Claudio Esteban Ponce*
Si damos por ganador al socialismo, a la candidata Michelle Bachelet le espera un gran desafío. Además de poner en práctica políticas de inclusión y de mejoramiento de la calidad de vida del pueblo, tendrá que llevar adelante un revisionismo histórico y hacer un llamado a la memoria colectiva para juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado Pinochetista.
El pasado siempre encuentra la forma de hacerse presente. En ocasiones, a través de recuerdos que reavivan alegrías, en otros momentos por necesidad de revisar la Historia colectiva, y en circunstancias muy particulares, por motivos que refieren a un arrepentimiento que desea enmendar los errores cometidos. El pasado siempre está vivo en el presente. Revisar el pasado, por más tristeza que provoque, no refiere a revolver la basura de la historia sino que hace posible la “cura” de las heridas padecidas por los colectivos humanos por medio del conocimiento de la verdad para la superación de las situaciones límites. Ninguna sociedad escapa de estas cuestiones, la historia de cada pueblo aflora en cada momento y llama a rever los hechos vividos para recuperar la conciencia y evitar que las tragedias se repitan como tragedias. Quienes desean un corte con el tiempo pretérito esconden el temor a que la indagación de la historia descubra hechos horrorosos cometidos con el único objetivo de satisfacer intereses y ambiciones de sectores minoritarios de la sociedad, responsables de esos horrores todavía impunes.
La hermana República de Chile vivirá prontamente un proceso electoral. La derecha conservadora, expresada por el actual gobierno de Piñera, comenzó a mostrar fisuras en su propio bloque que parece haberse debilitado en estos últimos tiempos. Como hicimos referencia en el artículo anterior sobre este mismo tema, este año se cumplieron 40 años del golpe cívico-militar del Gral. Pinochet y pareciera que el Terrorismo de Estado chileno se viera reflejado en los funcionarios del actual gobierno. Nadie puede negar que la derecha gobierna Chile, pero más allá de lo conservador de un partido o alianza política, la Administración Piñera se muestra como la representación de un sector político integrado por muchos responsables de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura pinochetista. Ya hemos observado que las acciones del padre de la candidata del partido gobernante, el general Mattei, estuvo involucrado en la represión ilegal, lo que salpica de sangre las aspiraciones de su hija. Ahora, asistimos a otro develamiento de aquel tenebroso pasado. La denuncia del Sr. Ernesto Lejderman, (quien demostró que el actual titular del servicio electoral y ex comandante del ejército fue el responsable del asesinato de sus padres, siendo Ernesto ilegalmente secuestrado y llevado a un orfanato), forzó la inmediata renuncia del funcionario. Los sectores de la derecha chilena pretendieron, sin éxito, ocultar su verdadero rostro imponiendo la obligación de olvidar, pero el pasado se coló subrepticiamente en su presente haciendo caer sus caretas y sus continuos discursos sobre el nacionalismo, el orden y la seguridad.
Esta máscara discursiva se despliega en un marco de disputa electoral donde las probabilidades de un triunfo socialista se hace cada vez más evidente. La izquierda, los estudiantes y los trabajadores se hacen presentes cada vez con mayor intensidad en las calles. Ellos comienzan a replantear temas olvidados, manifiestan la necesidad de reivindicar la memoria, la verdad y la justicia. La candidata por el socialismo, Michelle Bachelet estuvo entre ellos. ¿Estará el socialismo a la altura de las necesidades chilenas? ¿Podrá Bachelet cumplir con las asignaturas pendientes de su anterior mandato? ¿Será posible un profundo proceso de transformación que recuerde los intentos de Salvador Allende, o el accionar político solo se reducirá a las urgencias coyunturales? El pasado que aflora en Chile demanda enfrentarse con una verdad que reclama memoria y justicia. Se hace menester hacer el duelo de la pérdida para superar el dolor, la negación solo conduce a profundizar las patologías sociales.
La situación de Chile no es ajena a otras realidades latinoamericanas. Salvo la Argentina, que luego de tres décadas tomó la decisión política de re-visionar su historia reciente y juzgar a los responsables de atroces crímenes contra la humanidad, los otros Estados de América Latina permanecen en deuda con sus pueblos. Aun así, luego de todo lo hecho por la política de la Argentina kirchnerista, todavía se hace muy difícil lidiar con los grupos involucrados en el genocidio ya que muchos de ellos, hoy ocultos en las corporaciones aliadas a la dictadura trataron y tratan de impedir que la justicia se haga cargo de estos criminales. Si para la Argentina, que desde el 2004 tiene por política de Estado la revaloración de los Derechos Humanos y la justicia frente al genocidio, resultó complicado llevar adelante estas decisiones, la cuestión se complejiza más aun para los países que todavía hoy no han comenzado a dar esta batalla cultural.
Los conservadores, los reaccionarios, por más que representen a las minorías, siempre van a estar y siempre estarán dispuestos a imponer la defensa de sus intereses aun apelando al autoritarismo. Lo importante no es ese dato conocido, lo fundamental para la política es concientizar para el bien de las mayorías y educar para la libertad. Confrontar con los sectores reaccionarios por medio de una praxis política transformadora que garantice más derechos, más igualdad y más democracia. Mientras que en Argentina se deben ahondar los cambios, en Chile queda la decisión de comenzar con este proceso de transformación.
Si damos por ganador al socialismo, a la candidata Michelle Bachelet le espera un gran desafío. Además de poner en práctica políticas de inclusión y de mejoramiento de la calidad de vida del pueblo, tendrá que llevar adelante un revisionismo histórico y hacer un llamado a la memoria colectiva para juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado Pinochetista. No es solo una labor del gobierno, curar las heridas de toda una sociedad demanda el compromiso de todos los sectores populares que acuerden con este objetivo común. Demanda la fuerza colectiva que pueda empujar el cambio, y éste requiere de ir superando paulatina pero firmemente el temor internalizado en la sociedad por los años de dictadura. La transición a una sociedad más justa espera por la exteriorización de un gran voluntarismo constructivo.
*Claudio Esteban Ponce, licenciado en Historia, miembro de la Comisión de América Latina de Tesis 11