El futuro de la argentina a la luz de su pasado y presente

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Abraham Leonardo Gak* 

Este destacado economista y educador, realiza un excelente análisis de los paradigmas políticos, económicos y sociales de los años 1975 hasta 2002 y el cambio cualitativo de los mismos, particularmente desde el 2003, con sus consecuencias positivas, pero también el desafío de profundizar los cambios.

La República Argentina, desde mediados de 1975 hasta marzo de 2002, fue el territorio donde se hizo el ensayo neoliberal más exitoso.

Los años ‘70 fueron signados por la generalizada aplicación en América del Sur de una política económica, que reconocía al mercado como el más eficiente distribuidor del ingreso, basada sobre un modelo de acumulación que priorizaba la renta financiera.

Este proceso se inició en la Argentina a sangre y fuego al instalarse, a partir de marzo de 1976, una dictadura, la más cruel que hayamos conocido y cuyos actores, las fuerzas armadas, fueron el sostén necesario para la instalación de un modelo, fruto de una visión fundamentalista de la globalización, al adoptar la concepción que señalaba que como país periférico debíamos aceptar que no teníamos capacidad decisoria independiente porque el poder estaba radicado en la esfera internacional.

Como no podía ser de otra manera, se generó un profundo descalabro de los equilibrios macroeconómicos, con desfinanciamiento del Estado; en particular, con la privatización del sistema previsional se agravó el carácter regresivo del sistema tributario. Todo ello significó un aumento del déficit que tuvo que ser financiado con nueva deuda.

La combinación de la apertura del mercado interno con sobrevaluación cambiaria, el pobre desempeño del ahorro interno, la fuga de capitales, los intereses de la deuda y el resultado negativo de las operaciones en divisas del sector privado generaron un incremento continuo del endeudamiento externo.

Las consecuencias de este comportamiento se fueron tornando evidentes a medida que nos internábamos en los años ‘90: desempleo, pobreza, hambre y sus secuelas, la exclusión de amplios sectores sociales de los frutos de la producción, unido a una muy pobre provisión de bienes públicos. Uno de los aspectos salientes de esta estrategia fue la descentralización del sistema educativo, transfiriendo a la jurisdicción de las provincias la totalidad de las escuelas, tanto primarias como secundarias, generando procesos educativos diferenciales, agravados por los diferentes y escasos recursos aplicados por las autoridades locales.

Este panorama se refleja en los índices económicos y sociales existentes en el año 2001, información más que inquietante: el PBI había descendido del 2001 al 2002 casi el 12%; el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos llegó a los 5 mil millones de dólares en 2001; la deuda externa pública era cercana a los 130 mil millones de dólares y la privada del orden de los 80 mil millones de dólares; las reservas internacionales del Banco Central de la Republica Argentina no llegaban a 10 mil millones de dólares; los vencimientos externos comprometidos para 2002 representaban el 80% del total de las exportaciones, incluyendo intereses que ascendían al 55% de las mismas; la desocupación y la subocupación orillaban el 35%; el 43% de la población se encontraba bajo la línea de la pobreza y la indigencia era del 17%; el trabajo informal era casi el 50%; finalmente, la inversión directa no superaba el 12% del PBI.

La crisis culminó con la renuncia anticipada del Presidente de la Nación. Luego de una sucesión de designaciones en su reemplazo, asumió la presidencia el Dr. Eduardo Duhalde, quien dispuso lo que fue a comienzos del 2002 una devaluación del peso que en primera instancia llevó su cotización a $ 1,40 por dólar, con la variable de que los deudores del sistema financiero en moneda extranjera podían cancelarlas en pesos en una relación de 1 a 1 con el dólar y los acreedores lo cobrarían en la relación de 1,40 por 1. Inicialmente se pensó en limitar el monto que gozaría de esa franquicia, pero en definitiva fue extendida a todos los deudores del sistema. La diferencia entre lo que cobraban y lo que pagaban fue resarcida a los bancos con la emisión de bonos del Estado, lo que significó un incremento de deuda pública del orden de los 16 mil millones de pesos. A ello debe agregarse que esta ventaja otorgada a los deudores bancarios permitió la cancelación de pasivos bancarios a valores anteriores a la devaluación a grandes deudores con capacidad de pago, llegando al extremo de beneficiar a exportadores cuyos ingresos se liquidaban en moneda externa.

Esta feroz devaluación significó una enorme transferencia de ingresos a los sectores exportadores (principalmente productores agrarios y petroleros) y se tradujo en un descenso de la capacidad de consumo de grandes sectores de la población que se vieron obligados a generar distintos mecanismos de subsistencia para enfrentar la situación, llegando incluso a recurrir al trueque de bienes y servicios.

La cotización de la moneda local tan competitiva, si bien tuvo como principales beneficiarias a las grandes empresas exportadoras, también permitió la recuperación de pequeñas y medianas empresas que pudieron desarrollar una actividad de sustitución de importaciones utilizando la capacidad ociosa que se había generado en el país como consecuencia de las políticas liberales que rigieron hasta ese momento. Esta utilización creciente de la capacidad ociosa del sector industrial fue el pilar del crecimiento extraordinario del PBI a partir de fines de 2002.

