El cambio que promueve Macri y la pulseada con el sindicalismo

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Revista Tesis 11 (nº 121)

(política nacional)

Gerardo Codina*

Uno de los objetivos estratégicos del gobierno de la Alianza Cambiemos es rebajar el salario promedio argentino a la mitad. En ese punto convergen los intereses de todas las fracciones del gran capital. Para lograrlo, necesitan producir la fragmentación del movimiento sindical, el más fuerte de la región, que cuenta con una larga historia de organización y lucha. Las tensiones internas se evidenciaron en el proceso que culminó en el exitoso paro general del 6 de abril.

A la salida de la segunda guerra mundial y con la experiencia vivida de la gigantesca crisis del 30, en muchos países del mundo se ensayaron nuevos caminos de conducir el proceso económico por un sendero de crecimiento con desarrollo. Como rasgos comunes, se apeló al pleno empleo de los factores de producción, al sostenimiento de la demanda interna y a la ampliación de la inversión social para alcanzar el doble objetivo de ensanchar la noción de ciudadanía y motorizar el crecimiento sostenido por factores endógenos. La construcción de un estado social o sociedad de bienestar se convirtió en un horizonte deseable para estabilizar la economía y evitar sus crisis recurrentes, además de posibilitar la conformación de sociedades más integradas, con mayores niveles de justicia social.

En nuestro país ese proceso encarnó en el peronismo. Desde su mismo nacimiento encontró resistencias feroces en los núcleos más concentrados del poder económico, que sólo pudieron entenderlo como recortes a sus prerrogativas de propietarios, que se pensaban con derechos absolutos para decidir sobre sus bienes. El fiero odio de clase que despertó se evidenció en la crueldad del golpe del 55 y su secuela represiva.

Esta lógica primitiva del patrón de estancia perdura y revive en la nueva derecha neoliberal, que alcanzó el cenit de su poder en el mundo con la implosión del mundo del “socialismo real”. Y que, entre nosotros, logró por primera vez acceder al gobierno mediante el voto popular en 2015, después de doce años de reconstrucción social y política de la mano de un kirchnerismo que revisitó los tópicos fundacionales del peronismo.

El caso testigo

No es casual que en estos días se homologue a María Eugenia Vidal con Margaret Thatcher. El gran éxito (para la derecha mundial) de la Dama de Hierro británica fue quebrar la dura resistencia de los mineros galeses a su programa de cierre del sector y con su derrota, lograr el sometimiento en el tiempo del otrora poderoso movimiento obrero inglés, forjado en un siglo de organización y luchas por los derechos políticos, sociales y civiles de los trabajadores. El gran capital argentino espera que la intransigencia de la gobernadora Vidal logre quebrar al gremialismo docente bonaerense, que fue elegido por el gobierno macrista como el enemigo a derrotar para disciplinar y someter al conjunto del movimiento sindical argentino[1].

Ahora mismo, la decisión de las organizaciones sindicales de prepararse para un conflicto prolongado y no agotar a sus bases con una seguidilla de paros, es leída por los editorialistas de los diarios Clarín y La Nación como un éxito de Vidal. Un éxito obtenido gracias al apriete económico de los descuentos masivos, el desconocimiento de las normativas legales que protegen el derecho a huelga y haciendo oídos sordos a disposiciones judiciales que ordenan no sobornar carneros y reponer los días descontados.

La ofensiva del gran capital sobre los derechos de los trabajadores no reconoce límites legales y cuando los encuentra, descalifica a los jueces endilgándoles la condición de militantes de “Justicia Legítima”, los amenaza con la destitución o directamente con patotas. Clarín no sólo predica con su palabra, sino con su ejemplo. El despido masivo de los trabajadores de su empresa Artes Gráficas Rioplatense es una muestra acabada de su concepción empresarial.

El paro en Macrilandia

El actual mandatario es recurrente visitante de una realidad virtual que pretende hacer pasar por la única verdadera. Al día siguiente de un paro que lo encontró “trabajando”, en sus palabras, para lograr unas inversiones externas que no llegan, declaró en un acto oficial “Siento que no paró el país; al contrario, activó lo más importante que tenemos en discusión, fue un activador del cambio, porque vimos como nunca antes una toma de conciencia, una profundización del debate de qué es lo que sirve para construir futuro”[2], aseveró el mandatario.

