El acuerdo con el FMI, según lo informado, ha sido considerado por el gobierno como “razonable”, porque respondería básicamente a lo que pretendía, ya que aparte de que el nuevo préstamo, que sirve para pagar el que contrajo Macri, se devuelve a diez años, con cuatro años de gracia, durante los cuales no habrá desembolsos con fondos propios, tiene como particularidad que no hay compromisos sobre las denominadas “reformas estructurales” que tradicionalmente trata de imponer el FMI (flexibilización laboral, privatización del sistema jubilatorio, privatización de empresas estatales, disminución del gasto social, disminución de la inversión en obra pública), tampoco impone una devaluación y acepta que la inflación es multicausal aceptando así la política gubernamental de acuerdos de precios.
Sin embargo, impone una disminución del déficit fiscal, año tras año (según un esquema intermedio entre lo que plantearon originalmente el FMI y el gobierno),un aumento anual de las reservas del Banco Central y una disminución gradual de los préstamos del Banco Central al Tesoro, exigencias que, combinadas con la declarada intención gubernamental de aumento simultáneo del gasto social y la inversión en obra pública, sólo podrían cumplirse si se logra un importante crecimiento económico y de las exportaciones. Esto coloca al gobierno ante un muy dificultoso doble desafío: Por un lado cumplir con el compromiso ante el FMI y sufrir sus auditorías trimestrales y, por otro lado y principalmente, cumplir con la imprescindible asistencia a los sectores populares, en la calamitosa e intolerable situación de pobreza e indigencia tan agravada por la doble crisis: la económica heredada del Macrismo y la pandemia.
Y todo esto para resolver cómo pagar una deuda criminalmente contraída por el gobierno de Macri, impulsada por el gobierno de los EEUU, e ilegalmente otorgada por el FMI en flagrante violación de sus propios estatutos, que objetivamente sirvió solo para que los grupos financieros internacionales pudieran sacar del país, en dólares, sus inversiones y extravagantes ganancias conseguidas gracias al sistema de “bicicleta financiera” armado por el gobierno anterior. Deuda que, ante la decisión del gobierno actual de pagarla para no sufrir las consecuencias de un default, lo condiciona a un nuevo acuerdo ante el FMI, que aunque mucho menos desfavorable que el firmado por Macri, limita claramente nuestra soberanía. Esta es una de las graves consecuencias que le dejó al país la política neoliberal del gobierno de Macri.
En este contexto, los acuerdos que se propone firmar el gobierno con China, tienen la doble importancia de que, por un lado, potencialmente pueden ayudar significativamente al necesario aumento de nuestras exportaciones y del crecimiento económico, esto último si se considera la importante lista de obras de infraestructura que financiaría el gigante asiático y, por otro lado, porque China viene aplicando en todo el mundo una política de acuerdos económicos con otros países basados en el criterio que denominan “ganar-ganar” y, asunto de fundamental importancia, en la no intervención en los asuntos internos de los demás países.
Ha trascendido que fue de fundamental importancia para destrabar el acuerdo con el FMI la negociación que hizo al respecto recientemente nuestro país con EEUU. La posterior declaración de Argentina reclamándole a Venezuela que colabore con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que se abra una investigación por supuestas desapariciones forzadas de personas en ese país, podría ser interpretada como una retribución de servicios a EEUU. En todo caso, el gobierno al avanzar en firmar los importantes acuerdos económicos con China, incluyendo la adhesión de Argentina al mega proyecto chino de financiación de infraestructuras en el exterior, denominado “ruta de la seda”, estaría demostrando que tiene límites lo que está dispuesto a conceder al “Tío Sam”, considerando que el gobierno estadounidense ha manifestado reiteradamente su gran preocupación por el importante crecimiento de la presencia de China en la economía de nuestro país y de toda Latinoamérica. Sucede que ese crecimiento tiene como base objetiva el hecho de que los países de América Latina, y en particular nuestro país, tienen economías complementarias con el país asiático, lo cual no es el caso con EEUU.
Finalmente, una vez más debemos advertir desde Tesis 11 que los importantes y crecientes desafíos a enfrentar por el gobierno, requieren del soporte organizado y movilizado de las organizaciones del campo popular que lo apoyan, para defenderlo, por ejemplo ante las acciones destituyentes de la oposición y de sectores del poder económico más concentrado que, entre otras cosas, boicotean sistemáticamente medidas gubernamentales tales como las intentadas para bajar la inflación y, sobre todo, para impulsar al gobierno popular a profundizar sus políticas según los intereses mayoritarios. Hasta ahora ese apoyo popular movilizado ha resultado claramente insuficiente y habría podido jugar un rol importante en apoyo y exigencia al gobierno en sus negociaciones con el FMI y los EEUU por el problema de la deuda.