Revista Nº 138
(nacional/derechos de la mujer)
Manuela Expósito*
Tras la votación negativa del Congreso a la legislación orientada al derecho a elegir de las mujeres en nuestro país, hace dos años, el Ejecutivo impulsa un segundo debate con miras a su tratamiento en ambas cámaras.
La convicción de que la maternidad no debe ser algo impuesto, de que la educación sexual debe impartirse en todas las instituciones educativas del país, y de que el libre acceso a los métodos anticonceptivos tiene que ser garantizado por el Estado, ha sido una compañera fiel de la militancia feminista, con mayor fortaleza desde 2005, momento en que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito comenzó a caminar por la geografía argentina. Lo complejo de una situación como la relacionada con el deseo de interrumpir un embarazo –sea cual fuere el motivo- se torna aún más complicada en un país en que la Iglesia católica tiene una influencia tan poderosa; más aún, si nos alejamos de Buenos Aires y nos internamos en las vivencias que se dan en las provincias del interior. Las complicaciones por abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna en nuestro país, y aunque esta es solo una arista del problema, lógicamente es la más grave.
¿Qué ocurre con aquellas que logran atravesar esta experiencia traumática y sobreviven? Los números son elocuentes: en los últimos ocho años, 73 mujeres fueron criminalizadas por haber interrumpido un embarazo no deseado, e incluso por sufrir abortos espontáneos, la mayoría de ellas pertenecientes a la clase media-baja y baja. Criminalizadas significa precisamente eso: estas jóvenes, que en su mayoría tenían menos de 30 años, fueron convertidas por el sistema penal en criminales y fueron detenidas tras ser denunciadas por el propio personal de salud que debía asistirlas, acompañarlas y asesorarlas. Según el artículo 86 del Código Penal, exceptuando los casos de violación o cuando la salud de la gestante está en riesgo, el aborto es ilegal y se pena con entre 4 y 15 años de prisión de acuerdo a si la mujer prestó consentimiento con la práctica. La pena para quienes lo practiquen va de 1 a 4 años, y puede ser de 6 en caso de fallecimiento de la mujer.
La inexistencia de una ley actualizada, con una perspectiva moderna y que abarque la extremadamente diversa realidad de las mujeres en el país, no sólo obstaculiza el acceso a la interrupción del embarazo para quienes no fueron víctimas de abuso. Paradójicamente, al no haber un marco legal para todo el territorio nacional, hace que ciertos profesionales de la salud, instituciones y organizaciones vinculadas al sector eclesiástico, tengan una autonomía relativa que le cierra las puertas a aquellas mujeres cuyos casos incluso se encuadran dentro de la jurisprudencia penal. Según un informe elaborado por Human Rights Watch, son múltiples los inconvenientes para acceder a la interrupción del embarazo y la atención médica post-aborto: el desconocimiento acerca de los derechos de las pacientes, la desinformación intencional, los tiempos arbitrarios que imponen los centros de salud (para dilatar la práctica del aborto y así sobrepasar las 14 primeras semanas dentro de las cuales se puede efectuar la interrupción de modo seguro), la solicitud de denuncia policial en caso de presunta violación a pesar de la inconstitucionalidad de este acto, e incluso la abominable objeción de conciencia en hospitales públicos, que hace que aquellos profesionales que se nieguen a inscribirse en el registro sean apartados, perseguidos o estigmatizados por las autoridades o sus propios compañeros de trabajo, o que ninguno quiera atender a la paciente gestante.
