CAMBIEMOS en el Gobierno: ¿Que ha cambiado en las Políticas de Estado de MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA?

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Mabel Careaga y Héctor Francisetti*

“…el gobierno de Mauricio Macri pretende modificar el paradigma de Memoria, Verdad y Justicia que se construyó  con la lucha de 40 años y las políticas de Estado aplicadas a partir de la Nulidad de las leyes de Impunidad por el gobierno de Néstor Kirchner.”

Con el diario La Nación como “nave insignia” (no es metafórico), el gobierno de Mauricio Macri pretende modificar el paradigma de Memoria, Verdad y Justicia que se construyó  con la lucha de 40 años y las políticas de Estado aplicadas a partir de la Nulidad de las leyes de Impunidad por el gobierno de Néstor Kirchner. Políticas que fueron continuadas por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, que se manifestaron claramente, con la realización de los Juicios de Lesa Humanidad, que culminaron con condenas ejemplares, reconociendo la existencia de Terrorismo de Estado y Genocidio.

Desde el triunfo del actual presidente, numerosas declaraciones, incluyendo a Mauricio Macri, niegan el número de detenidos-desaparecidos, niegan el Terrorismo de Estado y el Genocidio, Reivindican la Guerra Sucia (término que acuñó la Dictadura Militar para referirse a la represión sistemática) y reeditan la nefasta teoría de los dos demonios, que con el devenir de la actual política, sólo habrá un demonio: los detenidos-desaparecidos y todos los luchadores populares, como ejemplo nos basta la detención de Milagro Sala y los 11 compañeros de la Tupac.

Simultáneamente, quieren convencer a la Sociedad que la Justicia es venganza y que los genocidas, que gozaron de la impunidad otorgada por el Estado  hasta el 2003, son pobres viejitos enfermos que se encuentran presos, sufriendo maltratos y condiciones inhumanas de detención, como  producto de esta “venganza” ejercida por los Organismos de Derechos Humanos.

Nada más alejado de la realidad, este relato  pretende ocultar el camino hacia la  IMPUNIDAD de los Militares y sus cómplices civiles, muchos de ellos  socios  del actual gobierno, y  pretende crear el consenso social que necesitan para reprimir las protestas y manifestaciones diversas contra la  brutal transferencia de ingresos hacia las clases privilegiadas, que han  empujado a la desocupación, pobreza e indigencia a una gran parte del pueblo argentino. Este ajuste no pasa sin represión.

El camino que están construyendo hacia la IMPUNIDAD, es la dilación de los Juicios de Lesa Humanidad, la absolución de los acusados, la aplicación de penas menores y prisiones domiciliarias indiscriminadas, además de tener la firme convicción y decisión de no enjuiciar a los civiles implicados en esto delitos.

Por eso, los Organismos de DDHH, querellantes, abogados partrocinantes, victimas del terrorismo de estado, tuvimos  la formidable iniciativa, apenas comenzado este gobierno, de conformar la Mesa de DERECHOS HUMANOS, quienes nos reunimos una vez al mes para diseñar políticas conjuntas que apuntan a defender lo conquistado y ponerle freno a estas políticas negacionistas  del Terrorismo de Estado y sus consecuencias de 30.000 detenidos-desaparecidos, 10.000 presos políticos, miles de exiliados y más de 400 nietos que faltan por restituir.

Anotamos como principales motivos de alarma los siguientes:

