Las políticas neoliberales educativas y la vulneración del derecho social a la educación.

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STELLA MALDONADO*

Continuamos analizando la situación de la educación en nuestro país.

En este número una mirada sobre la fragmentación y el deterioro que la Reforma Educativa, en el marco del proyecto neoliberal, produjo en la escuela primaria.

La escuela primaria pública y gratuita es constitutiva de la nación. Más allá del mandato homogeneizador de la generación del 80 y de la Ley 1420, la instalación de un sistema obligatorio, gratuito y público de enseñanza, es un rasgo distintivo de la Argentina de la primera parte del siglo XX, y su marca civilizatoria persiste aún hoy en día a pesar del profundo deterioro de la educación en términos de desigualdad y exclusión.
 El sistema educativo argentino acompañó funcionalmente al período de sustitución de importaciones, siendo motor de ascenso social y garantizando el ingreso a la ciudadanía. Era un diseño de inclusión en los marcos del capitalismo, pero al mismo tiempo le brindó a nuestro pueblo las herramientas simbólicas necesarias para pelear por sus derechos y proyectar una utopía transformadora. Era la escuela de la promesa cumplida.
 La derrota del campo popular sobre la que se instala a sangre y fuego la dictadura militar de 1976, posibilita el desguace del Estado que como no podía ser de otra manera impacta notoriamente en la escuela pública. Estas políticas se masifican y consolidan en los 90 de la mano de la adhesión al Consenso de Washington.
 La definitiva transferencia de escuelas primarias (Escuelas Lainez) de Nación a las provincias se produce en plena dictadura militar, generando un déficit sobre todo en las provincias más pobres que eran las que tenían la mayor cantidad de establecimientos de éste tipo. Cuando se produce la transferencia de las escuelas medias e Institutos de Formación Docente a las Provincias (1993) se completa el cuadro de desfinanciamiento del sistema educativo de la mano de la absoluta desresponsabilización del Estado Nacional en materia de financiamiento del sistema.
 Profundizando esa política, luego de la ley de transferencia, se avanzó con la Ley Federal de Educación que produjo un impacto en el conjunto del sistema fragmentándolo y deteriorándolo en grado superlativo. Se trataba de reformatear el sistema educativo para adecuarlo al nuevo modelo de acumulación productiva que ya no requería grandes masas de trabajadores calificados sino mano de obra barata, flexible, intercambiable, disciplinada en un contexto de exclusión.
 La vieja escuela primaria se transformó en una Educación General Básica de 9 años (en la mayoría de las Provincias en las que se aplicó).
 El aumento de años de obligatoriedad se ha hecho sobre la base del ajuste previo de las plantas funcionales de las escuelas y el descuartizamiento de la escuela secundaria, en particular la escuela técnica.
 Finalmente, a diez años de aplicación de la reforma, existe un mayor número de adolescentes que no tiene ninguna etapa de obligatoriedad acreditada ya que los índices de deserción en el 3º ciclo han crecido notablemente. Por otra parte,  ha sido de una gran improvisación lo hecho durante la reforma: sin recursos suficientes, con edificios escolares inadecuados y con equipamientos precarios o inexistentes, a lo cual debemos sumar como variable fundamental el congelamiento salarial , la precarización de las condiciones de trabajo de los docentes y la ausencia de planes de formación permanente garantizada por el Estado.
 La escuela primaria debe recuperar su potencialidad para dotar a nuestros niños/as  de las herramientas necesarias para poder continuar estudiando, para poder expresarse libre y autónomamente, peticionar a las autoridades, organizarse con otros, en suma, para poder transformar su vida y la de su comunidad.
 Para ello es imprescindible contar con financiamiento educativo. La CTERA está luchando por una Ley que garantice un piso de 6 puntos del PBI, en el cual la participación del Estado Nacional sea sustantivamente mayor a la actual (solo 1 punto del PBI) y que además destine fondos para obtener un piso salarial unificado y termine con la exclusión educativa que hace que miles de adolescentes sean semi analfabetos a pesar de haber cursado varios años de la EGB.
          Sacar de esta crisis a nuestra escuela implica pensar además nuevas formas de organización del trabajo y nuevos puestos de trabajo, más y mejores espacios y materiales didácticos abundantes y pertinentes en cada establecimiento escolar.
 Para garantizar la escolarización, ésta debe estar sostenida por un conjunto de políticas públicas para la infancia como la asignación universal por hijo a todos los trabajadores/as ocupados registrados, no registrados y desocupados.
            Sólo recuperaremos una escuela primaria donde se produzca y se distribuya el conocimiento democráticamente en el marco de una nueva ley de educación que derogue la LFE y de definitivamente vuelta la página del modelo liberal educativo impuesto en los noventa.
 Ese es nuestro desafío y a él convocamos a las familias, a los estudiantes, a los trabajadores y organizaciones sociales.

*STELLA MALDONADO, Secretaria de Educación – CTERA

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