Como se ha señalado, los sectores exportadores fueron ampliamente beneficiados por la nueva estructura cambiaria. Simultáneamente, con la instauración de crecientes derechos de exportación y la obligación legal de liquidar, en distintos porcentajes, el monto de las exportaciones, el Estado comenzó a recuperar solvencia fiscal y volumen de reservas.

La producción agraria se vio beneficiada además, con las mejoras de los precios internacionales y el sector industrial fue ocupando un lugar creciente en el total de las exportaciones, que crecieron un 267% entre 2002 y 2010. Es de señalar que buena parte del crecimiento de las exportaciones de productos primarios y de las manufacturas de origen agropecuario se debió a un incremento significativo de los precios internacionales, en cambio las de origen industrial están vinculadas, en general, con el crecimiento del volumen exportado.
El producto bruto interno ha crecido en forma ininterrumpida entre 2002 y 2010: en 2003, el 8,8%; en 2004, el 9%; en 2005, el 9,2%; en 2006, el 8,5%; en 2007, el 8,7%; en 2008, el 6,1 %; en 2009, el  2,0% y en 2010, el 8,7%.

Una de las tareas más importantes que asumió el gobierno fue la negociación de la deuda externa, que se extendió por casi tres años. Inició una dura negociación con los acreedores privados que culminó en una propuesta de quita del orden de los 67 mil millones de dólares. Los documentos de deuda vigentes fueron canjeados por una oferta múltiple de bonos en moneda extranjera y local. La negociación fue razonablemente exitosa, ya que adhirieron a las propuestas más del 90% de los acreedores, quedando pendiente un número pequeño pero agresivo de acreedores, en su mayoría con demandas radicadas en tribunales extranjeros.

Cabe señalar, como datos más que significativos, las políticas en materia de derechos humanos y la designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia de intachable probidad e independencia. El excelente comportamiento de las variables económicas, la mejora de los niveles de empleo, la reducción de los índices de pobreza y la recuperación de los salarios de algunos sectores, le permitieron al nuevo gobierno consolidarse en el poder y asegurar la continuidad del proyecto.

El 10 de diciembre de 2007 asumió la presidencia de la Nación la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, esposa del presidente saliente. Si bien los estilos personales son diferentes se estimaba una continuidad, sin mayores problemas, de la política económica.

Sin embargo, el 2007 ya venía con turbulencias debido a la aceleración del proceso inflacionario que se transformó en el eje de la discusión política y dio origen a la reaparición de los eternos propugnadores de la disminución del ritmo de crecimiento con el ajuste de los gastos e inversiones del Estado y elevación de las tasas de interés.

Un tema de importancia en la economía es el de las expectativas sociales y, en este caso, la mayoría de los medios de comunicación (diarios, revistas, radios y televisión) fuertemente concentrados se encargaron de instalar la cuestión inflacionaria como central, sumándose así al coro que reclamaba medidas ortodoxas para detener la inflación. El gobierno no se hizo eco de estos reclamos y, en general, continuó con su estrategia.

A comienzos de 2008, el gobierno elevó al parlamento una propuesta que modificaba al sistema de derechos de exportación, al introducir el concepto de movilidad en la determinación del monto de los mismos.

El sistema de retenciones a las exportaciones de productos primarios, además de generar ingresos fiscales de por sí nada desdeñables, tenía como objetivo desconectar los precios locales de los alimentos de los precios internacionales, defendiendo así la capacidad de consumo de la población.

Dado el extraordinario crecimiento de los precios internacionales de la producción primaria, la idea de la movilidad fue vista como un intento de mejorar la recaudación fiscal, ya que existía el convencimiento de que los precios seguirían creciendo, lo que generó una confrontación de extrema gravedad.

Quedó claro que confrontaban dos modelos económicos. Por un lado, estaban los que sostenían que el futuro económico del país estaba en ampliar la capacidad exportadora de la producción primaria y su industrialización, y que el superávit de la balanza de pagos obtenido permitiría solventar las necesidades de la población; por el otro, estaban los que promovían un desarrollo integral de la producción industrial complementado con un mejoramiento, en diversidad, calidad y respeto ecológico de la producción primaria, que generarían no sólo pleno empleo al sostener un mercado interno activo, sino que también se produciría un incremento de las exportaciones con mayor valor agregado.

Por otra parte, importantes grupos de pequeños productores quedaron fuera del conflicto porque sus intereses no confluían con los de los grandes terratenientes, sino que en realidad eran antagónicos porque la ampliación de la frontera productiva de las oleaginosas amenazaba su subsistencia.

El gobierno, con ánimo de recobrar protagonismo, comenzó a generar diversas acciones, destacándose entre ellas la de pagar con reservas del Banco Central la deuda con el Club de Paris.

