Revista Nº 154 (07/2023)
(nacional/economía)
Isaac Grober*
El poder y la escalada de precios. Concepciones, diagnósticos y propuestas. Lo que se oculta. La gravitación del gran capital y la necesidad de imprimir en su reemplazo un peso más decisivo al Estado. Bases para una reformulación de una política antiinflacionaria perdurable y razonablemente exitosa.
Difícilmente pueda encontrarse dentro del ámbito del saber humano una rama o especialidad más alejada de la neutralidad política que la economía y en particular la política económica.
Siempre que se estudie, analice o proponga cursos de acción para la generación de riqueza o su consecuencia, su distribución, está implícito en el objeto-sujeto a estudio, el interés de clase o fracciones de clase social involucradas, por más que se intente naturalizar al estudio y su resultado con una imagen equiparable a la de las leyes que rigen los fenómenos físicos. El ingreso es siempre el reverso de la producción y, de un modo u otro, en beneficio de unos u otros siempre queda distribuido. El cómo se distribuye está asociado al poder.
Asumiendo este enfoque, abordamos el análisis de la inflación y la lucha antiinflacionaria, en cuanto depende de factores internos, esgrimida por algunas de las distintas corrientes de pensamiento.
Está fuera de discusión que la inflación, problema que asola a la economía nacional desde larga data, es causal del deterioro del poder adquisitivo y por ello de la caída de la calidad de vida de los perceptores de ingreso fijo, en particular trabajadores, jubilados y pensionados, por lo que, al deprimir por ello al mercado interno, termina afectando a las mayorías. Fenómeno que no expresa otra cosa que la redistribución, vía precios, del ingreso nacional en beneficio de una minoría, en especial la que detenta los resortes del poder económico: el capital concentrado.
La visión monetarista. Presión de la demanda.
Enfocada en aplicarle un remedio a la inflación, hay escuelas del pensamiento y de acción política para quienes, omitiendo la consideración del predominio oligopólico y extranjerizado que caracteriza a prácticamente todas las ramas de la economía argentina, la inflación es resultado de un mercado presionado por el exceso de demanda de bienes y servicios frente a la oferta existente. Exceso de demanda, proclaman, derivada de la emisión monetaria destinada a financiar el déficit público primario, o sea al que se llega sin el cómputo de intereses.
Si hiciera falta una prueba de la falacia de este razonamiento, basta recurrir a la evidencia empírica que muestra que aún en períodos de abrupta reducción del déficit fiscal y de la masa monetaria, como en los años 2018-2019, las tasas de inflación treparon a niveles exorbitantes, muy superiores al de las últimas décadas anteriores. Tampoco son de extrañar índices de inflación en el curso de períodos con recesión. De hecho, es el alza generalizada de precios el que impone la necesidad del incremento de moneda en circulación para hacer viable un mismo nivel de transacciones y no al revés.
Más aún, no todo aumento de demanda genera incremento de costos como para que justifique un efecto sobre los precios.
Retomando señalemos que de resultas de este enfoque se sostiene –martillando el sentido común- la necesidad de comprimir el gasto público, norma que en particular se orienta al que cubre necesidades sociales, con obvia repercusión sobre la demanda y el producto. Rara vez y por excepción admite subsanar la diferencia elevando los impuestos y, cuando lo hacen, son reacios a afectar las altas rentas y los patrimonios. Típico combo de los llamados programas de ajuste, de efecto recesivo, también aplicados por la misma escuela para subsanar – junto con la devaluación – la insuficiencia de divisas.
Es evidente el sesgo en favor del gran capital, que se refuerza cuando, para comprimir la demanda complementan a veces su instrumental elevando las tasas activas de interés, desalentando así la inversión y el consumo de las familias
Si la inflación por si sola es un fenómeno que redistribuye regresivamente el ingreso, esta visión de la causa y mecánica de funcionamiento del proceso inflacionario traducida a política correctiva, no hace más que potenciarla porque coadyuva a una mayor concentración de la riqueza y su reflejo en las expresiones oligopólicas de la estructura productiva, comercial y financiera de país y por tanto en su capacidad de formación de los precios.
