Un estado al servicio de quién?

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Revista Tesis 11 Nº 134 (06/2020)

(situación nacional)

Isaac Grober*

El caso Vicentin expone una disputa trascendente en relación al proyecto de Estado en el marco de una crisis legada por el Macrismo y potenciada por la pandemia. Perspectivas políticas del proyecto de expropiación. Requisitos para que el cambio se imponga y consolide

La disputa que emergió tras el anuncio presidencial de intervenir y expropiar a Vicentin, sumado a la manipulación mediática, obliga, por su trascendencia, a profundizar lo que subyace bajo el tironeo y los pronunciamientos políticos.

Más que una empresa

Vicentin es una red corporativa de 16 firmas en el país, un verdadero conglomerado de unidades industriales que operan por lo menos en ocho rubros, encabezados por un complejo agroexportador con terminal de embarque propia sobre el Río Paraná. Se desenvuelve dentro de un entramado de firmas off shore a nombre de los accionistas y directivos principales, unas subsidiarias de otras y todas controladas directa o indirectamente a través de sociedades uruguayas, más ramificaciones societarias, por lo menos las conocidas, en Paraguay, Brasil, Panamá y España. Entre todas sus plantas emplea a 6000 trabajadores directos.

Es líder local en el procesamiento de granos con plantas en Avellaneda y Ricardone, Santa Fe, con capacidad de molienda de 40.000 Tn/dia (Bolsa de Comercio de Rosario) y responsable del 10% de las ventas externas agroindustriales de Argentina, valor que supera u$s 4.000 millones anuales  (2019). Es primera exportadora del complejo sojero, participando con el 19% en el total nacional de harinas y pellets de soja y con el 22 % en el caso de aceites. Ocupa el primer lugar en la exportación de oleaginosos y sexto en cereales. Tampoco le son ajenas la producción de aceites a partir de la molienda de semillas de girasol, algodón, lino y maní, la producción de agroquímicos y de insumos farmacéuticos.

En sociedad con la multinacional de origen suizo Glencore, es ahora titular del 33.33% de Renova, la planta más grande y moderna de América del Sur para la producción de biodiesel, producto que exporta y del que es líder local. Es también productora de bioetanol, glicerina y aceites refinados. Renova, a través de Glencore, tiene como integrantes a Larry Fink y Blackrock, conspicuos nombres del fondo de inversión más poderoso del planeta y acreedor entre los más duros en las negociaciones por la reestructuración de la deuda externa argentina.

Con Algodonera Avellaneda interviene en el negocio algodonero. Con desmotadoras ubicadas en centros neurálgicos de cosecha de Chaco, Santiago del Estero y Formosa, su producción le permite ocupar el primer lugar en la actividad y ser a la vez el primer exportador de fibra. Es un rubro que Vicentín  extendió a toda la cadena de producción incluyendo hilandería, tejeduría y hasta la confección de pañales y prendas de vestir. Con el complejo frigorífico FRIAR, que incluye tres plantas industriales y con un feed lot “Los Corrales de Nicanor” con 20.000 cabezas de ganado bovino, incursionó en el rubro cárnico de exportación, aunque también se desplazó con 50 locales por 15 provincias argentinas para atender al mercado interno.

Cerrando esta rápida ilustración de las áreas por las que transita, agreguemos los vinos de alta calidad que exporta desde Bodegas Vicentin Family Wines en Mendoza, el  acopio y exportación de miel desde Promiel y la elaboradora ENAV SA de jugos concentrados de uva de la cuenca sanjuanina que exporta en su totalidad a países de todos los continentes.

Es de destacar su ascendente evolución en las dos últimas décadas, pero con marcado énfasis durante el gobierno macrista. Lo ilustra su facturación, que de u$s 3.537 millones en 2017 pasó a u$s 4.200 en 2019. Entre esos años su participación en el agronegocio creció en un  18% en la molienda de soja, el 21% en la de girasol, 69% en la exportación de granos, 4% en la producción de biodiesel y 25% la de bioetanol.

Sorpresas sospechosas

Son antecedentes que como mínimo sorprenden cuando días antes (05/12/2019) de la asunción del gobierno de Alberto Fernández, sus directivos denunciaron estar afectados de “estrés financiero”, vocablo sicológico para encubrir el reconocimiento de estado de cesación de pagos, pero que de todos modos oficializaron en febrero, dos meses después, al presentarse solicitando la apertura del concurso preventivo de acreedores, denunciando un pasivo de casi 100.000 millones de pesos.