La descalificación de la medida de fuerza y su impacto en la vida cotidiana nacional, dio paso inmediato a un reclamo a dirimir las diferencias en las próximas elecciones de octubre. En el mismo sentido, la ministra de Seguridad Bullrich, que se ufanó de haber desalojado violentamente a manifestantes que bloqueaban en forma parcial el tránsito en la Panamericana, afirmó que los sindicalistas deben «adaptarse a la realidad» y «no querer imponer un plan económico»[3].

Esta idea de contraponer la democracia política, en particular, las mayorías circunstanciales que se pudieron haber conformado para una elección, con el accionar gremial, es pariente conceptual de la construcción discursiva que hace Macri en torno de las diferentes movilizaciones que convergieron en Plaza de Mayo desde el 6 de marzo. “Somos una mayoría que salió a la calle espontáneamente”[4], afirmó sin perder la sonrisa de satisfacción, en una entrevista a la agencia de noticias alemana, al hablar sobre el respaldo recibido de parte de algunas decenas de miles de porteños el 1° de abril.

El autismo presidencial es un mal presagio. Lo señala el triunviro Daer en un reportaje publicado por Página/12 el Domingo de Ramos. En una sociedad diversa el poder político tiene que mediar entre los intereses sectoriales en pugna, no refugiarse en sus visiones. “El único modelo económico sustentable, es el que cierra socialmente”[5], afirmó.

La gobernabilidad democrática es ante todo una obligación de quienes detentan el poder. Colocar a crecientes sectores de la población al borde de la imposibilidad de vivir dignamente, pone en tensión las mediaciones políticas y promueve las rupturas del orden institucional. Es el macrismo hoy el principal impulsor de una reedición amplificada del “que se vayan todos” y su helicóptero.

La unidad sindical como meta

El presente encuentra al movimiento sindical argentino en el proceso de salida de una etapa de fuerte fragmentación y sin liderazgos claros. La dureza de la situación promueve el accionar conjunto y, al mismo tiempo, acentúa los rasgos de competencia intersindical por la representación de los afectados por los cambios macroeconómicos.

La contundencia del paro del 6 de abril no pudo lograrse sin el compromiso mayoritario de las organizaciones que militan en la CGT. De hecho, las dos CTA y aquellos sectores minoritarios que abandonaron el espacio conducido por Pablo Micheli, debieron esperar y sumarse a una convocatoria cegetista reclamada por muchos sectores de la militancia sindical. No hubo espacio para acciones autónomas, salvo los piquetes de una izquierda trotskista que procuró “robar cámara” y le dio argumentos al gobierno para poner en marcha su política represiva.

Un cuarto sector muy significativo no tuvo presencia en esa jornada. Los movimientos sociales que, mayoritariamente se articulan en el eje Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie, tampoco desplegaron un accionar aislado, como el que están en condiciones de producir y evidenciaron el 15 de marzo pasado. Es obvio que los desocupados están imposibilitados de parar, pero pueden movilizarse. Decidieron no hacerlo esta vez.

La magnitud del paro en las grandes ciudades del país se debió en parte a la detención de los medios de trasporte. Pero la mayoría de los trabajadores de ingresos medios y altos no lo utilizan habitualmente, pues se trasladan en sus propios vehículos, y en la generalidad de las ciudades pequeñas y medianas del país no existe trasporte público, como señaló Micheli en la conferencia de prensa en la que las dos CTA evaluaron de forma conjunta el resultado de la medida. La chicana de Marcos Peña adjudicando la efectividad de la medida de fuerza al paro de trasporte solo se sostiene por el intento vano de bajarle el precio y muestra la ignorancia del jefe de gabinete que sólo puede pensar el país en términos del conurbano bonaerense.

Sin dudas, sólo la convergencia del grueso de las organizaciones sindicales hizo posible este paro. Esto explica acabadamente por qué la mayor parte de los esfuerzos internos del movimiento obrero están destinados a construir y reforzar la precaria unidad de acción lograda. Esto también identifica con claridad dónde pone y pondrá sus empeños la administración macrista y la derecha vernácula. La unidad obrera se ha convertido, por imperio de las circunstancias, en el desafío determinante del movimiento popular.

Los factores de divergencia

El movimiento sindical argentino arrastra desde sus comienzos la rémora de su fragmentación y la aspiración de su unidad. Salvo contados momentos, la armonización del accionar de sus múltiples componentes fue excepcional, impuesto por el clima social dominante y resultado de laboriosas negociaciones. No es la excepción el presente.

