El presidente Alberto Fernández abrió otro período de sesiones legislativas en la Argentina
En su discurso inaugural, el Presidente retomó sus conceptos sobre la política social del gobierno, de contención y apoyo a los sectores más necesitados. Al mismo tiempo convalidó el proceso de reactivación económica que se va delineando en Argentina, desde el último semestre de 2020. Así es, el país lleva 6 meses de reactivación del mercado interno, con descenso de la desocupación y mejoras en el consumo y con un plan de obras públicas que genera fuentes de trabajo y multiplica actividad.
La deuda externa ha representado, históricamente, ajustes y privaciones para el pueblo. Por ello, fue política de la administración Kirchner su reducción frontal, así como el pago al FMI, para obviar su intervención en la gestión pública argentina.
Sin embargo, y para financiar el descalabro de su gestión, Macri acudió nuevamente al FMI, quién accedió a un préstamo de 55 mil millones de dólares, concedido al gobierno de Mauricio Macri, violando no sólo las exigencias constitucionales argentinas de intervención del Congreso, sino incluso las normas del Fondo Monetario, por su volumen y desproporción con la cuota que le correspondería a Argentina.
Una vez más queda a la vista, en forma elocuente, la política del organismo respecto del apoyo a administraciones conservadoras y neoliberales y contra políticas sociales de reducción de las desigualdades. En este caso, se intentó apoyar la reelección de Macri para lo cual se dio hasta la intervención del, entonces, presidente norteamericano Donald Trump. Dada la importancia de la renegociación con el FMI en marcha y atendiendo a todas estas irregularidades,que incluyen una administración fraudulenta de fondos públicos, el presidente Fernández declaró haber iniciado una querella criminal para identificar a los responsables de la mayor malversación de caudales de la historia argentina
Ante esta firme postura presidencial y el avance de las medidas sociales del gobierno, sus éxitos en la lucha contra la pandemia y la obtención de vacunas, la derecha opositora, está desorbitada y desbocada. Su objetivo de primera instancia que era la fractura del bloque político gobernante, no ha dado resultados. Los grupos económicos concentrados apelan a todo su poder de fuego contra el gobierno popular. Tiene a su servicio a jueces corruptos, tribunales de casación y hasta la Corte Suprema de Justicia, para convalidar sus agresiones permanentes a la ley y la democracia. Los medios de comunicación hegemónicos bombardean con sus falsas noticias y profundizan su política de creación de sentido común.
Las manifestaciones “espontáneas” difundidas por estos medios y sus periodistas a sueldo ha llegado, en su impunidad, a la exhibición de “instalaciones” de bolsas mortuorias, con nombres de luchadorxs sociales, como Estela Carlotto, frente a la Casa de Gobierno.
Todas estas acciones políticas, de desinformación y de falsas noticias, sin ninguna rectificación posterior, sumadas a las acciones de intimidación pública impunes, no serían posibles, si los grupos dominantes no contaran con el poder judicial a su servicio.
El descrédito del accionar judicial fue comprendido por el Presidente en su mensaje, al anunciar medidas que tienden a su mejoramiento y democratización. Así es que se propiciará la formación de jurados para el juzgamiento de delitos federales. Jurados integrados por ciudadanos comunes para actuar en casos graves como secuestros, evasión, contrabando, secuestros extorsivos, trata de personas, por ejemplo.