Sorpresa que debería traducirse en sospecha cuando toma estado público que desde el 8 de noviembre y en el lapso de menos de un mes, pese a que crediticiamente no calificaba, pese a la reticencia del directorio del Banco de la Nación, Javier González Fraga, su presidente, haciéndose eco de la orden del entonces Presidente de la Nación, instruye a la gerencias del Banco, obviando al Directorio, se le otorgue a Vicentin, créditos instrumentados en 26 operaciones, que suman un total superior a  u$s 95 millones, habilitándole así una disponibilidad  cuyo destino hasta hoy se desconoce, un verdadero misterio. Es una magnitud que junto con operaciones anteriores, cuyo rembolso fue suspendido desde agosto, justo después de las PASO, supera el 20% del patrimonio computable del Nación, infringiendo los límites contenidos en la normativa del Banco Central para grandes empresas y comprometiendo en demasía la capacidad prestable de la entidad financiera más importante del país y que no quebró sólo por el hecho de ser una entidad pública y tener por eso, tras de sí, el resguardo del Estado Nacional.

Escenario de una operatoria a todas luces irregular y con la legitimidad de sospecharla como fraudulenta a dos bandas, una presuntamente orquestada por los ejecutivos de Vicentin y otra por las anteriores autoridades del Banco de la Nación, lo que derivó en una investigación penal en curso  que los involucra.

No habría de extrañar que semejante tratamiento bancario privilegiado respondiera a los jugosos aportes a las campañas electorales del entonces oficialismo, ya que a través de distintas firmas que forman parte del holding donó cerca de $ 27.5 millones, al decir de distintos medios periodísticos.

También es un misterio el destino de otros u$s 122.7 millones que debería haber quedado registrado como cobrado por la venta del 16.67% del capital accionario de Renova a Glencore, 72 horas antes del reconocimiento del estado de cesación de pagos.

Lo que sí ahora se conoce es que Vicentin Paraguay facturaba como propia producción la de origen argentino que, destinada a terceros países, se embarcaba  en la terminal portuaria de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, de propiedad de la Vicentin argentina. Presumibles operaciones de contrabando y un artificio por el que  la filial paraguaya se convierte en los papeles en una de las principales exportadoras de aquel país pese a casi no poseer activos y contar con una oficina que de máxima emplea a seis personas.

Otro proceder es el de la triangulación con ventas subfacturadas a  su filial de  Uruguay, desde donde se facturaban al precio real acordado y desde zona franca, impositivamente indolora, al verdadero comprador. Son los tradicionales métodos de todas las agroexportadoras para declarar menores ganancias, evadir impuestos, escapar a las retenciones a la exportación y fugar divisas en busca de los paraísos fiscales y/o contar con ellas para presionar por devaluaciones con el manejo de la liquidación de divisas

Todos procederes que avalan a Pedro Peretti, productor cordobés y ex director de la Federación Agraria Argentina: convencido de que  “el comercio de granos es el rubro de comercio legal más oscuro y menos transparente”.

Cúmulo de hechos por los que la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser tenida como querellante en la causa 268/20 caratulada “Sandleris Guido y otros s/ defraudación” al observar que “existen indicios de que Vicentin no sólo habría simulado su estado de cesación de pagos sino que a su vez habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero”. Esquema de ocultamiento de activos, sustrayéndolos al alcance de los acreedores.

El concurso preventivo y el después

De los 2.638 acreedores desperdigados por el mundo y a quienes Vicentin reconoce adeudarles un total de $ 99.345.20 millones de pesos, nos interesa ahondar en aquella parte más directamente vinculada a la generalidad de los argentinos.

Una es la de la banca pública y privada del país, de la que sobresale con $ 18.182 millones el Banco de la Nación, seguido por el Banco de la Provincia de Bs.As con $ 1.840 millones, importes que en conjunto representan más del 20% del total del  pasivo.

Otra es la de los $ 1.655 millones que pertenecen a 19 organismos públicos de recaudación, de los que sobresale la AFIP, a quien Vicentin le reconoce derechos sobre $ 1.525 millones pero que para el acreedor, por adición de diferencias por sobrestimación de costos y subdeclaración de exportaciones, es decir por falseamiento en la declaración de ganancias, son más de $ 9.500 millones, apetecibles en época de pandemia.

En tercer lugar, el padecimiento por este verdadero ataque a la propiedad privada, estafando en más de 25.600 millones de pesos a 1.865 productores y proveedores de granos radicados preferentemente (40%) en la Pcia de Santa Fe, en menor medida en Córdoba y el resto diseminado por otras provincias. Cientos de ellos tienen unidades de pequeña y mediana dimensión, muchos, ignorando obviamente lo que iba a suceder, fueron apurados a entregar sus cosechas hasta el día previo a la declaración de  insolvencia y hoy por eso arrastrados a una situación de falencia.