Durante los meses finales de 2008, el gobierno presentó distintas iniciativas para enfrentar las consecuencias de la crisis internacional. Sin duda una de las más importantes decisiones fue la de re-estatizar el sistema previsional privado. Esta medida es una de las más importantes, tal vez se la podría calificar de histórica, ya que modifica el sistema instalado a partir de 1994, que fue una de las causas principales del déficit crónico del presupuesto nacional.

La crisis financiera que se ha instalado en los países centrales se ha expandido a su economía real, con las previsibles consecuencias: desempleo, pobreza y malestar social. Su epicentro está en los Estados Unidos que, de esta manera, externalizan una situación que se fue generando durante los últimos decenios. Su importante déficit fiscal, año tras año, fue financiado por el resto del mundo. Seguramente su hegemonía económica y militar generó el erróneo concepto de que podía sustentarse en el tiempo y de esa manera financiar un exceso de consumo de su población. A lo que se agregó una agresiva política exterior que originó un gasto adicional por encima de los recursos existentes.

La industria automotriz, fuertemente vinculada con el comercio internacional, reaccionó disponiendo distintas medidas que afectaban directamente a sus asalariados (suspensiones, vacaciones anticipadas, no renovación de contrataciones de personal no estable e incluso despidos). Rápidamente, el gobierno, ante la posibilidad de la extensión de estas medidas en otros sectores, no sólo intervino y limitó el poder empresario para tomar estas decisiones, sino que lanzó una serie de propuestas en tres planos.

En primer lugar, el costo y financiamiento en condiciones muy ventajosas para los consumidores de distintos productos (automóviles, heladeras) y un blanqueo impositivo para el retorno de capitales radicados en el exterior. Es evidente que el gobierno pretende, con estas medidas, fomentar el consumo, sobre todo de la clase media, para preservar el empleo.

En segundo término, una serie de medidas dirigidas al sector de pequeñas y medianas empresas: créditos en condiciones muy favorables para equipamiento, franquicias fiscales para la incorporación de asalariados registrados y la posibilidad de regularizar, en condiciones muy favorables, su situación fiscal. Para el sector agrario también se tomaron medidas para compensar la caída de los precios y los efectos de la sequía ya mencionados. Como era de esperar las entidades representativas las rechazaron por insuficientes.

Por último, el tercer plano fue la decisión de otorgar la posibilidad de jubilarse a personas en condiciones económicas muy precarias, además de disponer el pago de un subsidio por hijo a hogares que no estaban incluidos en el sector de empleo formal y registrado.

Todas estas medidas, unidas al sostenimiento y financiamiento de remuneraciones de los asalariados para sostener el empleo a pesar de la crisis, permitieron sobrellevar sin mayores problemas la problemática global y recuperar en 2010 el crecimiento a niveles similares a los de los años anteriores.

El 2011 presenta similares circunstancias, sólo afectadas en sus perspectivas futuras por el resultado de las elecciones que se desarrollarán a lo ancho y a lo largo del país.

La argentina futura

Si bien el panorama parece muy halagüeño para la economía local, varias e importantes son las asignaturas pendientes que requieren una urgente solución.

En primer lugar, si bien mejoraron los índices referidos al empleo, la pobreza, la indigencia y la distribución del ingreso, todos estos guarismos lejos están de ser óptimos para un futuro económico posible y deseable. A esta circunstancia debemos añadirle un significativo déficit en la provisión de un hábitat digno a amplios sectores marginados de la sociedad.

El constante incremento de los precios internacionales de la producción primaria influye fuertemente en el encarecimiento de los costos de vida de la población. El lamentable fracaso en el intento de aplicar retenciones diferenciales a las exportaciones hace que el aumento de los precios en el exterior repercuta en la canasta familiar de los argentinos. El aumento de los precios internos, más allá de su natural crecimiento vinculado a las exportaciones, afecta la economía familiar; esto unido a situaciones similares tanto en materia de servicios como otros insumos, presentan un escenario inflacionario que debe ser atendido eficazmente en el corto plazo.

Por otra parte, tal como se ha señalado con anterioridad, la insuficiencia en la provisión de bienes públicos está afectando la credibilidad sobre el sostenimiento de un proceso de desarrollo en el largo plazo.

Quedan temas pendientes que deben ser resueltos en el mediano y largo plazo, como la reforma de los sistemas educativo y de salud; la reelaboración de una ley de entidades financieras; una reforma fiscal no sólo mas progresiva, sino también apoyada en una mayor participación de los impuestos a la renta y a la exteriorización de la riqueza; la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central; y la definición de una matriz industrial basada sobre el desarrollo científico y tecnológico.

Estos son los caminos que deberemos transitar para un futuro, que ya es hoy, para transformar un país que viene de una profunda adversidad y puede convertirse en un país inclusivo, pleno de posibilidades para todos y todas.
*Abraham Leonardo Gak, miembro del Plan Fénix, Profesor Honorario de las Universidades de Buenos Aires y Nacional de Salta.

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