gobernantes. Sabemos, desde hace al menos dos siglos, que educar al ciudadano es educar al Soberano.

En relación  al gobierno de la educación, el Documento limita gobierno a administración, y propone gobiernos colegiados a nivel institucional; pero existen antecedentes, que deben ser recuperados, de gobiernos colegiados en los distritos, municipios, jurisdicciones y en el propio Ministerio Nacional.

¿Estamos ante insuficiencias, conciliaciones, o propuestas ambiciosas junto a un espíritu  conservador de muchos elementos de los 90?

Lo cierto es que en la definición de una táctica popular, más que dilucidar intenciones, importa determinar qué principios consideramos básicos y fundamentales, y bregar por los resultados deseables, en los debates y en las calles.
Dimensiones del desafío

Para pensar en nuevos rumbos, hay que tener en cuenta que en los últimos 20 años  nuestro sistema educativo alcanzó nuevas dimensiones: 2.500.000 alumnos más en el ámbito público y 660.000 en el privado. Sin embargo, es incorrecto pensar que el problema de la cantidad esté resuelto, y sólo queda por resolver la calidad. Cuando un 50%  repite primer grado y un 60% no termina la escuela media, es imposible escindir lo cuantitativo de lo cualitativo. ¿Cómo inciden en la crisis educativa la cantidad y calidad de las instalaciones, o la cantidad y calidad de la proporción docente – alumno?

Los cálculos dicen que  en 1984 había un promedio de 176 alumnos por establecimiento, y actualmente, 255. Para recuperar  la relación de 1984, se necesitarían 14.000 escuelas más.

En 1984 la relación docente – alumno era 1 a 14. En la actualidad, 1 a 18,8 ó 1 a 16,3 según las cifras que se tomen como base para el cálculo (ver Cuadro). Para retornar a la relación de 1984, son necesarios entre 70 y 100.000 docentes más en el ámbito estatal.
Por eso un nuevo Proyecto Educativo para un nuevo Proyecto Nacional tiene que volver a sembrar la República de escuelas y de maestros.

Relación establecimientos, docentes, alumnos. 1984 – 2001

   

Establecimien-tos

 

 

Estatales

 

Privados

 

Alumnos

 

Estatales

 

Privados

 

Docen-tes

 

Estatales

 

Privados

Año 1984* 41.086 31.855 9.231 7.448.688 5.608.884 1.839.804 531.066 398.823 132.243
Año 2000** 40.825 31.852 8.973 10.442.350 7.962.556 2.479.794 633.253 500.778 132.475
Diario Clarín

***

41.098 32.045 9.053 10.686.326 8.186.362 2.499.964 560.841 435.140 125.701

 
*Ministerio del Educación y Justicia, Estadísticas de la Educación, Establecimientos – Alumnos- Docentes (por jurisdicción.). Los datos fueron reelaborados restando los correspondientes a la educación universitaria.

** Relevamiento Anual 2000, Ministerio de Cultura y Educación.    No incluye cifras universitarias.

*** Diario Clarín, Suplemento Zona, domingo 22 de febrero 2004. Indica como Fuente: Secretaría de Política Económica / Ministerio de Educación. Las cifras son semejantes a las del Censo Nacional 2001 (La aclaración me pertenece. F.M. H.)
Estos cálculos se refieren a los aproximadamente 10 millones de personas que asisten al sistema educativo en los niveles inicial, primario y medio.

Si aspiramos a incluir a quienes nunca pasaron por la escuela, extender el nivel inicial, universalizar la escuela media, y asegurar la educación permanente, no sólo hay que sembrar la República de escuelas y de maestros, sino hacer de toda la República una escuela.

Esto no se puede hacer de un solo golpe; pero tampoco se puede hacer estableciendo un orden de prioridades escalonado de niveles educativos, que  pongan en último turno a la educación superior y universitaria: porque la población excluida o alejada de la escuela,  requiere más que ninguna de otros especialistas junto a los especialistas docentes: en el área educativa, requiere de otros educadores, antropólogos, psicólogos, lingüistas, trabajadores de la salud; en otras áreas, de ingenieros, arquitectos, técnicos, que contribuyan a la resolver los problemas más urgentes de una vida digna en una nación nueva, democrática y popular. 

*Flora M. Hillert

Directora del Departamento de Ciencias de la Educación

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Buenos Aires

 

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