  1. Las manifestaciones de funcionarios de distinto rango pertenecientes a la alianza gobernante.
    • I.        Darío Lopérfido, en ese momento Ministro de Cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, negó la existencia de los 30.000 desaparecidos y atribuyó a los organismos de derechos humanos “haber inventado la cifra para conseguir subsidios”. En ningún momento se desdijo públicamente de tales expresiones, ni las mismas fueron repudiadas ni por las autoridades del gobierno nacional ni por las del gobierno de la ciudad, que lo mantiene al frente del Teatro Colón. Hoy enfrenta una demanda civil por daños y prejuicios de parte de familiares afectados.
    • II.        Carlos Fernando Arroyo, Intendente de Mar del Plata, quien ya había sido denunciado por sus actitudes xenófobas, reivindicó a la dictadura cívico militar genocida, manifestando que quería que se volviera a vivir  “como en 1976”.
    • III.        El presidente Mauricio Macri, con sus declaraciones acerca del número de los detenidos-desaparecidos y la interpretación de ese período histórico como guerra sucia, habilita a diferentes actores sociales, a familiares de los genocidas y apologistas del Terrorismo de Estado, a manifestarse públicamente en el mismo sentido, para abrir una discusión saldada en los tribunales de los juicios de lesa humanidad, quienes, a lo largo y ancho del país, dictaminaron que en la Argentina hubo Terrorismo de Estado y los crímenes se produjeron en el marco de un genocidio.
  2. Estas declaraciones tienen además una correlación empírica con las políticas que se aplican en esta       materia. La nueva edición del Informe “Nunca Más” del que se quitó el prólogo escrito por Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Mattarollo, entonces autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, para la segunda edición, prólogo que expresamente condenaba la nefasta “teoría de los dos demonios” superada en cada fallo judicial y que hoy es parte de la jurisprudencia argentina.
  3. Las reuniones mantenidas por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y por el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, con conocidos apologistas de los genocidas y con abogados que impulsan el cierre del proceso de Memoria, Verdad y Justicia; reuniones que se realizaron cuasi clandestinamente y sin que se haya informado a la sociedad qué temas se trataron en las mismas.
  4. Desmantelamiento total o parcial de áreas que investigaban sobre responsabilidad o complicidades con el terrorismo de Estado y que aportaban pruebas a los procesos de justicia por delitos de lesa humanidad, parálisis de otras áreas, reorganización del personal o subejecución presupuestaria:
    • I.    La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad,  tenía un equipo de trabajo de 33 personas. Quince fueron despedidas. Se desmanteló el Grupo Especial de Relevamiento Documental, que trabajaba con los archivos y auxiliaba a la justicia en las causas en las que se investigaba la estructura orgánica de las fuerzas de seguridad durante el terrorismo de Estado. Entre otras cosas, este grupo hizo un importante aporte en el juicio sobre el esquema de trabajo y procedimiento en los denominados “vuelos de la muerte”.
    • II.    El programa Verdad y Justicia, se creó en 2007 para centralizar en un organismo la coordinación de todas las dependencias del Poder Ejecutivo que intervenían en las investigaciones por los crímenes cometidos durante la última dictadura. Actualmente no tiene línea de trabajo. Despidió 7 trabajadores, reicorporando a 3 de ellos.
    • III.    El Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa. El centro sigue funcionando, fueron despedidas dos psicólogas, una en el Chaco y otra en Buenos Aires y las demandas de asistencia se redujeron casi un 50 por ciento.
    • IV.    El Programa Nacional de Protección de Testigos quedó a cargo de Francisco Lagos, que fue subteniente de Caballería del Ejército y se ocupó de la seguridad del hotel Hyatt y de la misión de Naciones Unidas en Argentina. Es hijo del coronel retirado Luis Hilario Lagos, que fue profesor de la Escuela de las Américas en los años de la dictadura.
    • V.    El cierre de la agencia de noticias Infojus, que cubría los juicios contra los represores hizo que estos procesos perdieran visibilidad.
    • VI.    Se disolvió la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del Banco Central, que había sido creada en el 2014 para investigar delitos económicos cometidos durante el terrorismo de Estado.
  5. La prisión impuesta a Milagro Sala, a su esposo y a integrantes de la agrupación Tupac Amaru, claro ejemplo de privación de justicia y persecución política operada por el gobierno de Jujuy, perteneciente a la alianza Cambiemos.
  6. Le derogación del decreto de Raúl Alfonsín que restringía la autonomía de las Fuerzas Armadas, y se anunció que las Fuerzas Armadas tendrán un “rol preponderante en esta nueva etapa“.
  7. La derogación de la resolución del Ministerio de Defensa que prohibía a los presos por causas de lesa humanidad atenderse en hospitales militares, lo que implicaba que debían concurrir a establecimientos del Servicio Penitenciario.