La pregunta que subyace a este relato es bastante obvia: ¿todo este tipo de complicaciones y dilaciones, que en la mayoría de los casos también involucra actos de discriminación, maltrato y violencia verbal hacia las mujeres, realmente las desalienta a abortar? La respuesta se puede ilustrar fácilmente con cifras. Entre 2011 y 2016, el Ministerio de Salud contabilizó más de 270.000 mujeres internadas con complicaciones por interrupciones realizadas en la clandestinidad. Si bien es muy difícil recabar cifras exactas de estos procedimientos, puesto que no se hacen en el marco de la legalidad, ni en lugares debidamente preparados para este tipo de intervenciones, sino en el ámbito privado, se estima que en Argentina se efectúan entre 350.000 y 530.000 abortos por año. Tan sólo en 2016, según Human Rights Watch, casi 40.000 gestantes fueron internadas por problemas relacionados con el aborto; el 16% de ellas, eran niñas de entre 10 y 19 años. ¿Cuáles son las situaciones que han debido atravesar estas jóvenes previas al momento de la internación? En las niñas en un rango etáreo de 10 a 14 años, el causal mayoritario es el abuso sexual, intra o extra-familiar. En aquellas que van desde los 15 a los 19 años, juegan un rol preponderante la falta de educación sexual, el abandono prematuro de la escolarización y el escaso acceso a métodos anticonceptivos. En éste último grupo, el 90% pertenecen a hogares con graves carencias económicas. Los casos aumentan cuantitativamente en las provincias donde se registran mayores índices de pobreza: Formosa aporta el 21% del promedio nacional, Chaco el 20,4%, Misiones el 19,9%, Santiago del Estero el 18,8%, Corrientes el 18,3% y Salta el 18,3%. De hecho, en el primer semestre del 2020, en Santiago del Estero –la provincia con mayor tasa de partos de menores de 14 años a nivel federal- tres mujeres fueron presas y una fue imputada por interrumpir su embarazo, en las localidades de Forres, Ojo de Agua, Nueva Esperanza y Añatuya.
El constante y denodado esfuerzo del movimiento de mujeres en Argentina por lograr, muchas veces de espaldas a la institucionalidad democrática, un marco legal que regule una problemática que no va a desaparecer por mucho que la nieguen, llevó a que en junio del 2018 la Cámara de Diputados aprobara el proyecto presentado colectivamente. Sin embargo, dos meses después, la Cámara de Senadores lo rechazó tras una reñida votación en que por una diferencia de apenas 7 votos el proyecto fue descartado. La cámara alta es donde lógicamente la Iglesia y todas las organizaciones vinculadas al credo católico y evangélico tienen mayor poder de presión, fundamentalmente sobre los senadores que representan la Argentina profunda. No obstante esta derrota, en noviembre del 2019, desde el Ministerio de Salud se publicó la resolución 3158/2019 aprobando la actualización del Protocolo Nacional para la interrupción del embarazo; un nuevo obstáculo a la implementación surgió cuando el ex presidente Mauricio Macri derogó el protocolo en su totalidad, ocasionando la renuncia de Adolfo Rubinstein.
Luego de la asunción de Alberto Fernández, y con la designación de Ginés González García al frente de la cartera de salud, se logró restablecer y actualizar el Protocolo que garantiza que la interrupción es pasible también en casos de que las mujeres gestantes enfrenten un riesgo para su salud física, mental o social, y no sólo por una violación; que las niñas de 13 a 16 pueden prestar su consentimiento sin participación de sus progenitores; y que cuando el embarazo es de una niña menor a 13 años, automáticamente se lo considere una situación producto de un abuso sexual. Desde ese momento, tan solo 9 jurisdicciones han adherido (Buenos Aires, Entre Rios, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y CABA), dos tienen un protocolo propio (Chubut, Rio Negro), mientras en el resto de las provincias la suerte de mujeres y niñas queda librada al libre arbitrio de los profesionales del sistema de salud y la justicia provincial, dando lugar a situaciones aberrantes como la negación de la práctica del aborto incluso a niñas que fueron víctimas de violación, o la amenaza de encarcelamiento a mujeres que sufrieron abortos espontáneos. Niñas y mujeres re-victimizadas por el propio Estado, cuyos derechos sexuales, reproductivos y de acceso a la salud en condiciones de igualdad fueron una y otra vez vulnerados, siendo forzadas a continuar con un embarazo no deseado en lo que la CEDAW (en sus siglas en inglés, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) ha calificado como una forma de tortura y trato degradante.