No olvidamos tampoco el desamparo en el que han caído los 6.000 trabajadores ni los $ 2.300 millones adeudados a 586 proveedores de insumos, bienes de capital y prestadores de servicios diseminados por varias provincias.

Agregamos, sólo como elemento ilustrativo, la inclusión como acreedores locales a 98 accionistas y directivos  del propio grupo fallido y 3 sociedades vinculadas, por un total de 5.800 millones de pesos, mientras varios de ellos han iniciado últimamente maniobras de vaciamiento patrimonial mediante donaciones y ventas de activos para evitar tener que cubrir con esos bienes eventuales demandas judiciales.

Tras este cimbronazo, tres hechos a destacar. Para los acreedores, la imposible perspectiva de cobro del total de sus acreencias y el dilatado tiempo que insumirá el recupero de lo que finalmente se consiga. Poco y a los premios. Es que éste es el resultado ineludible para quien recurre a la apertura de un concurso preventivo, aún en tiempos en que tienen plena vigencia los llamados principios de la seguridad jurídica.

En segundo lugar, Vicentin está de hecho totalmente paralizada. Es un monstruo comercial y productivo al que la extendida desconfianza de los productores  los inhibe ahora  de proveerle granos. Y sin insumos no hay ingeniería productiva que subsista. Las repercusiones a nivel de empleo para los trabajadores no requieren demostración. Adicionemos la vasta extensión de pobladores de varias provincias que vivían al influjo de la actividad movilizada por la operatoria de Vicentin. Cientos de pueblos, miles de seres humanos, hoy a la deriva.

Finalmente, carente de producción y con ingresos caídos, se iniciará un proceso de ventas por desguace de activos y a precios de remate, seguido por la absorción, la concentración y extranjerización  de las partes más rentables en un país en el que de siete cerealeras, cuatro son multinacionales, acentuando así la dependencia económica y la desigualdad social, factores principales de la decadencia argentina.

En síntesis, el desarrollo lógico de esta convocatoria a concurso preventivo de acreedores, de mantenerse,  concluirá inexorablemente en la quiebra y muerte  de un complejo económico de vital importancia dentro de la estructura productiva y de comercialización externa del país, con un tendal de  damnificados y un incremento en la concentración y desnacionalización de un sector clave para la reconversión del tramado productivo nacional y la cancelación de la deuda externa.

Construcción de una salida

Urgido por impedir este desenlace y en paralelo construir una herramienta capaz de aportar bases para encarar con éxito el enfrentamiento a la crisis en la pospandemia, Alberto Fernández, haciendo uso de la ley 21.499 dictó el DNU 522/2020 de intervención de Vicentin y anunció, amparado en la Constitución Nacional, la presentación al Congreso Nacional de un proyecto de ley que declare de utilidad pública y disponga la expropiación de la empresa fallida.

Con la intervención, de instrumentación inmediata, se propone la rápida puesta en marcha del grupo, evitar el desguace de sus activos, organizar el recupero de los créditos en favor de los legítimos acreedores y evitar que un coloso agropecuario con significativo peso en el comercio exterior del rubro, termine en manos extranjeras. Y como al intervenirla suplanta a la dirección empresaria responsable del estado de falencia y sospechada de fraudes, se pretende evitar que la vieja dirección,  de seguir en funciones, incurra en el ocultamiento  de pruebas de las causas penales que están en curso.

Con la expropiación, como continuación de la intervención, se busca con una visión estratégica, convertir a Vicentin en una empresa pública con mayoría estatal y con participación de productores y cooperativas agropecuarias, tanto en el capital como en la dirección, para desarrollar en conjunto una nueva concepción de gestión empresaria.

Con la expropiación, el Estado no tiene como meta motivadora la recuperación de las acreencias del Banco de la Nación ni las de origen tributario, pero se “resarcirá” con un activo productivo con aptitud de cumplir un rol estratégico como empresa testigo en una actividad vital dominada por oligopolios, algunos multinacionales, como ADM, Dreyfus, Cargil, Bunge, COFCO, Aceitera General Deheza (AGD) o Molinos Agro, del grupo Pérez Companc.

