¿Nueva ley de Radiodifusión?

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LIDIA FAGALE *
¿Nueva Ley de Radiodifusión? Tierras mediáticas: La renta económica e ideológica del capital simbólico se devora el Derecho Social a la Comunicación.

La geografía mediática de nuestro país, se consolidó, entre otros factores, de origen regional y mundial, tras la dinámica depredadora y apropiadora de la etapa neoliberal que signó a la década del 90.
Sus consecuencias críticas y dramáticas para millones de seres humanos, en el plano económico y social,
están siendo enfrentadas, con diferencias entre países de la región, por políticas que aspiran a modificar
algunos contornos del modelo y, en otros casos a reemplazarlo.

Este nuevo panorama, se recrea en la actualidad por la presencia de gobiernos que han logrado enfrentar algunas de las persistentes aspiraciones del imperio, reflotando y renovando políticas de integración regional, aún con límites para la ejecución de políticas distributivas que lleven a índices «tolerables», dentro del sistema, la acumulación de riqueza proporcionada por los recursos estratégicos de cada país, rematados al mejor postor durante el saqueo neoliberal. Este escenario se reprodujo, también, a raja tablas, en tierras mediáticas en el mundo y, obviamente, en nuestro país.

Por razones no sólo éticas y, de principios, cuando se aborda la necesidad de una nueva Ley de Radiodifusión, aún pendiente, a pesar de los anuncios y declaraciones del Gobierno argentino, nos remitimos al origen de la aún vigente: nacida durante la dictadura militar ( 1976-1982). Su promulgación formalizó (1978), entre otros delitos de lesa humanidad, cometidos durante el terrorismo de estado, el secuestro del derecho a la comunicación. Sin embargo, el Estado devenido institucionalmente en democrático y colonizado por las fuerzas económicas globalizadas no detuvieron su marcha hacia el reino neoliberal del mercado y la especulación.

«Las alambradas mediáticas» quedaron consolidadas tras la promulgación de la Ley de Reforma del Estado (bajo el ministerio menemista de Obras y Servicios Públicos de Roberto Dromí1) hasta el 2007, con una variedad de decretos de necesidad y urgencia funcionales a la «necesidad» y la «urgencia» de los grupos económicos, que se consolidaron en oligopolios con beneficios que no sólo incluyen la variable económica y sus consecuencias de inequidad distributiva2. Por su incidencia a nivel social, y, como parte del complejo industrial-cultural, expandido por la convergencia tecnológica, se ha convertido en un sector que intenta seguir monopolizando la disputa de sentido del conjunto de la sociedad3.

En tierras mediáticas, las categorías de comprensión desde las que se construye el relato de lo real es consustancial con la logística comunicacional que sostiene regular y organizadamente, trascendiendo fronteras, la aplicación de un determinado sistema económico, político, social en beneficio de una minoría.
Es su soporte y también su contenido.4 En realidad lejos de la pretensión de volver sobre un diagnóstico comunicacional de nuestro país resulta necesario contextualizar la matriz de nuestros reclamos, cuando planteamos legalizar aquéllo que legítimamente fue ganado en las luchas asociadas a modelos de comunicación propia por parte de vastos sectores sociales enfrentados al saqueo económico, político y cultural de nuestro país.

Siempre vale la pena repetir: donde hay pretensión de dominación absoluta, hay resistencia. Y estas variables también se han dado y se siguen dando, en la disputa de sentido que, bajo forma de comunicación, caracterizaron las principales luchas sociales de nuestro país y del continente.
Somos concientes que una ley – en este caso de radiodifusión- es una instancia reguladora que no tiene un valor en sí misma. Las leyes deben ser el resultado de la capacidad de fuerzas sociales para imponerlas
y hacerlas cumplir y esto requiere de un proceso complejo que debe estar inexorablemente asociado a un proyecto integral de país, sustentado en la idea de una justa distribución de la riqueza.

Más de una vez la historia del saqueo y la apropiación de un recurso estratégico como es la comunicación
nos demuestra la imposibilidad de realización plena y democrática de una sociedad. Así como nos habla de la imposibilidad de democratizar la comunicación si este proceso no está asociado a una verdadera política de democratización de la riqueza. Riqueza que es simbólica (ideológica-cultural) y a la vez sustento de la riqueza económica de una minoría.

