“ENARSE” UNA ALTERNATIVA POSIBLE. Una empresa estatal con control social.

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Héctor Polino*

En el convencimiento de que la participación ciudadana y la transparencia en las políticas públicas son un claro indicador de la salud democrática de una sociedad, nuestra iniciativa procura instaurar un sistema de selección de los miembros del Directorio, a través de la convocatoria a una audiencia pública, que asegure un alto grado de representatividad de los distintos sectores sociales.

Los argentinos nos encontramos hoy,  ante la posibilidad de cambiar una triste historia de dilapidación de valiosos patrimonios nacionales. 

Frente al pésimo proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional proponiendo la creación de Enarsa, quien suscribe junto con otros diputados presentamos una alternativa que permitirá al Estado Nacional recuperar su rol en el diseño de políticas energéticas, evitando reiterar errores del pasado reciente. 

Quienes no coincidimos con el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores que crea Enarsa como una sociedad anónima, regida por la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, firmamos un dictamen alternativo proponiendo la creación de “Energía Argentina Sociedad del Estado (ENARSE)” definiendo claramente los objetivos, funciones, el régimen jurídico, los recursos, controles y principalmente, la participación de la sociedad civil. 

Enarse será, como su nombre lo indica, una Sociedad del Estado creada bajo el régimen de la ley 20.705 de Sociedades del Estado, con las disposiciones especificas contenidas en la nueva ley que le da origen. Recurrimos a la figura de la sociedad del estado adecuándola a nuestra realidad actual al permitirle acceder al mercado de capitales dentro de un determinado límite (circunscripto a un 20% de su capital social), de modo tal de no desvirtuar el tipo societario. 

Consideramos necesario corregir la principal falla que presenta el proyecto aprobado por el Senado y que las modificaciones introducidas en oportunidad de debatir el proyecto en la Cámara de Diputados no ha logrado subsanar, esto es, pretender crear una empresa de naturaleza privada bajo la forma jurídica de la sociedad anónima, conforme lo establece el Capítulo II, Sección V de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. 

Así las cosas, resulta técnica y jurídicamente inadecuado, desatinado e incorrecto regular la administración de bienes estratégicos a través de la figura de una sociedad anónima. 

Técnicamente, implica que el Estado renuncia a su participación en el desarrollo de  políticas integrales  y coherentes en materia energética; y jurídicamente la incoherencia radica en crear una sociedad anónima con participación Estatal Mayoritaria y pretender aplicarle la normativa que regula a las sociedades anónimas simples. 

Este desatino, hiere de muerte cualquier iniciativa que pretenda resguardar nuestros patrimonios energéticos y la condena al fracaso. Las modificaciones introducidas al proyecto oficial (cuando se debatió en el seno de la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto de creación de Enarsa), no aventan los peligros que se vislumbran sobre el horizonte. 

En este marco, nuestra propuesta es irreconciliable con la iniciativa oficial y ninguna de las modificaciones propuestas y aprobadas con fecha 6/10/04 subsanan el error. 

Nos encontramos ante el nacimiento de una empresa vital y fundamental para el crecimiento de  nuestra Nación, y es inconcebible continuar cometiendo los errores del pasado. La lamentable experiencia de la década de los 90 debe estimular nuestras memorias en defensa de nuestras riquezas energéticas. 

En el convencimiento de que la participación ciudadana y la transparencia en las políticas públicas son un claro indicador de la salud democrática de una sociedad, nuestra iniciativa procura instaurar un sistema de selección de los miembros del Directorio, a través de la convocatoria a una audiencia pública, que asegure un alto grado de representatividad de los distintos sectores sociales. 

Creando así, un espacio de debate para evaluar la idoneidad de los posibles candidatos para desempeñar el cargo de director, quienes previamente deberán someterse a un procedimiento de selección mediante la sustanciación de un concurso público de antecedentes y oposición. 

Conforme se encuentra previsto, el Directorio estará integrado por dos miembros elegidos a propuesta del Estado Nacional, dos por los estados provinciales, uno en representación de los usuarios y consumidores, uno a propuesta de los trabajadores del sector y un director independiente, garantizando de este modo el predominio del consenso sobre la coerción y la socialización de la información sobre la utilización y explotación de bienes de relevancia estratégica para nuestra nación. 

Asimismo, se prevé la implementación de un mecanismo de contralor interno, a través de la creación de un órgano de fiscalización, con participación del poder Ejecutivo Nacional y de las fuerzas políticas opositoras tal como lo prevé el Articulo 85 de la Constitución de la Nación para la presidencia de la Auditoría General de la Nacional. 

Tanto los directores como los miembros del organismo fiscalizador estarán sometidos al régimen de incompatibilidades previsto por la Ley Nº 20.705 y la Ley Nº 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. 

Con la convicción, de que es función del parlamento, apoyar una legislación relativa a evitar los conflictos de intereses, se prohíbe expresamente la posibilidad que quienes hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos y/o quienes hayan asesorado o hayan sido directores en áreas del sector privado vinculadas directa o indirectamente con las actividades a desarrollar por ENARSE, formen parte del directorio y/o del órgano de fiscalización. 

Con la amarga experiencia de los últimos 15 años, en que funcionarios que un día estaban al frente de empresas privatizadas, al día siguiente pasaban a integrar los directorios de los entes de control, decidimos crear un régimen que garantice la idoneidad técnica y jurídica, imparcialidad y solvencia intelectual de los funcionarios que integren el Directorio de Enarse. 

Asimismo, y en tanto la sociedad actuará como ejecutora del plan energético nacional tendrá la obligación de presentar anualmente tanto el plan energético como el plan de negocios ante el Congreso de la Nación, en forma simultanea con el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional. 

Otra cuestión que se advierte fundamental, y sobre ello nada dice el proyecto oficial, es la posibilidad de que se convoque a integrar el plantel de personal de la sociedad, a ex obreros, empleados, técnicos y profesionales de las ex empresas del Estado que fueron apartados de las mismas a través de los retiros voluntarios o directamente despedidos 

Resta por señalar, que si el Poder Ejecutivo pretende recurrir a figuras del derecho societario privado para la actuación empresarial del estado, aún no logro explicar si esa hipótesis es sostenible sin estragos insoportables para todo el pueblo argentino.

*Hector Polino, diputado nacional por el Partido Socialista.

 

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