De ello se desprende la enorme relevancia que adquiere la noticia de que un nuevo proyecto de despenalización del aborto sea presentado una vez más en el recinto legislativo, esta vez con total apoyo del Poder Ejecutivo, que dio muestras de entender que se trata de un problema vinculado con la salud pública. El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo será esta vez acompañado por otro que asegura la asistencia estatal durante los primeros 1.000 días desde el momento de la gestación y hasta los 2 años de los niños y niñas. El primero se centra en garantizar el aborto seguro y legal hasta la semana 14 de gestación; la creación de consejerías no obligatorias en los centros de salud; la inclusión de la práctica en el Programa Médico Obligatorio para que sea posible su cobertura por obras sociales y prepagas; y la protección de la mujer de la injerencia ilegítima de terceros ante la toma de decisiones. Existen diferencias entre el proyecto original, redactado por el colectivo de mujeres, y el que actualmente está llegando al Congreso. En ese sentido, podemos señalar que el nuevo proyecto posibilita el refugio en la figura de objetor de conciencia con previa inscripción en un registro aunque con la obligación de derivar a la paciente a otro especialista que desee continuar con la práctica; el plazo para acceder a la interrupción es de 10 días (en el original eran 5); continúa penalizándose a quienes recurran a abortos clandestinos aunque con una pena menor; no se centra en que los contenidos de la ley de educación sexual integral sean laicos; y no impulsa la creación de un registro de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria de los embarazos, que sería muy útil para el diseño de políticas públicas en la materia a nivel nacional.
De cara a la próxima votación, Economía Feminista ha llevado a cabo un relevamiento de las proyecciones de voto bicameral, que deja en claro dos aspectos. En primer lugar, la despenalización del aborto se ha convertido en un eje articulador de la posición de legisladores de distintas perspectivas políticas, ya que veremos que recauda apoyos en espacios partidarios de lo más disímiles. Por el otro, que no es solamente una cuestión vinculada al género femenino, ya que varios diputados y senadores masculinos apoyan la iniciativa. Estaremos una vez más ante una votación con márgenes estrechos en la Cámara Alta, como resulta evidente tras analizar los números que a continuación se desglosan:
Proyección de votos en la Cámara de Diputados:
A favor de la despenalización: 125 votos
En contra: 112 votos
Abstención: 1 voto
Indefinidos: 19 votos
Discriminado por partido, darían las siguientes cifras:
Coalición Cívica: 4 a favor, 9 en contra, 1 indefinido
Frente de Izquierda: 2 a favor
Frente de Todos: 76 a favor, 30 en contra, 1 abstención, 12 indefinidos
Partido Justicialista: 1 a favor, 1 en contra
PRO: 14 a favor, 39 en contra
UCR: 25 a favor, 16 en contra, 5 indefinidos
Otros: 3 a favor, 17 en contra, 1 indefinido
Proyección de votos en la Cámara de Senadores:
A favor de la despenalización: 33 votos
En contra: 35 votos
Indefinidos: 4 votos
Discriminado por partido, darían las siguientes cifras:
Frente de Todos: 22 a favor, 1 en contra, 2 indefinidos
PRO: 5 a favor, 3 en contra
UCR: 4 a favor, 9 en contra, 1 indefinido
Otros: 2 a favor, 6 en contra, 1 indefinido
Entre estos cuatro indefinidos en la Cámara Alta, quienes tendrán en sus manos la responsabilidad de que el proyecto sea aprobado o no, se encuentran José Alperovich (por Tucumán en el Frente de Todos, de licencia por una denuncia de abuso), Lucila Crexell (por Neuquén, en el Movimiento Popular Neuquino), Edgardo Kueider (por Entre Rios, en el Frente de Todos) y Stella Maris Olalla (por Entre Rios, en la Unión Cívica Radical). No sólo para el movimiento de mujeres organizadas sería una victoria rotunda la aprobación del proyecto: implicaría también un paso adelante para garantizar el derecho a elegir de todas nuestras ciudadanas, quienes deberían poder tener el acceso a la salud sexual, al goce, y a una vida plena desde Ushuaia hasta La Quiaca, sin importar su credo, su origen social, o su edad. Sería a su vez un pequeño aporte en pos del desarrollo pleno de la mujer, que tendría un enorme impacto en la realidad de todas nuestras niñas, adolescentes y adultas. Por eso, en este 2020, la consigna es única y clara: es urgente. Que sea ley.
*Manuela Expósito, licenciada en Ciencia Política (U.B.A.), integrante de la Comisión de América Latina de Tesis 11.