Experiencias históricas y sociocomunitarias de las organizaciones piqueteras.

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Virginia Manzano*

Experiencias hitóricas y socioeconómicas de las organizaciones Piqueteras.

El uso social de la categoría identitaria “piqueteros” se generalizó a partir de las protestas de desocupados que durante el mes de  junio de 1996 bloquearon los accesos a las ciudades neuquinas de Cutral-Có y Plaza Huincul sobre la ruta  nacional 22 y la provincial 17. Inicialmente se bautizó como  “piqueteros” a quienes cuidaban los puestos-barricadas que se extendían sobre el corte de ruta ;  pero esa denominación se extendió por medio de la prensa gráfica y visual hacia el conjunto de los grupos participantes en medidas de protesta en torno a la demanda de trabajo. De esta forma, el uso de la categoría piqueteros produjo un efecto contradictorio, por un lado tuvo el mérito de señalar la existencia de un conflicto nodal entre los grupos expropiados y el Estado; pero al mismo tiempo, generó en la sociedad argentina la identificación de sujetos colectivos a partir de un método de protesta (el piquete) y ese principio de identificación obstruyó la mirada hacia la diversidad de organizaciones sociales que confluyen en los piquetes, hacia el accionar cotidiano de los grupos de desocupados; y hacia los modos diferenciales de relación con el Estado.
 
Frente a los efectos contradictorios del  uso social de la categoría piqueteros es preciso ampliar la reflexión en dos direcciones, una temporal y la otra espacial. Es decir, por un lado, reubicar a las organizaciones de desocupados en una trama histórica de relaciones de fuerzas sociopolíticas y, por el otro, articular la visión sobre los momentos de protesta pública con la actividad cotidiana y  “local” de las organizaciones de desocupados.

Una mirada histórica permite identificar que diferentes organizaciones comunitarias con trayectoria de trabajo territorial asumieron desde mediados de la década de 1990 el compromiso de garantizar la reproducción social de grupos sociales expropiados de bienes materiales, simbólicos e incluso de la capacidad de “vender” la fuerza de trabajo. En el caso del área metropolitana de Buenos Aires, juntas vecinales, sociedades de fomento, cooperativas o uniones vecinales que se conformaron en la década de 1980 en el marco de los procesos de ocupación de tierras y formación de asentamientos urbanos desarrollaron tradiciones de trabajo comunitario que les permitieron “leer” los problemas sociales derivados del aumento en los índices de desempleo y del deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares;  y generar acciones colectivas de protección ante situaciones de “vulnerabilidad social” y de demanda al Estado. Hacia finales de la década de 1990 esas organizaciones se articularon en redes regionales y nacionales, que se conformaron a instancias de iniciativas comunitarias y de estrategias político-sindicales tendientes a  reorientar la acción desde el espacio productivo hacia el territorial para “representar” a los trabajadores desocupados.
 
El compromiso que asumieron estas organizaciones por la reproducción de los grupos sociales expropiados se tradujo en una dinámica dual que combina un conjunto de procesos de acción colectiva centrados en temas como el trabajo, la alimentación, la salud y la educación. Por un lado, se conformaron procesos de “protección comunitaria” que se expresan en la trama organizativa barrial tendiente al acceso a bienes y recursos en alimentación, salud y educación. Por otro lado, estos temas se constituyeron en ejes para la demanda al Estado que generaron espacios de convergencia y de alianzas sociopolíticas transitorias entre distintos actores sociales, por ejemplo entre  organizaciones de desocupados y gremios docentes o trabajadores de la salud.

La rutina cotidiana de las organizaciones de desocupados se inicia  muy temprano todos los días de la semana y se concentra sobre la organización de diferentes áreas de la vida. En el área de alimentación se reactivaron comedores comunitarios y merenderos, muchos de ellos habían funcionado en el año 1989 frente a la crisis hiperinflacionaria. En forma conexa funcionan huertas comunitarias, cuya producción se dirige en parte a sostener los comedores comunitarios. Asimismo, otra actividad que complementa el acceso a los alimentos básicos es la reparación de ropa y calzado usado en los “roperos comunitarios”.  A través de redes de ayuda mutua o de recursos derivados de programas estatales, las organizaciones garantizan parte del acceso a los alimentos y el vestido principalmente de niños, mujeres y ancianos de los barrios populares. 

En el área de salud las acciones son dispares y dependen del nivel organizativo en los diferentes barrios. No obstante, el conjunto de las prácticas en salud se  concentran en la  obtención recursos y equipamiento (construcción de salas de salud, dispensarios, búsqueda de partidas de vacunas y remedios, pedidos de designación de personal de salud, etc.) y en la promoción, prevención y asistencia. Con respecto a esto último, en algunos casos se formaron agentes de salud y se organizan censos orientados a captar y controlar embarazos y problemas nutricionales. Asimismo, las prácticas en salud se expresan en  campañas de vacunación y de  prevención de diarreas estivales, parasitosis, hepatitis, golpes de calor, etc.; que incluyen la limpieza de calles, zanjas y arroyos.

