Un eclipse en la memoria de América Latina. Pueblos Originarios y DD. HH. en Chile y Argentina.

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El capitalismo imperialista de las naciones europeas que conquistaron el continente americano hizo todo lo posible para tapar, cubrir, y ocultar para siempre, todo vestigio de las culturas vencidas. Inglaterra en el norte, España en América Central y del Sur, y Portugal en el territorio de Brasil, provocaron el exterminio casi total de los pueblos originarios. Los sobrevivientes de cinco siglos de maltrato y matanzas, los verdaderos dueños de la tierra, luchan hoy por el reconocimiento de sus derechos ciudadanos y por el territorio que les pertenece. El discurso del actual capitalismo neoliberal se presentó como una nueva forma de hacer política a través del “diálogo pacífico” para remediar estos conflictos históricos y sociales, aunque en realidad, no hizo más que ocultar su verdadera esencia caracterizada por una violencia institucional siempre violatoria de los Derechos Humanos.

El segundo gobierno de Michelle Bachelet en Chile prometió ocuparse y resolver problemas históricos como la inclusión de los pueblos originarios o la gratuidad de la educación superior. Como todas las promesas y las acciones del progresismo chileno, las potenciales transformaciones quedaron inconclusas y no tuvieron influencia alguna en una sociedad que no se modificó demasiado en la profundización de derechos. Por el contrario, la inoperancia de la izquierda chilena motivó el retorno de la derecha política expresada en la segunda presidencia de Sebastián Piñera. Este retorno de los sectores tradicionales del conservadorismo chileno, mostró rápida y drásticamente sus intenciones de retomar la tradición pinochetista, e invisibilizar todas las luchas orientadas a la defensa de los derechos democráticos. Al igual que en la Argentina del macrismo, el gobierno chileno fue siempre obediente a la política exterior estadounidense, dejándose “conquistar” por las falsas promesas de intercambio comercial, a condición de permitir la injerencia en materia de seguridad de parte del “gran país del norte”. Esta política entreguista de Argentina y Chile, que favoreció y beneficia aún a las minorías del poder económico de ambas naciones, tuvo consecuencias siniestras en la vida de la mayoría de argentinos y chilenos. Las primeras acciones de los gobiernos neoliberales del cono sur comenzaron con la creación de supuestos enemigos internos que debían ser reprimidos porque ponían en peligro las instituciones y los propios Estados. Estos primeros enemigos en ambos países, aunque parezca un cuento increíble, fueron los Mapuches.

El gobierno argentino a partir de la llegada de Macri inició una política de exclusión y violencia hacia los Pueblos Originarios en general, y hacia los Mapuches en particular. Con una visión extranjerizante y con objetivos puestos en los intereses particulares de las minorías asociadas a capitales externos, el Ministerio de Seguridad comenzó a hostigar, violentar y criminalizar a las comunidades indígenas en función de hacer creer que los mismos formaban parte de grupos terroristas con apoyo internacional, y ponían en peligro al Estado Argentino. Este insólito argumento fue utilizado para justificar la extradición a Chile de Facundo Jones Huala, Lonco de una comunidad en Argentina, a pesar de que el pedido chileno había sido negado con anterioridad. Una visita de Macri al país trasandino hizo posible el acuerdo con Bachelet que motivó la detención de Jones Huala en Argentina y su entrega a la justicia chilena. Esta política inaugurada por el macrismo en Argentina, fue la que derivó en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. El solo hecho de acompañar una protesta Mapuche en la provincia de Chubut, fue el pecado imperdonable por el cual Santiago debía morir. Esta violencia institucional continuó provocando más injusticia y muerte de personas inocentes asesinadas por el “Estado de excepción” macrista. El posterior asesinato de un tiro por la espalda de Rafael Nahuel, un joven mapuche que llevaba adelante una protesta junto a Fausto Jones Huala, hermano menor de Facundo, fue lo que siguió en materia represiva contra las comunidades que defendían sus derechos. Fausto y Lautaro González, fueron detenidos y encarcelados, acusados por la ministra Patricia Bullrich de haber disparado contra las fuerzas represivas del grupo “Albatros” de la Prefectura Nacional. Con el regreso de la derecha en Chile, la violencia contra la cultura Mapuche se radicalizó.

En la actualidad, el gobierno de Sebastián Piñera llevó la discriminación al grado del paroxismo asesinando a muchos representantes de las comunidades originarias. El 2 de enero de 2019 asesinaron al jefe de la comunidad Raquem Pillá, el Lonko Juan de Dios Mendoza Lebu, en el municipio de Ercilla, cuyo cuerpo presentaba serias lesiones atribuibles a terceras personas. El crimen está siendo investigado. (Fuente, Nodal agencia de noticias). Estas continuas violaciones a los Derechos Humanos, motivaron que el 29 de enero del presente año, la O.N.U. recomendara a la República de Chile el cese de la discriminación contra los pueblos originarios. Aun así el 15 de febrero la corte suprema chilena confirmó los 9 años de condena a prisión al Lonko Facundo Jones Huala entregado ilegalmente por Macri a la “justicia” del vecino país. Cinco días después, el condenado inició un huelga de hambre a la que se sumaron otros tres presos mapuches, en contra de la violación de sus derechos intra- penitenciarios referidos al protocolo de visitas y a la prohibición de realizar talleres de cultura y revitalización del mapuzungún. Tres días después de estos hechos, el 18 de febrero, los comuneros mapuches Jorge Mariman Loncomilla y Matías Cariqueo Loncomilla, fueron asesinados en circunstancias muy poco claras en el sector de Pidima, en el sur de Chile. Esta ola de exterminio no pareció afectar todavía a la gestión de Piñera, esto demuestra que el ocultamiento de derechos se agudiza más si refieren a los pueblos originarios.

La relación establecida entre Argentina y Chile para coordinar las políticas represivas contra la comunidad mapuche no tuvo el éxito esperado. Por lo menos en Argentina, todas las “operaciones” montadas para desprestigiar a esta cultura fueron desmanteladas por la propia justicia. A pesar de los perversos deseos de la Ministra Patricia Bullrich para encubrir el crimen de Rafael Nahuel acusando a los chicos que se animaron a bajar del cerro su cuerpito, arriesgando su vida también, se probó en la justicia que tanto Fausto Jones Huala como Lautaro González, que estaban presos desde el injusto crimen de su compañero, eran inocentes. Se comprobó también que no solo nunca dispararon contra la prefectura, sino que jamás estuvieron armados y que su protesta fue pacífica. La ministra había mentido. Por otra parte, el 19 de marzo absolvieron a los comuneros mapuches acusados de usurpación en el lugar donde le provocaron la muerte a Santiago Maldonado. Qué ironía de este sistema de vida, “usurpación” de su propia tierra, casi un oxímoron. La injusticia sigue tanto en Argentina como en Chile, pero en el país trasandino la violencia se está legitimando de una manera realmente muy peligrosa. La derecha conservadora no tiene límites, pero solo se puede ser capaz de “eliminar al otro” en un Estado de Derecho, cuando los sectores opositores o los que dicen ser progresistas no denuncian ni militan por una verdadera igualdad. Las miradas de una izquierda europeizante, sin querer retardan la construcción de una sociedad igualitaria.

Claudio Esteban Ponce.

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