La democracia y la reforma de la Constitución

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Revista Tesis 11 (nº 123)

(número especial: legislativas de Octubre)

Rodolfo Casals*

“…un movimiento popular con decisión de gobernar en éste período crítico y turbulento del país, la región y el mundo, no puede menos que incorporar a sus reclamos y propuestas reformas importantes a la Constitución que nos rige.”

“…además de buscar caminos legislativos y también constitucionales para una vigencia plena de la letra de la Constitución; además de incorporar derechos que faltan a dicho texto, es necesario revisar el rol del estado que la propia Constitución establece, y los mecanismos que constituyen a dicho estado, porque de ello depende en gran medida que lo formal se convierta en real.”

A medida que se despliega el modelo de sociedad que impulsa el actual gobierno, queda cada vez más claro que la tendencia a la afectación de derechos es consecuente y sistemática. Y que pone en riesgo la calidad de la democracia argentina restringiéndola cada vez más y llegando a producir hechos gravísimos como la prisión de Milagro Sala y sus compañeros y la desaparición de Santiago Maldonado.

Cuando decimos democracia nos referimos a derechos integrados, económicos sociales, políticos, civiles y culturales que marcan en su conjunto el nivel de democracia alcanzado. Hoy hay más conciencia que la democracia no es solo un sistema de elecciones y una articulación de poderes públicos, sino también una integralidad de derechos asociados a la libertad y la justicia social.

Esta concepción varió a lo largo de las tres décadas últimas de vigencia de las instituciones, como dice E. Rinesi “de una democracia concebida solo como  de libertad a una democracia de derechos”. Y esto, como la nueva valoración del rol del Estado luego de su demonización por parte de la dictadura y el menemato, es producto de los doce años de gobiernos kirchneristas. Es un triunfo cultural de nuestro pueblo, del mismo carácter que el rechazo masivo a cualquier condescendencia con el terrorismo de estado como quedó demostrado frente al vergonzoso intento de la corte suprema de aplicar el “dos por uno” a los genocidas presos.

El aporte al desarrollo de una cultura democrática que realizaron los gobiernos kirchneristas es muy importante y novedoso en la historia de la democracia argentina. Por eso los ataques comenzaron con fuertes acusaciones de autoritarismo y ahora se concentran en temas de corrupción y en la curiosa acusación de mentir, de “hacer creer” que los derechos adquiridos eran posibles y legítimos.

Se dice con razón  que el plan económico y social del gobierno necesita de la represión para poder llevarse adelante por la resistencia que provoca.

Esta apreciación es cierta pero no abarca todo el fenómeno de la afectación de derechos y sus propósitos. Los gobiernos autoritarios, tanto las dictaduras como los de origen electivo como el actual, tratan de anular todos los derechos, aún aquellos que no tienen relación directa con un tema económico.

Por eso es tan notable que las clases dominantes de la actualidad, que presumen de modernas, muestren una acumulación de prejuicios y concepciones de tipo arcaico  como el racismo, la homofobia, el machismo, la xenofobia  y el desprecio por la cultura popular, por la historia y las tradiciones.

Ellos saben bien que el capitalismo dependiente no puede llevarse adelante sin crisis recurrentes, donde se combinan inviabilidades económicas con explosiones de resistencia popular; por eso temen y tratan de evitar cualquier expresión de autonomía y  de puntos de encuentro entre intereses distintos en el campo popular que faciliten la constitución del pueblo como una unidad en la diversidad en una sociedad cada vez más compleja y variada.

Invirtiendo la vieja frase se podría decir que sienten “que todo lo humano les es ajeno, y es una amenaza”.

La dispersión  y las fracturas múltiples de las mayorías populares son una ventaja muy importante para el autoritarismo. Los derechos de última generación surgieron como reclamos aislados e incomprendidos: así paso por ejemplo con las minorías étnicas, sexuales y con las poblaciones afectadas por la destrucción del medio ambiente. Incluso los derechos de las mujeres frente al machismo imperante (y nadie puede afirmar que las mujeres son una minoría) recién se está generalizando como un valor mayoritario en el último tiempo.

