País generoso: estuvo preso acusado de traficar 99 kilos de merca y ahora integra el nuevo sindicato aeronáutico

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Un informe del periodista Roberto Alvarez Mur en el diario Contexto, da cuenta de la situación.

La nota:

Tras sortear un fuerte conflicto con trabajadores y pilotos de Aerolíneas Argentinas, el macrismo vuelve a apostar a las firmas foráneas en materia de aeronavegación y otorgó a la low cost Flybondi la posibilidad de tener un gremio exclusivo para sus empleados.

La maniobra, aprobada con rapidez mediante resolución firmada por el titular de Trabajo, Dante Sica, ha sido observada como una estrategia del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien encuentra un obstáculo en las discusiones planteadas por los demás gremios del sector frente a la llegada de las low cost, y ahora puede discutir puertas adentro con un único gremio para la firma privada.

En la nueva entidad, cuya organización fue propiciada por el propio ministro de Transporte, se pueden agremiar jefes de cabina, pilotos y supervisores de la empresa amarilla, donde también figuran expilotos de la Fuerza Aérea.

En tanto, llama la atención que, entre las filas de la dirigencia del flamante sindicato, se ubica el piloto Matías Miret, reconocido por haber pasado dos años preso tras haber sido atrapado al mando de un avión que transportaba casi 99 kilos de cocaína. El hecho tuvo lugar en 2011, cuando Miret fue detenido en Barcelona tras despegar del aeropuerto de El Palomar en una aeronave perteneciente a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá.

No obstante, los seis sindicatos históricos del sector aeronáutico se mostraron críticos a la decisión tomada por el Ministerio de Transporte, en sintonía con la marcada oposición a todo el paquete de políticas comerciales aéreas desplegado por Cambiemos desde su llegada al poder.

“Se trata de un sindicato que fue formado por la propia empresa. Se lo denomina sindicato amarillo cuando tiene ese origen. Esta organización gremial, al haber sido formada por el patrón, no está amparada por la Libertad Sindical”, expresó a Contexto Juan Pablo Mazzieri, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

Mazzieri agregó: “Pero más allá de estas cuestiones conceptuales, debe quedar claro que lo que se busca a través de la creación de este tipo de organizaciones es debilitar y coartar la posibilidad de defensa legítima que ejercen las organizaciones sindicales con representatividad plena”.

El nuevo sindicato tiene domicilio en Montevideo 550, de la ciudad de Córdoba capital, con actuación en toda la Argentina a excepción del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sica decidió darle al nuevo sindicato la categoría de “primer grado”, por lo que cuenta con personería para negociar paritarias.

“Se trata de la creación de un sindicato amarillo que operará para los intereses de la patronal y el gobierno. Pero, en la aviación, la desregulación laboral viene de la mano con la seguridad operacional”, había manifestado el titular de APLA, Pablo Biró.

En tanto, otro de los puntos más sospechosos de la conformación de este nuevo gremio es la velocidad expeditiva con que entró en vigencia. Desde APLA explicaron que el trámite de inscripción de una nueva organización que represente trabajadores “es administrativamente complejo y tarda años en ser completado, pero en este caso tardaron sólo seis meses”.

Asimismo, señalaron que desde Flybondi, en complicidad con el gobierno, buscan “atomizar a los trabajadores aeronáuticos porque queda demostrado que cuando la unidad prima, se torna difícil avasallar derechos”.

Cabe destacar, además, que APLA está en pie de conflicto por la modificación de las normativas de Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), para facilitar vuelos a pilotos con licencia extranjera, reduciendo los controles tradicionales. La norma RAAC 61, clave en este tema, fue modificada en su dinámica de revalidación para otorgar las licencias a extranjeros con un mero trámite administrativo. Según el gremio, esto va de la mano del plan de vaciamiento de la mano de obra local encarado por el gobierno.

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