Existe acuerdo en considerar la inflación en Argentina como un fenómeno con características propias y multicausal (oligopolización de la economía, restricción externa o falta estructural de dólares, economía bimonetaria con propensión al ahorro en dólares y el precio del dólar como factor de costos que empuja al alza de precios, puja distributiva con fuerza de los trabajadores en su lucha por recuperar poder adquisitivo corroído por la inflación, lucha intraburguesa por apropiación del excedente económico, peso relativo de las capas medias, pymes, etc.)
Así, el poder de los grupos dominantes en la formación de precios y su carácter dominante en el mercado, se ha convertido, en nuestro país, en un arma de desestabilización política y económica. Lo cual condiciona la estabilidad económica y monetaria y deteriora el nivel de vida de los asalariadxs y del conjunto de trabajadorxs y jubiladxs con ingresos fijos.
Por eso, un gobierno de carácter popular, aún victorioso en elecciones, tiene jaqueada permanentemente la gobernabilidad, y debe exacerbar su atención y seguimiento de las conductas de fijación de precios de los grupos dominantes, a efectos de lograr una política en favor del pueblo y una redistribución del ingreso nacional de carácter progresista.
Desde Tesis 11 en sus editoriales y artículos en la Revista, insistimos en la necesidad de políticas de control popular de precios y abastecimiento, en centros de distribución y almacenamiento de mercaderías, con intervención de las organizaciones sociales y sindicales, que denuncien las violaciones a acuerdos de precios y abastecimiento. Estas acciones de control sindical y popular deberán permitirle al gobierno sancionar a las empresas que transgredan los acuerdos establecidos.
En estos días, la convocatoria por parte de la Secretaría de Comercio Interior y Exterior, al Sindicato de Camioneros, para controlar, “in situ”, el abastecimiento de productos, sobre todo comestibles, a los centros de distribución y consumo, y a las organizaciones sociales para que colaboren en el control de precios en góndolas, es una decisión positiva que va en la dirección mencionada y por lo tanto apoyamos y felicitamos.
Sabemos que es sólo una medida por sí sola parcial, y de contenido, quizás, más simbólico que efectivo, pero ha bastado su anuncio y ejecución, para que la derecha y sus medios coaligados junto a algunas cámaras empresarias, pusieran “el grito en el cielo”, acusaran de “invasores” a los trabajadores con chaleco verde (de camioneros) y hasta anunciaran la disponibilidad del teléfono 911 para llamar a la policía para desalojarlos.
La alianza de la derecha política, sus medios de comunicación hegemónicos y la cúpula del Poder Judicial (con la “Corte Suprema de Justicia” a la cabeza) se ha convertido en un “pulpo” con tentáculos económicos, políticos, comunicacionales y judiciales que atenazan, bloquean y asfixian al gobierno con la finalidad de su desestabilización política. Es una versión moderna de golpes de estado “en capítulos o episodios”, cuyo objetivo evidente es lograr el desprestigio del gobierno para captar votos y conciencias a través de campañas de desinformación o noticias falsas, sumadas al malestar provocado por situaciones económicas que ellos mismos producen o incitan.
El rasgo dominante de la oposición argentina es su giro hacia la ultraderecha con caracteres neofascistas, que reniega y acciona, al margen y aún, contra la frágil democracia liberal en la que vivimos, cada vez de menor intensidad. Torpedean y bloquean toda acción gubernamental, incluso desconocen al Congreso, al cual no asisten ni permiten su funcionamiento. La “Corte Suprema de Justicia”, por su parte, interviene en la gestión gubernamental, bloqueando y contrariando acciones del poder ejecutivo, haciendo lugar a la permanente judicialización de los actos de gobierno, que utiliza la oposición configurando claramente un accionar antipopular e incluso anticonstitucional. Asistimos en estos días, a una acción trascendente como será, la solicitud de juicio político a los miembros de la corte suprema de justicia, que constituirá un hecho de trascendencia política.
