Fue palpable el estado de conmoción que provocó el intento de magnicidio en la persona de CFK, por lejos la figura de mayor envergadura política del país, sentimiento que se potenció con sólo pensar en el inimaginable infierno que seguiría de haberse concretado el propósito que lo animó.
En este contexto sorprende que en la dirigencia política y social, excluida la derecha más rabiosa, sólo despertara una generalizada corriente de repudios dirigidos contra la violencia y los discursos de odio, como si éstos – que sí existen y son cotidianos – fueran los únicos y verdaderos responsables de la tragedia. Hasta más de uno creyó haber cumplido con su conciencia y responsabilidad políticas recomendando “bajar un cambio”. ¿Serán suficientes proclamas como éstas y otros discursos de buenas intenciones para evitar la repetición de una tragedia de estas dimensiones?
La precisión en el diagnóstico y el actuar en consecuencia es, en las actuales circunstancias, urgente y necesaria, porque si ahora el intento criminal afortunadamente fracasó, la subsistencia de las causas reales que subyacen y lo determinaron, sólo auguran la posibilidad de que en un futuro lleguemos a enfrentarnos en vida con algo parecido al infierno.
El odio es un sentimiento. Pero nadie nace con el odio bajo el brazo. Para que el odio florezca y se manifieste necesita de un soporte material, de una base real que lo alimente y determine. Un caldo de cultivo. El odio no toma cuerpo simplemente como resultado de discursos. ¿Quiénes y por qué construyen y difunden estos discursos? ¿Por qué sectores no menores de nuestra sociedad acogen y hasta de buen grado, estos mensajes, generalmente anclados en hechos y relatos fantasiosos, repetidos a destajo, las fake news, que obturan la capacidad crítica de los receptores?
Está fuera de toda duda que en nuestro caso el intento criminal tuvo una motivación política y sea quien fuere el o sus autores intelectuales y la conformación del grupo que lo llevó a cabo, el objetivo del disparo maduró dentro de un proceso de prácticas encaminadas a la decapitación de un poder gubernamental legítimo, a como diera lugar. En última instancia y si fuera necesario, recurrir a la muerte. Con más razón cuando ninguna de las prácticas hasta ese momento aplicadas, cumplidas por etapas, haya logrado alcanzar el objetivo final, máxime cuando lo que está en miras es un gobierno integrado por un personaje de alta raigambre y representación popular.
Ya hacia fines del mes de julio pasado, en otro editorial (El intento de golpe está en marcha) concluíamos que el poder real, capitaneado por el capital concentrado, trasnacional y oligopólico, hegemonizado por la actividad financiera y con dominio sobre casi todas las ramas y sectores de la economía nacional, despliega sus tentáculos en aras de reunir en un solo puño la suma del poder, incluido el de los resortes del aparato político. Todo bajo la premisa de excluir a los representantes de los sectores populares de los tres poderes del Estado y dentro de ese marco, gobernar imponiendo de hecho y de derecho las leyes del “mercado”, que no son otra cosa que las reglas y el sentido común, la subjetividad y la ética consustanciadas con el interés de ese capital. Ergo, aniquilar los derechos populares conquistados y el ámbito de disputa de los derechos a ganar.
Es parte instrumental de ese objetivo su poder en la formación de precios, los golpes de mercado financiero y cambiario, el bloqueo al fluido abastecimiento de bienes, como en el caso de los granos en silobolsas, armas con las que además de apropiarse del excedente generado por el trabajo del pueblo, practican el terrorismo económico como arma de lucha política y finalidad subversiva.
De lo que se trata, decíamos en ese editorial, es de crear en la ciudadanía y en el actual contexto de una realidad social y económica muy complicada, con una extendida porción de la población en situación de pobreza e indigencia, un estado de angustia, de incertidumbre y de temor al futuro, de convicción de la responsabilidad absoluta y exclusiva de este gobierno y del Frente de Todos por lo que acontece. De desgastar y degradar la imagen de todos ellos ante las masas. De crear en ellas el deseo de que otros, con otra política, cualquiera sea, será mejor a la ahora imperante. En fin, crear un estado de ánimo en el pueblo tal que le haga desear y bendecir un cambio de gobierno, a como dé lugar.
Esta es la base sobre la que se machaca deliberadamente con discursos de odio, para lo cual el poder real cuenta con la subordinación de los medios hegemónicos, que son parte del poder real, y su brazo político, Juntos por el Cambio y los filo nazis con la carátula de libertarios, sin olvidar el degradado papel de parte del Poder Judicial, empezando por la Corte Suprema. Para ilustración basta recordar el curso total del llamado caso Vialidad, el sermón político que durante nueve días leyó la fiscalía, culminando en el pedido de condena contra Cristina Fernández de Kirchner.
Demonizada y satanizada en un contexto de distribución regresiva del ingreso nacional, con discursos de odio direccionados hacia la masa de pobres cargados de bronca, siempre es probable que alguien se convierta en portador material del odio inculcado, más aún después de las multitudinarias movilizaciones populares que siguieron a las proclamas políticas de los fiscales del juicio Vialidad.
Por eso ahora lo que debe estar a la orden del día es la resolución de las causas primordiales que subyacen tras la bronca y malestar de los sectores subalternos y de los discursos de odio: mejorar significativamente la distribución del ingreso y limitar la mafiosa actitud de los medios hegemónico y del poder judicial, esto es reimplantar una ley de medios, regular el destino de la millonaria pauta publicitaria y apurar la depuración del Poder Judicial, comenzando con la sanción y puesta en marcha de la ley que habilite la ampliación de la Corte. A no dudarlo, la implementación de estos cambios también iniciará un proceso de fortalecimiento del Gobierno y del Frente de Todos, tanto para gestionar la gobernabilidad como para el escenario electoral del próximo año. Para empezar, es imprescindible la institucionalización del FdeT, convirtiéndolo en un ámbito de debate y toma de decisiones gestionadas democráticamente y con la participación de las organizaciones que lo integran.
Enfrentamos pues un gran desafío. Se trata de reformas que inexorablemente serán resistidas por el poder real, un poder que cuenta además entre sus respaldos al propio Departamento de Estado de los EE.UU., como lo atestigua la reciente recomendación de su embajador Mr. Marc Stanley.
Para enfrentarlo y salir airoso del ineludible conflicto de intereses, si o si es necesario terminar de construir un contrapoder de contenido democrático y popular, capaz de conquistar y desplegar su hegemonía. Ello sólo se logrará en base a luchas tras reivindicaciones legítimas y sentidas, con el acompañamiento del debate ideológico, cultural, por un nuevo sentido común y en dirección a una acción coordinada y de unidad entre las organizaciones laborales, sociales, culturales, religiosas, de DD.HH., profesionales. Que reivindique la legitimidad – porque le incumbe -.de la participación del pueblo en la toma de las decisiones importantes del ámbito público. Porque ser ciudadano no debe equivaler a ser un convidado de piedra que sólo cuente para votar cada tantos años. Eso es una formalidad de una democracia mezquina. Una lucha así emprendida resultará exitosa frente al desafío. Las conquistas de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la abolición del 2 X 1 de amnistía a los genocidas y el logro del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, prueban que con lucha, con el pueblo masivamente volcado a las calles – el arma más temida por el poder real y sus acólitos de la derecha – son viables los objetivos deseados. Es pues, hora de emprender esta obra.
Tesis 11.