Hemos asistido al alegato de Cristina Kirchner, frente al tribunal de casación al que se llegó por una causa armada para influir en las elecciones de 2015 a favor de Mauricio Macri. Allí, la vicepresidenta de la Nación, caracterizó adecuadamente, lo que es conocido como Lawfare. Dirigiéndose a los jueces, los hizo responsables directos de avalar causas y procedimientos ilegales y contrarios a las normas más elementales del derecho penal. Explicó a la ciudadanía, que esta acción de los jueces protegiendo y cohonestando las acciones más ilegales y contrarias al derecho, no es sólo un ataque a los políticos del Frente de Todos. Es decididamente una acción contra toda política económica y social en favor de los intereses del pueblo y que pueda perjudicar en algo a los grupos dominantes en la vida del país. Ellos, los jueces, están al servicio de esos intereses. Citó el caso del presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, visitando seis veces, al entonces presidente Macri, cada vez que tenía que actuar sobre expedientes vinculados al gobierno Kirchner
Por ello, es fundamental la reorganización y democratización del servicio de justicia en Argentina. En sus anuncios Alberto Fernández destacó la creación de un “control cruzado” del Congreso sobre el sistema de justicia. Se trata de una vez por todas, de investigar y sanear dicho sistema judicial, profundamente corrupto y parcial.
La acción gubernamental de defensa de la salud pública y la recuperación económica serán pilares para avanzar en la lucha contra la desigualdad social y económica prevaleciente en Argentina.
No obstante, sigue siendo de primerísimo orden, restablecer un equilibrio entre los ingresos sociales y los precios de los alimentos. El crecimiento astronómico de los precios de la carne, pan, frutas y verduras ha convertido en inalcanzables estos productos para la mayoría de la población. Y principalmente, de los sectores más necesitados. Insistimos en la perentoria necesidad de poner límites a estos desbordes, básicamente ocasionados por el dominio de los grupos concentrados de agroexportación, las subas de los precios internacionales y su traslado a los precios domésticos por parte de dichos oligoplios y la cadena de supermercados e intermediarios en la comercialización. Se imponen medidas como el aumento de las retenciones y/o cupos para el mercado interno a precios accesibles, así como el control gubernamental y popular sobre las góndolas.
Pero, como siempre, será la acción popular con sus manifestaciones y exigencias la que representará el soporte social a la acción de gobierno y su crítica. Así lo manifestó también Mempo Giardinelli, instando a la ciudadanía a movilizarse presencialmente, con los cuidados de rigor, para demostrar el poder del pueblo.
La conjunción de ambos factores (movilización popular y política social activa del gobierno) podrán convertir este nuevo período de sesiones legislativas, al mismo tiempo, en un nuevo momento en el camino de una gestión nacional y popular.
Sabemos que la existencia de un “sentido común” construido durante decenios de política liberal en Argentina ha representado una barrera con sectores medios y hasta populares que pueden hasta coincidir con el discurso dominante y votar contra sus propios intereses. Es de gran relevancia la necesidad de continuar la lucha ideológica en dicho terreno, con nuevas ideas y discursos. Coincidimos con Eduardo Aliverti, cuando dice: “es imperioso para las fuerzas progresistas construir un campo simbólico, comunicacional y gestual, verdaderamente diferente.”
Las distintas medidas y el accionar del gobierno de Alberto Fernández se considera positivo en general, en lo particular considero que su postura conciliadora no ha dado los resultados que se esperaban, del arco opositor no se puede esperar ningún acercamiento o gesto positivo para acompañar a la gobernabilidad, los medios monopólicos de comunicación se dedican con unción a sembrar el odio y la discordia en la sociedad, trabajando sin descanso en horadar la confianza del pueblo en la gestión de gobierno del Frente de Todos, los empresarios en su gran mayoría tampoco acompañan y solo se preocupan por sacar la mejor tajada en la crisis que tiene el país. Ante este panorama es necesario que Alberto Fernández deje un poco de lado su tono conciliador y “muestre un poco los dientes”, sería de gran ayuda para su gestión que todos, repito, todos, sus funcionarios se dedicaran a difundir sin descanso lo mucho bueno que se hace. El capítulo judicial es otro tema importantísimo, hay que ir a fondo con la reforma judicial, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Los aliados del gobierno, CGT y Organizaciones Sociales deben urgentemente estar en estado de alerta y movilización para defender los derechos y conquistas obtenidos que seguramente se volverían a perder si regresa el neoliberalísmo.-