Por eso es tan difícil constituir una democracia desarrollada y desplegada. Eso no se logra con una simple sumatoria de libertades y derechos, sino con la construcción de ideales comunes  generalizados en amplias mayorías de la sociedad que ayuden a contener las contradicciones en su seno y aíslen a las minorías recalcitrantes.

”La Patria es el otro” no es solo una frase afortunada, sino un programa de acción basado en un rumbo de construcción  de un país más justo. Los festejos del bicentenario  fueron una muestra clara de que nuestro pueblo es sensible a valores distintos al egoísmo que propagan los grupos dominantes en lo económico y lo espiritual.

La Constitución Nacional, luego de sucesivas reformas reconoce explícitamente una cantidad de derechos muy importantes. Así se puede ver en el artículo 14 bis donde se extiende en relación a los derechos de los trabajadores y sus organizaciones y en otros donde aborda distintos derechos y garantías de sus habitantes: la igualdad del hombre y la mujer, los derechos de los pueblos originarios, la protección del medio ambiente, los derechos de los consumidores, etc.

Sucede que mucho de lo establecido no es operativo por falta de leyes que lo reglamenten y en algunos casos esas leyes son incumplidas o interpretadas de manera capciosa por el poder judicial. Por supuesto que mucho depende del gobierno que esté en el timón del país y del nivel de reclamo social que el tema despierte. Pero además de buscar caminos legislativos y también constitucionales para una vigencia plena de la letra de la Constitución; además de incorporar derechos que faltan a dicho texto, es necesario revisar el rol del estado que la propia Constitución establece, y los mecanismos que constituyen a dicho estado, porque de ello depende en gran medida que lo formal se convierta en real.

En el pensamiento progresivo de nuestro país cada vez hay más coincidencia en que el estado, en manos de gobiernos populares y transformadores es un instrumento central para garantizar la democracia y los derechos de los habitantes. Así como en manos de dictaduras o gobiernos civiles autoritarios es una herramienta de represión y limitación. Y esto no significa que el estado haya perdido su carácter de garante de la reproducción del capitalismo en países como el nuestro, sino que se debe a que la presencia de gigantescos factores de poder económicos, financieros o mediáticos requiere de una herramienta poderosa como el estado para poder garantizar la existencia de la democracia como realidad política, social y cultural, y no como mera “rutina” (E. Rinesi) electoral y burocrática.

De paso hay que decir que los argentinos estamos sufriendo, con este gobierno de CEOS que tenemos, lo que significa que al poder político que siempre tienen los grupos concentrados bajo cualquier gobierno se le agregue el de manejar directamente las palancas del estado.

Es indudable que con la actual definición del poder judicial, por ejemplo, es muy difícil pensar en un país con garantías democráticas. Es necesario democratizar ese poder del estado que presumiendo de que ellos solo responden a la ley, han formado una corporación autónoma de la voluntad popular, que se auto reproduce y muchos de ellos se ponen al servicio de los peores intereses y causas. Lo mismo sucede con  los organismos de seguridad interior (policías, gendarmería, prefectura, policía aeroportuaria, policías provinciales) para los cuales no hay una sola mención en la Constitución Nacional que debería establecer claramente su carácter de servicios civiles armados con conducción civil y control popular evitando que se conviertan en entes autogobernados que no son conducidos por las autoridades electas sino que pretenden, y muchas veces lo logran, negociar como un poder autónomo.

Esos son de los ejemplos más evidentes y peligrosos pero de ninguna manera los únicos. Hay que decir también que la Constitución Nacional no puede ignorar la existencia de los cada vez más poderosos medios concentrados de comunicación, que coartan la libertad de expresión, condicionan la información y por ende la capacidad de decisión de los ciudadanos y chantajean a todo el mundo con sus campañas insidiosas.

Por supuesto que lo principal siempre es el nivel de organización y movilización popular. Pero un movimiento popular con decisión de gobernar en éste período crítico y turbulento del país, la región y el mundo, no puede menos que incorporar a sus reclamos y propuestas reformas importantes a la Constitución que nos rige.

*Rodolfo Casals, integrante de Espacio Popular.

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