Finalizando el tormentoso primer año del nuevo gobierno, y con la perspectiva de una vacuna contra el fatídico virus CV 19, se abre una nueva instancia político económica y social para el pueblo argentino.
Luego de recibir al país en ruinas, con millones de habitantes bajo la línea de pobreza, y con hambre, con altísimos índices de desocupación, trabajadores activos y pasivos, formales e informales con ingresos por debajo de sus necesidades vitales, cientos de miles de pymes quebradas y una descomunal deuda externa, el nuevo gobierno debió enfrentar la pandemia CV19
Con responsabilidad social y política se implementaron millones de subsidios y apoyo a los sectores más carenciados al mismo tiempo que se renegoció la deuda externa en manos privadas, lo cual significa un ahorro sideral de divisas para el país, que pueden ser empleadas para fines sociales.
La derecha vernácula representante de los intereses de los grupos económicos dominantes en el país, luego de un breve período de desconcierto y fraccionamiento, y aterrorizada por la posibilidad de consolidación de políticas sociales y el avance de las organizaciones sociales, ha comenzado un ataque indiscriminado contra la acción de gobierno en cualquier plano. Se ataca la consigna de aislamiento social preventivo, bajo la excusa de que el gobierno no atiende la economía. Agitan y llaman a boicotear acciones del gobierno que buscan evitar aglomeraciones que expandan el virus. A través de sus medios de comunicación dominantes, atacan medidas como las promovidas por el gobierno para la reorganización de Vicentin, empresa coligada al gobierno de Macri, que luego de estafar a sus trabajadores, proveedores y al banco Nación, se declara en quiebra. La oposición logra instaurar el “fantasma” de ataque a la propiedad privada y no se consiguen los votos necesarios para el procedimiento gubernamental propuesto que hubiera significado recuperar la empresa para el país y sus trabajadores.
Se inician ahora las negociaciones para la reprogramación de la deuda con el FMI. Deuda que contrajo el gobierno neoliberal de Macri. Esta negociación, que seguramente se hará bajo el régimen de facilidades extendidas que tiene el organismo, implica para el gobiernoel desafío de no ceder a las exigencias de ajuste al gasto social, que el FMI demanda crónicamente y que sumió a todos los países que lo han implementado, en crisis profundamente recesivas y antipopulares.
Sin embargo, anuncios recientes sobre restricciones a los planes IFE (ingreso familiar de emergencia) y de ayuda al pago de sueldos, más la inminencia de reanudación de aumentos en los servicios públicos, congelados hasta fin de año, y una nueva fórmula de ajuste para las jubilaciones, encendió luces amarillas de atención.
No caben dudas del carácter nacional y popular de este gobierno que lo diferencia de cualquier variante neoliberal y conservadora. Su énfasis en actitudes no frontales y de permanente exaltación y práctica del diálogo, hasta con quienes no cesan en la búsqueda de la desestabilización y el caos económico y social, se explican en su carácter frentista y de estilo del presidente Fernández.
El escenario que se avecina después de la caída terrible de la economía es de recuperación. En él reaparecerán las fuerzas de los grupos dominantes de la economía. La puja distributiva mostrará nuevamente la disputa histórica por el ingreso. Los formadores de precios buscarán recomponer sus ganancias y presionaran con aumentos de precios y/o desabastecimiento. Se cierne el peligro de tasas de inflación que licuen los ingresos sociales, sobre todo de los más vulnerados.
Aprobamos lo declarado por el ministro Guzmán, en el último reportaje de Alfredo Zaiat en Página 12, dónde reiteró ejes claves de la política del gobierno. Insistió en que no se negociará con el FMI sobre la base de ajustes que perjudiquen al pueblo. Advirtió, además, que la tasa de inflación será controlada por acuerdos multisectoriales, y que las reservas en divisas del Banco Central tenderán a aumentar dada la inexistencia de pagos de deuda y del superávit de la cuenta comercial. Dijo que salarios y jubilaciones aumentarán por sobre la inflación y que la economía crecerá en torno al 6 %.
Asistimos a la presión de los grupos proveedores de servicios públicos que demandan incrementos de tarifas y a los proveedores concentrados de insumos para la construcción y la industria, concretando aumentos de precios y/o desabastecimiento. La oligarquía agroexportadora y los oligopolios de distribución de alimentos permanecen agazapados y su presión devaluatoria se hará sentir nuevamente.
Pero también aplaudimos la concreción en ley del proyecto de impuesto a las grandes fortunas, la presentación del proyecto de ley sobre aborto público y gratuito, la sanción de un aumento extra en diciembre y la modificación de los períodos de ajuste de los haberes jubilatorios (de semestrales a trimestrales), así como el aumento de las partidas del plan de alimentos y subsidios como la AUH, medidas en línea con el perfil nacional y popular que el pueblo votó en este gobierno.
.Se hace indispensable una reforma tributaria que implique progresividad en la escala de mayores ingresos y patrimonios. Al mismo tiempo, se torna imprescindible lograr un mayor control sobre el comercio exterior, para asegurar el ingreso de divisas por las exportaciones nacionales. Divisas que son del país, ya que corresponden a nuestras riquezas.
Deben considerarse e implementarse las medidas económico sociales que demandan las organizaciones que representan a los sectores más desprotegidos y vulnerados.
Todo esto en dirección a garantizar una mejor distribución de los ingresos sociales y una mayor participación popular en las decisiones. Y, como siempre, será la acción y movilización popular, en sus múltiples formas y variantes, la que deberá presionar para la concreción de las promesas y voluntad gubernamental.