En los últimos meses hemos tenido muestras contundentes de ello. Pensemos en Venezuela y en los sucesivos intentos por parte del poder mediático de agredir el proyecto de país sustentado por una elección y una mayoría social; recordemos por estos días, Bolivia y la agresión a través de los medios, asociados
a una estrategia militar –mediática, diseñada por Estados Unidos, produciendo una ola de violencia,
respaldada por los sectores mas conservadores; no olvidemos las constantes agresiones al gobierno
de Cuba, y tantos otros casos no menos recientes como el de Paraguay, a semanas de la asunción del Presidente Lugo y las presiones mediáticas a las que también se ve sometido el gobierno del Presidente
Rafael Correa de Ecuador.

En tanto, en nuestro país el texto de la futura ley radiodifusión es hasta hoy desconocido en sus detalles aunque sí ya ha sido bautizada como «Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual» por el Poder Ejecutivo Nacional, bajo la promesa de ser tratada a nivel parlamentario antes de fin de año.
Dicha dilación habrá que leerla tras la modificación de ciertas condiciones políticas locales que resultaron
como consecuencia del fracaso del gobierno para imponer la política de retenciones al agro.
Asociado a esto, la realidad argentina vapuleada por índices inflacionarios que inquietaron a la denominada clase media, se topó con «el campo» como emergente político de los sectores opositores al Gobierno y enlazados con otros ideológicamente conservadores vinculados a segmentos económicos de alta rentabilidad y concentración de la riqueza, acostumbrados a rechazar la injerencia del Estado, toda vez que se trate de, aunque sea, tímidas políticas distributivas.

Los medios de comunicación, en general, salvo honrosas excepciones, estuvieron en línea con el discurso no distribuicionista, abriendo el paraguas aunque todavía no había llovido.
Otro elemento a tener en cuenta es que la existencia de gobiernos que buscan alternativas al modelo a nivel regional , han inquietado las aguas de los sectores de derecha que miran y se asocian en diversas estrategias al país del norte, los Estados Unidos, para torcer el timón de las políticas de estado
que se implementan desde varios países de la región latinoamericana, sin intentar en esta nota señalar
las diferencias entre cada realidad y la profundidad de cada una de las medidas que se adoptan en
ese sentido.

Para ello, recurren a políticas info.-militares que organizan la mentira desde las principales usinas del poder central y hegemónico de los Estados Unidos, como fue el caso paradigmático por estos días de Bolivia. Y éstos golpes blandos, como los denomina la periodista y corresponsal de la Jornada Estela
Calloni, requieren de la asistencia permanente de los medios de comunicación, estructurados económica e
ideológicamente como la guardia pretoriana de los intereses del dinero y de diversos factores del poder
real. Frente a esta realidad, el Estado argentino no puede ni debe desconocer la necesidad urgente e
impostergable de amparar legalmente y económicamente a una sociedad que ha sabido, aun en la adversidad,
encontrar formas de comunicación para producir sus verdades.

Esas formas de comunicación desamparadas de toda contención legal, desconocidas en su camino de construcción de legitimidad social a lo largo de los últimos 25 años, que intentaron y siguen intentado romper el cerco informativo deben ser el motor del «espíritu de la futura ley».
Los denominados medios de bajo alcance, la calificada como comunicación alternativa, la producción de
contenidos nacionales y la garantía de cuotas pantalla para el cine, el teatro, la música y otros géneros
son realidades que a pesar de lo obvio reclaman un tratamiento a nivel de políticas de Estado.

Promocionar el desarrollo de proyectos en el campo de la comunicación audiovisual desde distintos formatos con el amparo de recursos estatales – como lo debe ser la educación y la salud-, regular la producción de contenidos, aspecto de enorme resistencia por parte de los oligopolios mediáticos, allanar el camino para el acceso de las tecnologías digitales antes del apagón analógico en ciernes, además de garantizar el uso social y masivo del nuevo soporte tecnológico y reconocer que hoy el campo de batalla se da en el plano de las ideas que se juegan en el escenario cultural, es una condición previa y necesaria para coordinar los preceptos de la futura norma.

Una pelea que está unida, a pesar de su constante negación, a la distribución de la riqueza. Y esto requiere mucho más que voluntad política, requiere de una fuerza social que oriente el contenido de la ley y que la haga cumplir en orden a un proyecto–país, a un proyecto mundo unido a un modelo de comunicación de las mayorías para la mayoría.
La lucha es integral, no sólo legal, porque integral es la relación entre los derechos sociales y los económicos.
Uno no puede ejercerse sin el otro.