  1. Los represores que están presos en cárceles comunes puedan cumplir sus condenas en sus casas.
  2. El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró en una exposición en el Colegio de Abogados que durante la gestión de Macri ya se había concedido el beneficio del arresto domiciliario para cincuenta acusados por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura y que consideraba que todos los mayores de setenta años debían acceder a esa situación de forma automática. Y salvo excepciones, la población carcelaria anciana está formada por represores, porque aunque cometieron sus crímenes cuando eran jóvenes, consiguieron eludir la prisión durante años gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos.

10.  En consonancia con la posición oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la Secretaría informó que la prisión domiciliara otorgada a los genocidas no será apelada.

11.  En junio, los jueces de la Cámara Federal de Casación, Eduardo Riggi y Liliana Catucci, anularon las condenas de tres represores por la Masacre de Capilla del Rosario, en la que fueron fusilados 14 miembros del PRT ERP en 1974. También entendieron los fusilamientos como enfrentamientos y dijeron que pudieron haberse cometido “excesos en la forma de enfrentar y reprimir” el “clima de violencia política” de la época. Se trata del fallo más regresivo en años.

12.  La estigmatización que se hace de los Organismos de Derechos Humanos, las declaraciones de Avruj, responsabilizando a H.I.J.O.S, de haber tirado piedras contra el Presidente; a pesar de la desmentida inmediata de esa agrupación el Secretario  declaró:  “Lo ocurrido en Mar del Plata, que tuvo por protagonistas a la agrupación Hijos, frente al Presidente de la Nación y la Gobernadora de la Prov. de Bs As, es muy grave. Se quebrantaron todos los límites. No es un hecho aislado ni para distraernos, cuando somos testigos que desde distintos ámbitos con discursos y arengas se propicia el odio, el miedo y la violencia”.

13.  La reciente resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que anuló las condenas impuestas a tres represores, calificando como “excesos” los crímenes cometidos contra personas que se encontraban privadas de su libertad.

14.  La Secretaría de Derechos Humanos se retiró como querellante en la causa del banquero Eduardo Saiegh  contra el ex vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, su primo William Reynal, Federico, Pablo y Eduardo Braun, parientes de Marcos Peña Braun y Miguel Braun, actuales jefe de gabinete y Secretario de Comercio.

15.  El Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata (TOF1), compuesto por los jueces Castelli, Lemos Arias y Esmoris, designado el 18/08/2016, le otorgaría finalmente el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz.

Este sucinto raconto de problemáticas llevó a organizar el 12 de setiembre de corriente año, en el Auditorio del Congreso Nacional, un Encuentro Nacional en defensa de lo Conquistado, que tuvo un éxito mayor  al esperado por los organizadores.

Este encuentro fijo dos ejes principales de trabajo:

  • Recurrir a los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo para exigir el no abandono de las políticas de Memoria Verdad y Justicia.
  • Avanzar en la convocatoria de la MARCHA DE LA RESISTENCIA a las políticas Negacionistas que se llevará a cabo los días 7 y 8 de Diciembre de 2016 en Plaza de Mayo y en el resto de las plazas principales del país.

Ese mismo día se concretó el primer paso y se logró que fueran recibidos por el presidente de la CSJ Dr. Ricardo Lorenzetti y que este invitara a los integrantes de la Mesa a la primera reunión anual de la Comision Interpoderes  cuyo informe adjuntamos.

No luchamos 40 años para volver a empezar. No estamos dispuestos a permitir genocidas impunes caminando por las calles de nuestra patria.

Gran parte de la sociedad, respeta y está comprometida con la historia de los luchadores de la década del 70, por eso estamos convencidos que como  LOS DERECHOS HUMANOS SON NUESTRA CULTURA, estaremos todos juntos defendiendo las políticas de Memoria, Verdad  y Justicia.

*Familiares y Compañeros de los 12 desaparecidos de la iglesia de la Santa Cruz

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