Lamentablemente, y aun sabiendo que la pandemia generó un fuerte freno para la acción de gobierno, la gestión de Alberto Fernández no ha enfrentado a este “pulpo”, o al menos intentado hacerlo, a través de acciones y decisiones que, sin tener asegurado el éxito, hubieran representado pasos hacia experiencias transformadoras de nuevo tipo. Al mismo tiempo, la inexistencia de una política de información pública permanente que explique a la población el carácter de la crisis, sus razones y sus responsables, dejó al pueblo a merced de la campaña mediática que el poder hegemónico mantiene en forma sistemática sobre la población y, gracias a la cual, han logrado cooptar voluntades de sectores populares que adhieren e incluso votan contra sus propios intereses.
Se han concatenado episodios que grafican elocuentemente todo lo mencionado y que se orientan directamente a lograr una vuelta al gobierno de la derecha, para la aplicación, esta vez con mayor amplitud y velocidad, de políticas neoliberales de sometimiento del país, represión social y hambre.
- El atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner no se investiga adecuadamente y aún más, la jueza Capucheti libera a personajes claramente comprometidos con el hecho.
- La prisión de Milagro Salas lleva 7 años y es un paradigma de detención política por haber organizado en Jujuy un movimiento social en favor de los pobres y demostrado su eficacia en la construcción de viviendas populares y lugares de recreo popular, mejor y más barato que el gobierno provincial.
- La deuda más grande de la historia, que Mauricio Macri contrajo con el FMI, que el gobierno reconoció sin discutir su carácter ilegal y anticonstitucional, así como perversa e irracional desde lo financiero. Esta deuda será el condicionante más fuerte que tendrá toda acción progresista de gobierno.
- Bloqueo judicial al decreto presidencial que impide el aumento discrecional de las tarifas de los servicios de telefonía, y audiovisuales, declarándoles como servicio público. Bloqueo que ha permitido al grupo Clarín continuar con su política oligopólica de aumento de tarifas y ganancias exorbitantes para sus empresas.
- Bloqueo de la ley de Medios Audiovisuales que garantiza pluralidad informativa
- Bloqueo del proyecto de ampliación de miembros de la corte suprema de justicia
- Resistencia y demoras en la liquidación de exportaciones por parte de los grupos sojeros, que responden al entramado reaccionario ya mencionado, que apuntan hacia la devaluación monetaria en su favor y con graves consecuencias para la canasta familiar.
Son algunos ejemplos de situaciones políticas y económicas representativas de una presión coercitiva que los grupos de dominación real ejercen sobre un gobierno que ganó elecciones y asumió con un compromiso hacia los más necesitados.
Es indudable que la posibilidad de ruptura de estas situaciones, sólo se puede concretar con la masiva movilización de las fuerzas sociales, sindicales, políticas, que representen los intereses del pueblo trabajador. Hecho que, si bien reconoce ejemplos puntuales de concreción, no se ha manifestado aún en forma masiva y con consignas políticas claras y concretas.
Es necesaria una acción gubernamental muy amplia y concreta en la difusión de la situación crítica provocada por el accionar desestabilizador de los grupos concentrados, la derecha política, sus medios hegemónicos de comunicación y sectores decisivos del poder judicial que conforman una mafia que amenaza al pueblo en su conjunto. Insistimos en la necesidad de la conformación de un Movimiento Social y Político que nuclee a todos los representantes de trabajadores, organizaciones sociales y sindicales, y desde ahí construir un espacio político más amplio con la incorporación de organizaciones de estudiantes, profesionales, pymes, etc., unidos, desde su diferenciación, por objetivos de transformación social, económica y política del país. Este conjunto de organizaciones populares deberá encabezar las acciones en defensa del orden constitucional y de denuncia de los responsables de la crisis y sus consecuencias. Y sobre todo la convalidación de un Programa de Gobierno que contenga las reformas necesarias para garantizar una más justa distribución de la Renta Nacional, incorpore nuevos derechos para los trabajadorxs y el pueblo, y consolide una política exterior independiente de los centros de poder y favorable al país y a la comunidad latinoamericana.
Tesis 11.