La presentación del proyecto de ley para la creación del “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” por los senadores del Frente de Todos, abrió paso a un nuevo escenario político del cual rescatamos en primer lugar el encolumnamiento de toda la coalición oficialista detrás del objetivo de su aprobación, dejando de lado las tensiones internas y las turbulencias asociadas al proceso de negociación y acuerdo con el FMI.
De aprobarse este proyecto, el Fondo a crearse podrá nutrirse con la captura en dólares de parte de los capitales que, sustraídos de las obligaciones fiscales, fueron fugados subrepticiamente al exterior. Fondo que así integrado hará posible aliviar la carga de la deuda con el FMI, que de otro modo pesaría sobre las espaldas de las mayorías que, claro está, no evadieron ni fugaron capitales, ni generaron por eso la necesidad de una deuda. El mandato del instrumento legal a crearse es pues que el pago de esa deuda debe correr por cuenta de los que, fuga mediante, se la llevaron, erosionando las reservas en divisas en magnitudes tales que en gran parte explican y determinaron la necesidad de recurrir a la deuda externa. Según el Banco Mundial, Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo, sólo detrás de Rusia y Gran Bretaña, por el volumen de capitales fugados por sus residentes.
En segundo lugar y en palabras de Amado Boudou es una propuesta que “viene a llenar de sentido al concepto de unidad, porque lo ordena en torno a algo concreto: la justicia distributiva. Le da respuesta, definiendo un rumbo al debate sobre la unidad.” En otras palabras, da respuesta a la pregunta:¿unidad para qué?
Y en tercer lugar, el poder real, las corporaciones mediáticas y su brazo político, Juntos por el Cambio, con su virulenta oposición al proyecto ponen nuevamente en evidencia la existencia de dos modelos o proyectos antagónicos de país, cada uno haciendo centro en intereses opuestos y diferenciados por una indisimulable grieta.
Ahora, ignorando que el espíritu que inspira la constitución del Fondo es el de descomprimir la carga de la deuda que pesa sobre las mayorías, el espectro de derecha, ocultando su raigambre de clase, lo descalifica por no ver en él otra cosa que el de ser “una caza de brujas para congraciarse con Cristina “y “sólo tener una clara intencionalidad política para poner una cortina de humo que cambie el eje del debate…”. Al igual que con la resistencia a instituir mayores retenciones a la exportación con las cuales combatir el vendaval de precios que azota a los alimentos, mientras refuerza el bolsillo de los grandes productores y los del complejo agroexportador, tampoco está ausente aquí el proyecto de enervar la convivencia social y el vínculo entre el pueblo y el gobierno, creando así el clima propicio para su reemplazo
El Fondo propuesto se nutrirá con lo recaudado en dólares producto de una penalidad equivalente del 20 al 35% impuesta sobre todo tipo de activos con valor económico radicado en el exterior y no denunciado ante la AFIP o dicho de otro modo teniendo como origen la violación de las leyes impositivas o el lavado de activoscon los que alimentaron la fuga. Integran esta galería delitos como el contrabando, las sobre y subfacturaciones en el comercio exterior, las relaciones espurias entre empresas vinculadas y otras por el estilo.
Conceptualmente no se trata pues de un blanqueo, ni de un nuevo impuesto, ni de un aporte voluntario. Es una penalidad direccionada contra delincuentes económicos de guante blanco, con la que se podrá capturar fondos con el sentido de una devolución parcial de lo sustraído y un destino específico: cancelar la deuda. No son fondos a integrarse al Presupuesto Nacional para financiar las erogaciones corrientes…
Afirmado en el espíritu de salir a la búsqueda de los capitales fugados y no el de sentarse a la espera de su presentación espontánea, el proyecto propone la derogación de instrumentos que operaron de protección de los evasores, tales como el secreto bancario, fiscal y bursátil, los que hasta ahora han facilitado el encubrimiento de delitos financieros y trabado las investigaciones de los organismos del Estado (AFIP, Banco Central, UIF). Propone además ampliar las facultades de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa como sujeto de investigación y control. Todo ello facilitará que el Estado pueda de una buena vez enterarse de quién, cómo, cuándo y dónde están los evasores.
Como complemento de lo anterior y al modo de lo legislado en otros países, crea también la figura del “colaborador” (personas físicas y jurídicas, bancos, agentes de bolsa, etc.) con la misión de colaborar en la detección y localización de bienes ocultos y de informar sobre maniobras de evasión o de lavado de activos, tarea recompensada con hasta el 30% de lo recaudado o sancionada hasta con el cargo de complicidad, en caso de probada reticencia.
La cristalización del objetivo planteado requerirá obviamente la colaboración de terceros países, tarea por demás difícil atento al hecho de ser muchos de ellos asiento de guaridas fiscales.
También habrá de recurrirse a los organismos multilaterales. La Argentina, “años ha”, se unió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de cuyos miembros logró acopiar información sobre cuentas de argentinos en guaridas fiscales, que luego fueron cajoneadas durante el macrismo.
El mismo Fondo Monetario Internacional, al menos de modo discursivo y por boca de David Lipton, otrora número dos del organismo y hoy miembro de la Secretaría del Tesoro de EE. UU., se proclamó favorable a las acciones tendientes a poner coto a esta cara oculta de la economía mundial.
Son hechos concretos que dieron pie a que nuestra Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner le solicitara al embajador de EE.UU. “la colaboración de su país con el proyecto de ley” y que el artículo 26 del mismo proyecto le encomienda al Ministerio de Economía solicitar la colaboración del FMI, facultado a brindarse en esta dirección conforme a lo prescripto por su propio estatuto
Operativamente, sin embargo, la traba inicial a superar es la de reunir en el Congreso las mayorías necesarias para la conversión del proyecto en ley, habida cuenta de la reiterada postura de la derecha favorable a cubrir con un manto de impunidad al bloque de poder y en la medida de lo posible generar el clima social propicio para sustituir al gobierno, a como dé lugar. Pero de arribar a buen puerto en el Congreso Nacional, no sería de extrañar enfrentarnos con el frecuente escollo como el de la interpretación amigable del Poder Judicial en favor del poder real, dispuesto como es su costumbre a promover las paralizantes medidas cautelares.
Estamos pues a las puertas de un combate por la propia subsistencia, que como toda conquista de derechos en favor del pueblo es solo alcanzable con la movilización y lucha unida y coordinada de las organizaciones populares. Con esta perspectiva proponemos movilizarnos desde ahora en aras de una consulta vinculante convocada por el Gobierno Nacional de modo de generar un clima de debate y clarificación de posiciones, de construcción de un sólido contrapoder en el que cada uno termine por saber contra quién y en favor de qué se pelea. En el caso actual, para que se exhiba a la luz pública quienes evadieron y fugaron capitales y sean por eso ellos quienes carguen con la deuda.
TESIS 11