Del recetario del FMI
Constituido y publicitado como prestamista de última instancia, el Fondo Monetario Internacional ha devenido en realidad en una entidad equiparable al estado mayor del capital financiero mundial. Integrado por 184 países y un Directorio de 24, la batuta está en manos de EE.UU., único con poder de veto y también el autor de la partitura a la que queda sometido el país deudor. Todo préstamo se acuerda, y los desembolsos se efectivizan, condicionados al cumplimiento de un programa económico y de hecho político, bajo permanente supervisión. La autonomía e independencia económica te la debo.
Más allá de los objetivos proclamados por sus estatutos, la estabilidad de precios al interior del país deudor no suele constituir parte del programa, ni paradigma de los condicionamientos fondomonetaristas. Las que sí se imponen son medidas que promueven y retroalimentan el proceso inflacionario, como hoy lo prueba el acuerdo suscripto en 2022 para cancelar el insólito préstamo contraído por la administración macrista:
1.- corte o minimización de los subsidios a los servicios públicos y su reemplazo por el aumento de sus tarifas.
2.- tasas activas de interés en un nivel superior al de la de la variación de precios, afectando a los costos y al crédito para el consumo.
3.- devaluar y unificar los tipos de cambio y estipular su ajuste periódico a un nivel superior al de la variación de los precios internos.
Como la instrumentación de los tópicos precedentes se articulan conjuntamente con la obligatoriedad de reducir drásticamente el déficit fiscal primario y la emisión monetaria, queda en evidencia los propósitos de este programa: promover junto con el impulso a la inflación, la caída del consumo y del producto y, sobre esta base, reducir la necesidad de importaciones. Así se proyecta acumular reservas internacionales con las cuales saldar la deuda. La inflación termina siendo así un mecanismo estratégico.
En concreto, deprimir las condiciones de vida de las mayorías, degradar la economía nacional y su estructura productiva, promoviendo a la vez una mayor centralización, concentración y extranjerización de capitales.
Atento al hecho de que por su magnitud esta deuda es objetivamente impagable, se convierte en un instrumento de extorsión. Viene por eso a la memoria el mensaje de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los EE.UU. preocupada por nuestros, por ahora, recursos naturales, entre ellos el litio. Para ellos, a falta de pan, buenas son tortas.
Presión sobre el mercado cambiario
La vía recesiva resultante de la castración del gasto público es a la que también acuden los partidarios de la concepción monetarista cuando el incremento de liquidez provisto por la emisión deriva al mercado cambiario. Práctica ésta muy propia de la cultura bimonetaria, que se manifiesta en particular en épocas en que hay insuficiencia relativa de reservas o que, por la existencia de un mercado cambiario regulado, se limita el libre acceso a las divisas. Esta mayor demanda de divisas presiona al alza del tipo de cambio y por derivación repercute sobre los precios.
Como en el caso antes mentado la compresión del gasto público se complementa con la elevación de las tasas de interés a modo de incentivo al ahorro en pesos remunerado como contrapeso a la demanda especulativa de divisas.
Hacemos notar aquí la mecánica de operar en contra de los efectos, supuestos o reales, en lugar de accionar contra las causas. Si el germen es la insuficiencia de divisas, resulta llamativa la falta de imaginación y decisión políticas para aumentar su oferta, más allá del fomento a las exportaciones o restricciones a la importación. Una de ellas, por sólo citar ejemplos, es la resistencia a reformular la administración del comercio exterior de los principales rubros de exportación, hoy concentrada en un puñado de empresas agroexportadoras, casi todas multinacionales, con significativa incidencia en el contrabando, las maniobras de sobre y subfacturación, su manifiesta actitud especulativa en retener cosechas y no liquidar divisas por exportaciones ya realizadas. Ejemplo similar al de la minería. Por qué no reservar para la esfera pública, incluso asociada a cooperativas de productores, la administración del comercio exterior de estos rubros, con lo que de hecho también se convertiría al Estado en el principal acopiador. Así, junto con asegurar un mayor flujo de divisas, le agregaría al Estado la capacidad de operar sobre los precios y el abastecimiento internos, sobre toda la cadena de producción y comercialización, mejorando incluso los ingresos y la rentabilidad de los pequeños y medianos productores.
