Dossier: La Puja Distributiva (artículo 1 de 2)
Isaac Grober *
CON REDISTRIBUCION DEL INGRESO EL RESULTADO ES OTRO PROYECTO DE PAIS. LA RESOLUCION ES POLITICA, MAS QUE TECNICA Y EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO POLITICO SOCIAL ALTERNATIVO DEL CAMPO POPULAR, ES EL REQUISITO PARA CONCRETARLO.
HACIA OTRO PAIS
El reclamo por mejorar la distribución del ingreso va asociado frecuentemente a un postulado ético, moral: la equidad, la reparación de la deuda social. ¡ Y vale! ¡ Vaya si vale!
En apoyo de la misma reivindicación, en ocasiones se enarbola la bandera de su benéfico efecto sobre el consumo, sobre la demanda interna, su impulso reactivador y sostenedor de la actividad económica. También vale.
Sin embargo, raramente se conecta la necesidad de encarar con seriedad una política sistemática de redistribución progresiva del ingreso con el proyecto del país a construir.
Es que la mentada redistribución, siendo como es base estable e insoslayable de la ampliación y dinamismo del mercado interno – demanda autónoma atendible por la producción local – es necesariamente sustento irreemplazable para el desarrollo de la estructura productiva, en particular la del sector industrial.
Porque salvo el caso de la agroindustria – en la que la Argentina , por sus condiciones naturales y a partir de un recurso renovable, tiene ventajas comparativas respecto a casi todo el mundo – reindustrializarse dependiendo del incentivo del tipo de cambio, de ventajas impositivas o de una demanda externa sometida a factores que el país no controla, no sólo es riesgoso, sino ilusorio. Excepto, claro está, que se piense en una industria de un país factoría.
Más aún. Sin menospreciar la necesidad de una política de formación tecnocientífica y de infraestructura y sin ninguna pretensión de autosuficiencia, sólo con un sólido mercado interno se construye una base de apoyo para el desarrollo y diversificación de una oferta industrial de origen local, con una escala que le permita alcanzar niveles de competitividad en el concierto mundial. Y lo que es válido para la industria, es válido por extensión para el resto de los sectores económicos.
Esta es una formulación que está respaldada más allá de la teoría, por la experiencia mundial: la base para la industrialización de EE.UU., por ejemplo, fue la forma de colonización del interior, la forma de como se distribuyó la propiedad de la tierra y a partir de allí, de cómo se organizó su producción agropecuaria: en base a farmers (chacareros) y no de latifundistas como en la Argentina, perfil que le generó a ese país un amplio mercado interior el que fue reafirmado después con la abolición de la esclavitud, luego de la guerra de secesión, con cientos de miles de personas que por su actividad pasaron de esclavos a ser asalariados y que con sus ingresos derivados del trabajo, volcados al consumo, alimentaron la demanda para la producción local .
Pero tener ampliado el mercado con compradores de base popular, no es sólo – por sus efectos – una cuestión de cantidad.
Es que al repercutir sobre el nivel y la composición de la demanda, se define también el perfil de lo que es necesario producir para satisfacerla, de su escala y la posibilidad de acceder a menor costo a los requerimientos para una mejor calidad de vida de esa misma base popular. En consecuencia, la redistribución progresiva del ingreso, va definiendo el futuro perfil de la oferta, de la producción y en consecuencia de lo que se importa. Como derivación, también de la futura estructura social.
Mantener en cambio congelada la actual distribución del ingreso o sin cambios significativos, lleva a definir una estructura de importaciones y de producción restringida a la demanda existente y por tanto, amoldada a un proyecto de país con un futuro para relativamente pocos. Es la perpetuación de los efectos del modelo neoliberal: entre otros, una oferta con un significativo peso de bienes suntuarios de origen externo con obvia incidencia en la balanza comercial para satisfacer el gusto de una fracción relativamente minoritaria, con una débil y no integrada estructura industrial y con grandes y graves desequilibrios al interior del país.
Si el grado de distribución del ingreso condiciona hasta tal punto el tipo de país a construir, su análisis no hay que limitarlo sólo a los índices económicos. Es imperioso conectar este resultado con la estructura social a que necesariamente conduce: proporción de la población ocupada en actividades productivas, distribución por actividad de la población económicamente activa; poder y composición de las capas medias, condiciones de vida de los sectores populares, fuentes de financiamiento de la seguridad social, rol y espacios para las pymes y para el Estado y los instrumentos y medidas de política económica para concretarlo, etc..
LA SOLUCION ES POLITICA
Pero redistribuir ingresos y riqueza, más que un tema de resolución técnica, es esencialmente una cuestión de dimensión política. Se trata ni más ni menos que de sacarle algo a una clase social para entregarlo directa o indirectamente a otras, aunque ese algo no sea más que parte y sólo parte de la tasa de ganancia. Por eso es que es un problema que sólo se resuelve construyendo una relación de fuerzas tal que respalde la aplicación de medidas técnicas y jurídicas que afecten ciertos intereses de clase en beneficio de otros.
