El panorama político nacional se encuentra convulsionado por lo que pareciera ser la proximidad del final de las negociaciones con el FMI.
El gobierno ha anunciado un acuerdo bajo el régimen de facilidades extendidas que el FMI incluye en su menú de dispositivos para su intromisión en la política interna de los países endeudados que acuden en búsqueda de ayuda.
El presidente y el ministro de economía han subrayado que es el acuerdo “menos malo” que se ha logrado. Esto, porque no se incluirían demandas de reformas previsionales, laborales ni privatización de empresas públicas. Al mismo tiempo que no se exigen ajustes sobre salarios y jubilaciones para reducir el déficit fiscal, ni tampoco macrodevaluaciones.
Pero las cláusulas enunciadas, ya de por sí, no auguran buenos tiempos para los trabajadores, jubilados, pequeñas y medianas empresas. Es decir para el pueblo trabajador.
La reducción del déficit fiscal y la emisión monetaria para auxiliar al Tesoro Nacional, abre un panorama de confrontación con los grupos hegemónicos que no aceptarán dócilmente pagar más impuestos para reducir el déficit.
La reducción de la financiación del Banco Central a la Tesorería es, en la práctica, la confirmación de la tesis monetarista del Fondo y sus acólitos, que ven en la emisión monetaria la causal básica de la inflación, por más que reconozcan en sus comunicados razones multicausales para la inflación en Argentina. Esto implicará una herramienta recesiva, que ellos necesitan para aumentar las reservas fiscales. Lo cual, junto a las exportaciones y un menor caudal de importaciones, permitan llegar al objetivo enunciado de superávit de 5.000 millones de dólares por año, para pagarles a ellos.
Pero creemos necesario enfatizar que, por sobre las presuntas cláusulas del acuerdo, estamos en presencia de un proyecto no concretado aún. No sólo por la exigencia de aprobación legislativa, sino porque el pueblo argentino ignora su contenido real. No sabemos qué dice “la letra chica, ni mediana” del texto. Cuales condicionales harán que, en cualquier momento, en alguna de sus visitas trimestrales, los “censores” del FMI, consideren que Argentina no cumplió los objetivos pactados y empujen al país al caos. No sería extraño que lo hicieran en 2023, año electoral, como una nueva “ayudita” para el triunfo del neoliberalismo y sus recetas.
Creemos que el nudo principal del debate se encuentra en la falta de una organización política formalizada por el Frente de Todos, que debatiera la cuestión, de cara a la sociedad. Un institucionalización del Frente gobernante que convoque a las organizaciones sociales, sindicales, políticas y populares a debatir la cuestión. A analizar los riesgos de una falta de acuerdo con el FMI, y escuchar la voz del pueblo en este crucial asunto.
Conocemos sobradamente las consecuencias de cualquier acuerdo con el FMI. El pueblo debe saber esto y sobre todo, que fue la herencia que dejó el neoliberalismo de Macri, de la mano de EEUU y el FMI, para financiar la fuga de capitales especulativos de Argentina, en 2018. Y de paso, dejar una “espada de Damocles” sobre la cabeza de cualquier gobierno que no siga sus instrucciones.
Pero también deben evaluarse los riesgos de no acordar. Conocemos el “poder de fuego” de los grupos dominantes en Argentina. Sabemos cómo, junto al FMI y los fondos financieros internacionales, condujeron sistemáticamente a la Argentina, a crisis y caos social. Lo vivimos hace solo 20 años atrás, en 2001. Conocemos su poder de especulación cambiaria, haciendo volar la cotización del dólar y con ello los precios en general. Sabemos que los grupos monopólicos modifican los precios especulativamente, provocando aumentos en cascada, que elevan sideralmente la inflación. Y con ello, la caída del salario real, las jubilaciones y la pauperización creciente del pueblo.
Notamos las divergencias en el FdT. La renuncia de Máximo Kirchner, a la presidencia del bloque de diputados, puede ser vista como extemporánea e irresponsable, por algunos compañeros. Pero también como una señal elocuente de disconformidad existente en un sector importante del frente de gobierno, que ayude a una definición en sentido progresista de la crisis.
Y no sólo por los términos del acuerdo anunciado, sino por una sucesión de políticas prometidas y no implementadas, por la falta de información al pueblo dejando las comunicaciones en manos de los grupos hegemónicos que a través de su muy aceitada maquinaria de (des)información avanza cada vez más en la conformación de un sentido común popular que atenta contra los intereses de quienes caen hipnotizados por la televisión y las redes sociales.
Es necesario, ahora más que nunca, llamar a una movilización asambleísta de las organizaciones populares, bajo la consigna de que el acuerdo no está cerrado. Y que “el pueblo quiere saber de qué se trata”, como en mayo de 1810. Es imperioso democratizar las decisiones que se tomen.
Hay que denunciar el carácter ilegal de la deuda, violatoria de la ley argentina que exige la intervención del Congreso, intervención que nunca existió. Y también violatoria de los estatutos del propio FMI que impide prestar dinero para la fuga de capitales, de los países signatarios.
Los términos del acuerdo, plantean una dinámica que reconoce los montos y los plazos de vencimiento, que Mauricio Macri firmó en forma irresponsable. El FMI le entregaría a la Argentina el dinero para afrontar cada vencimiento, a condición de cumplir las exigencias planteadas, monitoreadas cada tres meses. Esto implica que durante 30 meses viviremos con la espada sobre la cabeza.
Las cartas no están echadas aún. Es vital la profundización de las políticas públicas a favor del pueblo. Es vital que el pueblo participe y reconozca al gobierno como el que votó en 2019.
Son muchas las voces que insisten en continuar negociando bajo la definición de las irregularidades cometidas, que deben correlacionar un crédito concedido en forma extraordinaria (e ilegal) con una solución, también extraordinaria. Al mismo tiempo mantener la necesidad de llevar la denuncia a los foros internacionales, aunque sepamos que no fallarán a favor de Argentina, confrontando con los poderosos. Pero también es cierto que la difusión de estas denuncias llegará a oídos de muchas naciones y pueblos que han pasado o están pasando por situaciones similares.
La entrevista de Alberto Fernández con Vladimir Putin, nos ha permitido escuchar de boca de nuestro presidente, lo nefasto que ha sido para Argentina, su historia de dependencia de EEUU y el FMI. Y al mismo tiempo, escuchamos ofrecer a nuestro país, como puerta de entrada para Rusia en la región. Estas expresiones, inusuales y alto voltaje político, deben ser consideradas muy positivas en el marco de la negociación y como una señal de no sumisión.
No es tarde para retomar la senda de la unidad en el gobierno y en el FdT como su expresión política institucionalizada.
Sabemos de los riesgos pero también de las oportunidades que las crisis, muchas veces representan. En América Latina vuelven a avizorarse rayos de esperanza, con gobiernos ya elegidos y otros a elegir, que acudan en defensa de sus pueblos. Argentina es, hoy, presidente de la Celac (organización de países de Latinoamérica y el Caribe), y su voz será escuchada.
Es necesario, apoyarse en el pueblo, escuchar su voz. Establecer una comunicación sistemática y permanente en donde el mandatario informe y escuche a sus mandantes.
EL PROCESO DE EMPODERAMIENTO AL PUEBLO NO ESTÁ CERRADO.
TESIS 11.