LA UNIVERSALIZACIÓN DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y EL DERECHO SOCIAL A LA EDUCACIÓN

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Stella Maldonado*

La combinación de las leyes de Educación, Financiamiento Educativo y de Asignación Universal por Hijo, suponen un progreso para el interés popular y un desafío para el Estado para proveer la infraestructura educativa necesaria y para los sindicatos de la educación para impulsar y controlar el cumplimiento de estos objetivos.

Durante más de diez años desde la CTERA y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) dimos una prolongada batalla político – social y  cultural para torcer el rumbo de las políticas educativas neoliberales instauradas desde la dictadura militar y por la modificación de la matriz distributiva de la riqueza. De hecho la Carpa Blanca fue punto de convergencia de muchas experiencias de resistencia y confrontación del modelo neoconservador y uno de los lugares de gestación del Frenapo, con quien protagonizamos el plebiscito por el seguro de empleo y formación que incluía la asignación universal por hijo en diciembre del 2001 ,  pocos días antes del estallido social y la crisis política.

El gobierno emergente de la crisis 2001 y 2002, con marchas y contramarchas, rupturas y continuidades y muchas contradicciones, ha tomado parte de esas demandas y las ha concretado, las que estuvieron sostenidas por una correlación de fuerzas favorable construida colectivamente, de la que hemos sido parte: Ley de Financiamiento Educativo, Ley de Educación Nacional, Estatización de las AFJP, Ley de Medios, Universalización de las Asignaciones Familiares.

En todos los casos esas leyes implican una recuperación y ampliación de derechos. En el caso de la Ley de Educación Nacional se consagra el concepto de educación como derecho social, al Estado como el garante de su ejercicio, se establece taxativamente en su artículo 10 la prohibición de incorporar a la educación en los Tratados de Libre Comercio y se instituye la universalización del nivel inicial y la obligatoriedad de la escuela secundaria.

La promulgación del decreto que establece la asignación por hijo de los trabajadores desempleados, no registrados y monotributistas sociales, perfecciona y potencia la Ley de Educación ya que exige la certificación sanitaria y de escolaridad para percibir la totalidad de la prestación. No es un subsidio, es un derecho, implica un avance no sólo en términos materiales de acceso a alimentación y vestido, significa ingresar a millones de niños/as al derecho de ciudadanía.

Esta intersección que se produce entre ambas normas provoca una enorme tensión entre los derechos consagrados, las exigencias que se plantean para percibir la totalidad de la asignación de $ 180 y las posibilidades materiales de dar cobertura total a las demandas de vacantes en el nivel inicial y en el nivel secundario. Es un problema planteado en términos de avance y no de retroceso.

En poco tiempo se podría resolver la demanda para el tramo obligatorio del nivel inicial, teniendo en cuenta que el costo de construcción de establecimientos del nivel inicial es muy inferior al del resto de los niveles. En el mientras tanto es vital fortalecer la organización territorial desde nuestra central para demandar la cobertura y garantizar que las creaciones y ampliaciones se produzcan donde más se necesitan. Existe una gran problemática de falta de terrenos fiscales en los grandes conglomerados urbanos, esto ha producido subejecución de partidas y aún de créditos internacionales ya otorgados. Debemos plantear la necesidad de que el gobierno pueda comprar o expropiar tierras para construir escuelas.

En el caso del nivel secundario la brecha a cubrir respecto de la meta de la obligatoriedad es mucho mayor, ya lo era antes de la asignación universal. Este tema nos produce múltiples interpelaciones, cientos de miles de adolescentes de entre 13 a 18 años que nunca ingresaron o que quedaron afuera de la escuela, luego de un intento fallido son potenciales demandantes de vacantes. Deberíamos poder encarar un accionar en diferentes planos y tiempos.

Es necesario plantearle al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales un plan gradual y una transición con metas y regulaciones claras y la necesidad inmediata de incrementar los recursos para la educación. En ese sentido el objetivo estratégico de la CTERA para 2010, es la Nueva Ley de Financiamiento Educativo y criterios objetivos de distribución que garanticen justicia social.

En la conyuntura, las familias que certifiquen haber intentado inscribir a sus hijos en jardines de infantes y escuelas secundarias y no han encontrado lugar, no pueden perder la asignación. La responsabilidad en este caso no es de las familias, sino del Estado.

No podemos tampoco aceptar aulas superpobladas, turnos reducidos, ni precarización de las condiciones de enseñanza-aprendizaje. No se trata de amontonar chicos en escuelas container. No es posible hablar simultáneamente de inclusión educativa, mientras se promueve sucedáneos de escuela para los que se incorporarán en 2010. Sería una especie de inclusión-excluyente.

Hay una enorme capacidad instalada para abrir turnos vespertinos de nivel medio, bachilleratos de adultos para la franja de 16 a 18 años, agregar terminalidad de nivel medio en los Centros de Formación Profesional, incluso en los que dependen del Ministerio de Trabajo como sucede en algunas provincias y acelerarse los procesos de construcción con sistemas económicos, veloces y eficaces  utilizados con mucho éxito en otros países.

Este momento crítico donde una largamente peleada ampliación de derechos va a poner a prueba no sólo la capacidad de respuesta del Estado sino la capacidad de cada escuela de alojar a estos adolescentes que estaban afuera material y simbólicamente, nos desafía a desarrollar acciones de lucha por conseguir una nueva Ley de Financiamiento que supere la meta de los 6 puntos del PIB, que separe las partidas para las universidades de las del resto de la educación, que incremente los aportes del Estado nacional y asegure un estricto monitoreo del cumplimiento de las metas, con participación de las organizaciones gremiales.

Paralelamente deberemos impulsar políticas públicas de formación de base y en servicio, de reformulación de la organización del trabajo, de creación de más y nuevos puestos de trabajo para dar cuenta de esta realidad y de este nuevo mandato que ahora tiene la escuela secundaria: la universalización.

Del mismo modo que el siglo XX en nuestro país fue el del logro de las tasas más altas de escolarización  primaria del continente, el siglo XXI debe estar signado por el logro de una escuela secundaria para todos/as entendida como derecho de ciudadanía.

*STELLA  MALDONADO, Secretaria General de CTERA

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