Esto vale tanto para llevar a la práctica una reforma agraria, como para una reforma impositiva; para definir la política de subsidios como fijarla en materia de prestaciones previsionales; de instrumentar una política de precios y la de medidas antinflacionarias o de cómo manejar una en materia salarios; de cómo distribuir los recursos presupuestarios y si de invertir en el desarrollo de infraestructura se trata, cuales son los criterios de prioridad, a favor de quien se orienta y con el bolsillo de quien se la financia. Normalmente la justificación se esconde detrás de “argumentos” técnicos que encubren problemas de definición y orientación política: hacia dónde apuntan los cambios, cuál es la clase social que los paga y en beneficio de quien se los instrumenta.
A esta altura reconozcamos que el razonamiento y sentimiento normales, de práctica en nuestra sociedad, es analizar la conducta de los poderes constituidos y limitarse al reclamo y a la crítica de las decisiones o de sus resultados cuando éstos se contraponen con las aspiraciones y expectativas de los ciudadanos, o para decirlo con más precisión, de las deseos del yo.
Es la actitud individualista típica del consumidor pasivo y expectante en su rol de ciudadano: el Estado no “ me” resuelve, no “me” da lo que es justo y espero. La responsabilidad, la falta y la inoperancia o debilidad es del “otro”, del gobierno, de los partidos políticos. etc. lo que muchas veces es cierto, pero raramente pasa del ejercicio del derecho al pataleo.
Pero ¿qué es lo que yo, nosotros, hago o hacemos para que nos “den” lo que corresponde?¿dónde está mi parte activa? ¿en que medida yo participo en la toma de decisiones, en la formación de la decisión gubernamental, por ejemplo, en la gestión de la resolución al problema planteado? ¿qué aportamos a la construcción de una democracia participativa, a un país con autonomía y justicia social?
EL MOVIMIENTO POLITICO SOCIAL ALTERNATIVO
Porque convengamos en que en el Estado, en el Estado de un país con clases sociales, ese Estado expresa las contradicciones de clase imperantes en esa sociedad y en particular, las que se derivan de las relaciones de fuerza que entre ellas existe. Que quienes gobiernan o gobiernen a ese país, tienen y tendrán conexiones y contradicciones con el poder real cualquiera él sea. Ese gobierno, por lo general, no es una expresión idéntica a ese poder, por lo que frente a éste, la franja popular puede y debe ir construyendo el suyo propio para en la puja incidir y definir a su favor las cuestiones en conflicto y su pretendido rumbo de país. Es el desarrollo del movimiento político social alternativo. (1)
Por eso es que si se aspira al cambio – y la redistribución de los ingresos y de riqueza vaya si lo es – esta es y debe ser tarea de los sectores que la impulsan; que ellos como integrantes del movimiento político social en construcción, son los que deben asumir su cuota de responsabilidad para llevar a la vida real ese cambio de relación de fuerzas que nace de una profunda transformación cultural, de la convicción que un problema y su solución es incumbencia de los que lo tienen y por tanto va en ello su voluntad de participación y de control activo de lo que se resuelva, cosa que se expresará en medidas políticas, económicas, jurídicas y sociales que en conjunto marquen un rumbo hacia el nuevo proyecto de país.
Sin ir más lejos, veamos un ejemplo reciente de la vida argentina. Se impulsa desde el poder ejecutivo nacional acuerdos de precios con las empresas más concentradas del espectro económico. Más allá de la bondad o insuficiencia de los acuerdos y de los instrumentos de control adoptados ¿ Cuál es el rol de las ONG, de las asambleas de vecinos y en particular de los sindicatos de esas mismas empresas, verdaderas formadores de precios? Tales sindicatos y las centrales sindicales bajo las que se cobijan ¿de qué la juegan fuera de emitir una rimbombante declaración en defensa del poder de compra del salario y en algún caso algún párrafo de apoyo al gobierno? ¿o la solución del problema no les compete? ¿No deberían exigir que se institucionalice su participación en el control de costos y precios de esas grandes empresas, y también en el control de su producción para denunciar por ejemplo si hay una actitud deliberada de desabastecimiento por parte de la patronal oligopólica? ¿ quien mejor que los propios trabajadores de esas mismas empresas para encender la luz de alarma o nos vamos a llenar de burocracia y de inspectores para comprobar lo obvio que muchas veces después no conduce a nada? O que conduce a que en lo esencial todo quede como está.
No se nos escapan las profundas diferencias en cuanto a proyecto y práctica gremiales que separan a las distintas organizaciones y la combativa trayectoria que muchas de ellas pueden exhibir. Pero lo cierto es que en punto a la lucha por intervenir activamente en el control de costos, precios y abastecimiento y por tanto en defensa de la propia capacidad adquisitiva de la franja popular, para el ejemplo que tomamos, el movimiento sindical está en retraso. Y con él, la construcción del movimiento político social como alternativa del campo popular.
Se trata pues de cambiar la cultura de cómo nos relacionamos con los problemas y entre nosotros, de cómo los abordamos, implementando soluciones eficaces que demuestren y nos demostremos que sabemos y podemos – participar para decidir y resolver, resolviendo de verdad – con lo que acumulamos poder con la mira puesta en otro proyecto de país.
Bueno, manos a la obra: hay que redistribuir el ingreso.
(1) Sobre el carácter, el sujeto social y el modo de organización y funcionamiento del movimiento político social alternativo, ver “CONSTRUYENDO PODER” , Isaac Grober , TESIS 11, Nº 76, Febrero – Marzo 2005.
*Isaac Grober, Contador Público y Magister en Economía, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11