Educación: Evaluar lo alcanzado y lo que falta

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Stella Maldonado* 

Un conjunto de políticas educativas instrumentadas desde 2003 en adelante, han sentado las bases para que la educación argentina comenzara a salir de la crisis en que la sumieron las políticas neoliberales. Sin embargo los gobiernos, los trabajadores de la educación y la sociedad en su conjunto tenemos todavía el enorme desafío de construir la mejor educación para nuestros chicos, pibes, changos y gurises.

Es muy notorio que desde los medios de comunicación monopólicos, ligados a los grupos concentrados de capital, se está orquestando una campaña de cuestionamiento a la escuela pública, basada fundamentalmente en los “bajos” rendimientos de nuestros estudiantes en la pruebas estandarizadas internacionales como el PISA1. Lo que nadie dice, por ejemplo, es que la prueba PISA se administra a estudiantes mayores de 15 años, en el caso de Argentina, adolescentes que hicieron la mayor parte de su trayectoria escolar durante la vigencia de la Ley Federal de Educación y mientras el Estado Nacional había dejado de invertir en educación, proceso que comienza a revertirse a partir de 2003 y cobra impulso en 2006, cuando comienza a aplicarse la Ley de Financiamiento Educativo. Por otra parte, las pruebas internacionales ranquean países con sistemas educativos absolutamente disímiles e incomparables y no dan cuenta de los procesos educativos en su integralidad.

Pero un conjunto de políticas educativas instrumentadas desde 2003 en adelante, han sentado las bases para que la educación argentina comenzara a salir de la crisis en que la sumieron las políticas neoliberales aplicadas desde la última dictadura militar y profundizadas durante la década del ’90. Éstas políticas se gestaron y sostuvieron a partir de las luchas que los trabajadores de la educación dimos desde fines de la dictadura militar hasta el presente.

Se ha recuperado la inversión educativa y repuesto el papel del Estado Nacional como garante del financiamiento, es decir, como corresponsable con las provincias de la inversión en educación. Se ha llegado así al cumplimiento de la meta del 6% del PIB, en materia de inversión educativa. Esta decisión política, junto a la derogación de la Ley Federal de Educación y la sanción de la nueva Ley de Educación, a lo que se suma la Asignación Universal por hijo, ha posibilitado construir 1100 escuelas, ampliar las plantas funcionales, mejorar los salarios -aunque aún no lo suficiente en algunos casos-; distribuir millones de libros, democratizar el acceso a las TICs2, recuperar y equipar las escuelas técnicas, aumentar la cobertura del nivel inicial y de la escuela secundaria; incrementar los años de formación docente, garantizar la terminalidad primaria y secundaria de cientos de miles de adultos, crear un ámbito de negociación colectiva nacional.

Estos avances no nos impiden ver lo que falta, como la creación de jardines maternales, de escuelas infantiles y de escuelas de jornada completa; la construcción de instalaciones para que se pueda practicar educación física, deportes, arte en todas sus manifestaciones; continuar y profundizar la mejora salarial hasta lograr que un docente pueda vivir dignamente con un puesto de trabajo en el que se contemplen horas frente a clase y horas para el resto de las tareas pedagógicas, y horas pagas para el trabajo institucional, e incorporar la función tutorial al escalafón. También eliminar la superpoblación de las aulas, bajar las tasas de repitencia, la sobreedad y el desgranamiento, mejorar la calidad de los aprendizajes, garantizar la formación permanente en servicio, gratuita, pertinente, universal, con puntaje para la carrera docente; instrumentar procesos de evaluación institucional, sistemática, permanente, formativa, participativa, no punitiva, acordada en negociaciones colectivas, construir indicadores de evaluación que den cuenta de la realidad de nuestros sistemas educativos: deben construirse indicadores que den cuenta de lo que sucede en cada sistema educativo y en cada escuela, aplicados a través de la investigación, acción y la reflexión colectiva y guiada sobre la propia práctica tanta pedagógica como institucional.

Es imprescindible desarrollar y consolidar procesos de evaluación educativa que permitan ir superando las falencias de los sistemas, de las instituciones escolares y de las prácticas pedagógico-didácticas áulicas. Esta evaluación diagnóstica es el insumo básico para poder diseñar, aplicar y volver a evaluar intervenciones específicas, certeras, pertinentes, sostenidas en el tiempo para superar los déficit detectados.

¿De qué hablamos cuando hablamos de una buena educación? Por supuesto hablamos de conocimiento y no de meramente información, apropiación y construcción de conocimiento de las distintas áreas curriculares, incorporando prácticas que impliquen formación integral en derechos humanos y ciudadanía, conocimiento de la historia reciente, lectura crítica de los medios de comunicación, uso de las TICs (las escuelas deben ser lugares de construcción de brújulas para navegar en el ciberespacio), educación ambiental, educación sexual, multiculturalidad, integración regional.

En los peores años de la crisis económico-social (1997/2002) muchas de nuestras escuelas se convirtieron en campos de refugiados en los cuales se aplicaban las políticas focalizadas de contención del impacto de la pobreza en la mayor parte de nuestros niños/as y adolescentes. Aquí y ahora, en este tiempo que los trabajadores parimos desde la resistencia y queremos sostener y profundizar, el desafío es recuperar la centralidad del conocimiento y el orgullo de ser docentes.

No cabe la menor duda de que los gobiernos, los trabajadores de la educación y la sociedad en su conjunto tenemos el enorme desafío de construir la mejor educación para nuestros chicos, pibes, changos y gurises.

*Stella Maldonado: Secretaria General de CTERA

1    PISA: Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos.

2    TICs: Tecnologías de la Información y la Comunicación.

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