Lo mismo vale para los puertos a la vera del Río Paraná, privatizados durante el menemato y que son los que operan en tándem con los agroexportadores
Son sólo ejemplos ilustrativos de un fenómeno que, como el de la inflación, se reitera de modo persistente y una muestra más de nuestra aseveración inicial: lo que está en debate es el poder.
Poder del que derivaron también las campañas mediáticas y las corridas cambiarias y financieras padecidas en los últimos años, caldo de cultivo y sostén que alumbra la reiterada escalada de precios.
La puja distributiva
Hecho lógico en el marco de una sociedad basada en la mercantilización de las relaciones y dentro de ella la prevalencia de la capitalización individual de las ganancias.
El que esta puja abarque a todas las clases sociales, es un hecho que de ningún modo puede equiparar las motivaciones que en lo referente a la puja alimenta a cada una ellas. Así, mientras la burguesía se anticipa y puja elevando sus precios para prevalecer, para los asalariados se trata de recuperar el precio de su fuerza de trabajo, el salario, perdido con anterioridad por la disparada inflacionaria. Su lucha no es ni puede ser pues abono al curso ascendente de los precios.
En segundo lugar, el que la mercantilización de las relaciones y la carrera por empinar cuanto antes el capital se traduzca en un proceso inflacionario, más aún con la envergadura del que nos aqueja, induce a concluir que, habida cuenta de la existencia del conflicto competitivo por prevalecer en el seno de la burguesía, sólo se explica por la inexistencia de fracción alguna que haya impuesto su hegemonía.
Quienes participan de este diagnóstico como fenómeno central, acuden como arma principal para encarrilarlo al diseño y aplicación de programas que contemplan un equilibrio macroeconómico y acuerdos consensuados de precios y de abastecimiento con una fracción del empresariado.
Son políticas en general reacias a una verdadera confrontación con los factores de poder, el gran empresariado. Cuando tuvieron resultado lo fue durante cortos períodos de tiempo y limitado espacio geográfico, como. lo prueban periódicos testimonios de los que dan cuenta los medios y los padecimientos del ciudadano: en grandes empresas falta de productos con precios regulados en las góndolas, diferencias exorbitantes de precios entre supermercados y comercios de cercanía, incrementos desproporcionados e inexplicables de precios de consumo popular respecto de los índices de inflación o del tipo de cambio.Para el imaginario público estos intentos suenan a burla y adicionalmente agudizan la crisis de representatividad y la calidad de la democracia.
Consideraciones finales
Iniciamos esta reseña anticipando el carácter político de la problemática y concluimos que política es también parte esencial de la solución. Sin menospreciar su tratamiento técnico, el combate a la inflación – más aún en los niveles con los que se manifiesta en Argentina – es un enfrentamiento contra un poder fáctico que hasta recurre al mecanismo de la suba artificial y desmesurada de precios con propósitos desestabilizadores subversivos.
El tema precios con la envergadura que tiene en Argentina, es un problema en el que está involucrada una fuerza, la incidencia y capacidad operativa de los oligopolios, más allá de toda disquisición técnica.
Frente a esa fuerza, es necesario que el Estado, tan mediática e interesadamente vilipendiado, modifique su rol, la calidad y contenido de su acción frente al mercado, confrontando y si técnicamente lo amerita, sustituyendo al poder concentrado. La necesidad de neutralizarlo lo impone.
Además, una política antiinflacionaria perdurable y razonablemente exitosa exige un abordamiento colectivo, con participación activa de las organizaciones populares y un Estado que, llegado el caso, no trepide en involucrarse en la gestión de actividades estratégicas.
*Isaac Grober, Contador Público y Magister en Economía, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.
Nota: Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente coinciden con la opinión del Consejo Editorial de Tesis 11.