En el área de educación, si bien algunas organizaciones impulsan orientaciones de “autogestión educativa”, el grueso de los agrupamientos concentra sus prácticas en demandar al Estado la construcción de escuelas y la inversión para el funcionamiento operativo de las mismas (becas escolares, partidas alimentarias para los comedores, útiles, etc.). Al mismo tiempo, varias organizaciones de desocupados organizaron jardines maternales comunitarios, sistemas de apoyo escolar, y programas de alfabetización de adultos.

En lo referente al trabajo se conformaron diferentes emprendimientos productivos como panaderías, herrerías, carpinterías, talleres de costura, y reciclado de residuos entre otros. Además, recientemente se formaron cooperativas de trabajo para la conexión de la red agua potable en diferentes barrios y para la construcción de viviendas. Estos emprendimientos son financiados por programas estatales y también por donaciones o recursos de las propias organizaciones. Sin embargo, los emprendimientos productivos y cooperativos tienen graves dificultades para sostenerse en el tiempo debido a los problemas de comercialización en mercados altamente concentrados y  a los sistemas de contratación y licitación del Estado que continúan privilegiando la subcontratación de corporaciones empresarias.

En otras áreas de la vida es preciso mencionar la intensa actividad que algunas organizaciones despliegan en torno a la problemática de las relaciones entre los sexos y las generaciones. Específicamente, las acciones se concentran en la protección de la mujer víctima de violencia doméstica e incluyen asistencia psicológica, “legal”,  e incluso la construcción de refugios para aquellas que resultan golpeadas. Con respecto a los jóvenes, se encararon acciones de protección y atención frente a diferentes adicciones que ocasionaron en algunos barrios enfrentamientos variables con sectores vinculados a la “economía de la droga”.

La organización de formas de “protección comunitaria” concentradas en distintas áreas de la vida constituye un aspecto de la dinámica dual que se mencionó previamente, ya que conjuntamente se demanda al Estado recursos e intervención para la garantía de “derechos sociales”. Entre los tantos ejemplos que se pueden mencionar al respecto, es interesante el caso de un barrio que sistematizó los datos de niños desnutridos y produjo un informe, avalado por médicos, que se transformó en un insumo que legitimó la ocupación de una plaza pública en demanda al Estado de alimentos y puestos de trabajo.

Al mismo tiempo que las organizaciones sociales de desocupados organizan formas de “protección” frente a la vulnerabilidad social generan mecanismos de protesta pública para demandar al Estado sobre el deterioro de las condiciones de vida de los grupos subalternos. Como consecuencia, a lo largo de la década de 1990 se abrieron y constituyeron  espacios de negociación centrados en la obtención de recursos. Así,  las acciones cotidianas y el trabajo comunitario de las organizaciones de desocupados se sostienen actualmente mediante la movilización de redes de ayuda mutua y mediante recursos vehiculizados a través de programas estatales de empleo transitorio, de desarrollo local, de vivienda, de salud, de educación y alimentarios.

Para finalizar cabe una última reflexión sobre los modos de relación entre las organizaciones de desocupados y el Estado. A lo largo de los últimos años, los niveles de conflictividad social generaron un espacio político en el que se retroalimentan contradictoriamente las demandas de las organizaciones de desocupados y las políticas estatales. El Estado se apoya en mecanismos represivos para dispersar conflictos sociales pero también se apoya en la implementación de políticas públicas focalizadas. A partir de estas políticas,  el Estado destina parte de los recursos que obtiene mediante préstamos de organismos internacionales de crédito y responsabiliza a  los agrupamientos comunitarios por el uso y gestión de los mismos.
 
En este espacio político uno de los desafíos centrales que han enfrentado las organizaciones de desocupados consistió en  revalorizar los recursos obtenidos en situaciones de negociación con el Estado como “conquistas” de los procesos de lucha colectiva. Sin embargo, la gestión de estos recursos para el funcionamiento de las actividades cotidianas sujeta a las organizaciones populares a los mecanismos de control y disciplinamiento estatal. Por ello mismo, la construcción de alianzas sociopolíticas y los mecanismos de formación política de los militantes de las organizaciones de desocupados serán un insumo clave para redefinir los límites estatales sobre el modo de acción de las organizaciones populares.

*Virginia Manzano, Antropóloga. Investigadora del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolla su trabajo de investigación en organizaciones piqueteras del distrito de La Matanza-Gran Buenos Aires.

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