Como todas las leyes, la nueva ley de radiodifusión no será retroactiva. Esto significa que el mapa oligopólico mediático permanecerá intacto, a pesar de algunos anuncios oficiales que anticiparon desandar la fusión entre Multicanal y Cablevisión, autorizada días previos a la finalización del mandato del ex presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, las equivocaciones y las omisiones de hoy comprometerán aún más el futuro de millones de seres humanos que verán firmar el acta de defunción del derecho a producir, recibir y difundir información veraz.

Y como siempre, vuelve la mula al trigo: No hay democracia informativa sin democracia económica.
Esperemos que la avaricia de los poseedores de la renta económica e ideológica del capital simbólico no se devore el Derecho Social a la Comunicación.

* Secretaria Adjunta General de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y Responsable del Observatorio de Medios de la UTPBA

Notas

1 La denominada ley Dromi habilitó el acceso del sector gráfico al audiovisual, abriendo camino a la conformación de multimedios desde 1989, lo que significó modificar, en parte, el art.45 de la ley de
radiodifusión, promulgada en 1978 durante la dictadura militar.

2 En 2005, se promulgó el decreto 527 que prorrogó por 10 años la concesión de licencias de televisión abierta, radio y televisión por cable. Esto significó que a los 15 años otorgados en su momento por ley y la prorroga automática por 10 años, se sumaron a partir de esa fecha, 10 años más.

3 Los grupos mediáticos locales fueron activos impulsores de la Reforma del Estado del menemismo, bajo cuyo paraguas se privatizaron los canales de televisión y radios, en concursos irregulares y apañados por aquel gobierno que se hicieron, además, recurriendo a la vigencia de la Ley de Radiodifusión de la dictadura. Se consideraron alcanzados por la reducción de aportes patronales que no les correspondía –una resolución del gobierno de Menem que beneficiaba a las industrias y no a la actividad que supone un medio de comunicación- por lo que evadieron millones de pesos, entonces dólares, nunca devueltos pese a los fallos de la justicia que así lo ordenaban.

Fueron apologistas de la total desregulación de la economía que les permitió diseñar y aplicar las nuevas reglas del juego en materia laboral, profesional y respecto del tradicional sistema solidario de salud que contuvo desde siempre a los periodistas. Al tiempo que procedieron a endeudarse sin límites, con organismos financieros internacionales.

Fueron los intelectuales orgánicos de la economía de mercado, de la convertibilidad, del desguace del Estado, del descrédito de la política, de la globalización autoritaria; fueron los que cambiaron la Ley de Quiebras e inventaron la Ley de Industrias Culturales para proteger a los «empresarios nacionales» contra «los fondos buitres», después de haber reclamado y obtenido la pesificación de sus deudas, tras diciembre del 2001, y de haber invocado (consecuencia de la caída del consenso neoliberal) el valor del Estado que habían contribuido a destruir.

Fueron los que sacaron a los medios de la Ley de Defensa del Consumidor porque eso «atentaba contra la
libertad de expresión»; fueron los que durante una década acumularon una deuda con el COMFER -en
complicidad con ese organismo- por cientos de millones de dólares, producto de ilegales e irregulares exenciones correspondientes al gravamen del 9% de su facturación bruta; fueron los que apelaron a los cambios en la Ley de Concursos, a los Procedimientos Preventivos de Crisis y a los acuerdos extrajudiciales para hacer de la «crisis» un negocio que permitiera recuperar y luego incrementar, con activa participación de los gobiernos de Duhalde y Kirchner, los márgenes de rentabilidad, que hoy los principales grupos no
tienen ningún problema en admitir como históricos. Documento Utpba.2005.

4 En un mundo en el que entre Estados Unidos, Europa y Japón se quedan con casi el 90% de las ganancias de las industrias culturales, además de generar políticas de equidad y de posibilidades menos dispares de producción cultural –local/ regional/global– es necesario pensar en la fuerza de los bienes culturales nacionales y el potencial de aquellos hacedores locales. América Latina es una región vasta, vastísima, en riquezas simbólicas originarias, pese a la conquista saqueador.

Notas
de Pablo Mancini. Y Carolina Gruffat.
www.edu.ar

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