Siendo parte de negocio agroexportador, la Vicentin pública, que se prevé sería controlada o  incorporada bajo la  dirección de YPF AGRO,  conocerá por dentro los secretos del negocio, la verdadera rentabilidad de la operatoria, la relación con los verdaderos mercados de destino, ser referente en el blanqueo del mercado de divisas, darle estabilidad y previsibilidad a ese mercado. En pocas palabras, un Estado ingresando en forma directa en el centro del poder económico de Argentina

Por el lugar que ocupa, por la incidencia en la actividad, porque siendo de interés público  es ajena al objetivo de obtención de la máxima ganancia y por incluir en su dirección a auténticos productores, podrá fijar precios equitativos en sus compras a los productores, mejorando así la distribución regional de la renta. Es un beneficio que se suma al de la posibilidad de aprovechar su fenomenal  poder de compra y recurrir en busca de menores precios a los fabricantes de insumos agropecuarios para su posterior reventa a precios ventajosos a los productores y proveedores de granos.

Al mismo tiempo, por ser referente como empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos, podrá ser una contribución inestimable para la regulación de precios internos de los principales rubros alimenticios y así aportar a  la soberanía alimentaria argentina.

En la vereda de enfrente

La indiscutible necesidad de aportes financieros para recomponer al menos el capital de trabajo para la puesta en marcha, diluye cualquier postura que pretenda prescindir en forma total y completa la presencia del Estado. En el actual estado de situación de Vicentin, es ilusorio el acceso al crédito. Pese a todo, diría el más fanático de los neoliberales, objetivamente se lo necesita, pero no con los alcances de una expropiación.

Lo dijo abiertamente Sergio Nardelli, el CEO de Vicentin en su reunión con el Presidente: dispuesto a aceptar la sociedad con el Estado, aceptar que éste capitalice sus créditos, pero conservar el control de gestión en manos de los viejos accionistas. Un Estado proveedor de financiamiento, cómplice del saqueo y del status quo. Arquitectura típica del Estado bobo.

El pronunciamiento de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el agrupamiento gremial de los más conspicuos y poderosos empresarios del país, refuerza el mismo pensamiento: “La estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es el sector privado al que le corresponde definidamente asumir la responsabilidad de controlar, dirigir y administrar a las empresas en la Argentina”.

Y más precisamente, la Bolsa de Cereales afirma que “es importante tener en cuenta que el objetivo final no debe ser la expropiación, sino garantizar una mejor negociación entre las partes involucradas, acreedores, trabajadores y grupos económicos interesados en adquirir la firma”.

Lo que irrita al establishment no tiene nada que ver con la legalidad, la inconstitucionalidad, la inseguridad jurídica ni el de la falta de respeto al principio de la propiedad privada que  muchas veces se aduce, incluso para desgastar políticamente al gobierno, cuando la realidad de los hechos prueba que si alguien avasalló el derecho a la propiedad privada e infringió las bases de la seguridad jurídica fue Vicentin al confiscar activos de miles de personas físicas y jurídicas del país y del exterior, incluyendo el ocultamiento de sus propios activos hasta el punto de abonar la sospecha del falseamiento de su real estado de cesación de pagos.

Lo que realmente le preocupa al establishment es la incursión del Estado al meollo del negocio, dándole posibilidad de descifrar cómo lo hacen, los expone al desnudo y paralelamente posibilita generar una corriente de simpatía que expanda una concepción ideológica y política que además de restringir sus ganancias, limite también su poder y su capacidad de presionar al gobierno de turno. Por eso para ellos la expropiación es una mala palabra.

Conclusiones

El sólo repaso del caso Vicentin ilustra la disputa entre dos diferenciadas concepciones del Estado que también van asociadas a dos proyecciones de democracia.

Al momento de escribir estas líneas no está definido el curso que tomarán los hechos y cuál será en definitiva el proyecto que se imponga. Está en desarrollo y es esencialmente político, como prácticamente lo es toda medida de política económica: al interés de  cual clase o fracción de clase se quiere beneficiar.

Por eso, suponiendo que se imponga la idea de la expropiación, de importancia estratégica sin la menor duda, sólo se dio un paso adelante en favor de un cambio en beneficio de las mayorías. Para que este cambio se consolide y abra las puertas a una corriente de transformaciones de igual  sentido, no basta con la sanción de una o más leyes. Es imprescindible la presencia activa y en unidad de las organizaciones populares, con lucha y debate, elevando la conciencia sobre la justicia y necesidad del cambio, vinculando en ello su beneficio con el beneficio del conjunto, desterrando el individualismo. Es una tarea colectiva, es con todos. Es cambiando la correlación de fuerzas en favor de las mayorías.

*Isaac Grober, Contador Público y Magister en Economía, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11

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