Si bien predomina un principio de unificación que es el sindicato único nacional por rama, este ha sido con los años fuertemente erosionado por las prácticas burocráticas que burlan los intereses de sus representados y sobre el que se monta el accionar disolvente de sectores social cristianos y de la izquierda trotskista, que promueven la multiplicidad de organizaciones bajo la consigna de la libertad sindical.

Este protagonismo de las grandes organizaciones facilita la posibilidad de la convergencia. Pero cada una de ellas tiene sus propias demandas y su vía singular de articulación con el poder político de turno. El vínculo conflictivo pero estable entre el Estado y las organizaciones sindicales no solo trascurre por la legalización de sus actos y autoridades, incluso el ejercicio del derecho de huelga, sino por la recaudación de los aportes a las obras sociales sindicales y su distribución, que realiza el gobierno nacional a través de un área específica. Es allí donde el macrismo, como tantos gobiernos anteriores, pone en marcha su política de garrote y zanahoria, orientada a amplificar la fragmentación existente del movimiento sindical.

Hoy mismo adelantan sus objetivos con victorias parciales. El gremio mercantil suscribió una paritaria en línea con el objetivo gubernamental de reducir el poder adquisitivo de los salarios. Un veinte por ciento en cuotas, lubricado con un generoso giro de fondos retenidos para la obra social que regentea Cavalieri, que proyecta construir un hospital para sus afiliados en La Matanza. Otro sector cuyo alineamiento se anticipa es el de construcción, muy afectado por la masividad de los despidos del año pasado pero esperanzado en la reactivación prometida de la obra pública que regresa en cuentagotas, en el marco de la campaña electoral conservadora que calcula que cada decena de metros cuadrados de pavimento equivalen a un voto.

El gobierno aspira a alcanzar sus objetivos también con el gremio mayoritario de los estatales. Por segundo año consecutivo UPCN se plegó en la provincia de Buenos Aires a los límites impuestos por la gobernadora Vidal y convalidó aumentos de salarios por debajo de la inflación real. Este año esperan lograrlo en el ámbito nacional. En la mesa de negociaciones bonaerense hubo un bonus track y un hombre de Andrés Rodríguez, único secretario adjunto del triunvirato que conduce la CGT, quedó al frente de IOMA, el instituto médico asistencial que brinda prestaciones médicas a dos millones de bonaerenses. Ahora, Sergio Casinotti, de él se trata, ha sido designado al frente del PAMI[6] y se ocupará de la atención de los jubilados y pensionados, y sus grupos familiares. Como dato señalemos que Casinotti fue por años, entre 1997 y 2013, un destacado gestor de Unión Personal, la obra social de los estatales argentinos. Un lugar en el que no pudo tener grandes divergencias con Rodríguez.

Con esos acuerdos, que abarcan a millones de asalariados, más los logrados flexibilizando los convenios laborales con un sector de los petroleros y los mecánicos[7], el macrismo podrá exhibir sus “logros laborales” a las grandes centrales empresariales. Para cerrar acabadamente el plan, se debe silenciar a la justicia laboral (o hacerla desaparecer, más directamente) y terminar de criminalizar la protesta social.

La represión selectiva como disciplinador

El operativo de expulsar por la fuerza a un centenar de militantes gremiales docentes de Plaza Congreso para evitar que culminen el montaje de una escuela itinerante allí donde veinte años atrás estuvo la Carpa Blanca, no fue el resultado de un arrebato circunstancial, un enojo o capricho del presidente Mauricio Macri.

Es una foto montada. Lleva un anuncio para todos los que se resisten al proceso de ajuste y pauperización impulsado por el gran capital. La indiferencia calculada, el consabido “un paro no cambia nada” o “es un día perdido”, ha dado paso a la reacción violenta que busca amedrentar e inhibir futuras acciones. La extorsión, las amenazas, la represión violenta, son otros tantos componentes de una deriva autoritaria de un régimen que se bordaberriza a grandes pasos y que, como cuarenta años atrás en Uruguay, puede chocar con la democracia y culminar en una confrontación abierta con los sectores populares.

Algo de eso se percibió el 1° de abril en el odio a flor de piel de los recoletos movilizados e indignados por los choripanes. Algo de eso emana pestilente en los comentarios indecentes de la abogada funcionaria del ministerio de Modernización (sic) frente a la triste y horrorosa noticia de la muerte de Micaela García en Gualeguay. Macri decidió alinearse con esa minoría resentida y agresiva, en la que militan, por supuesto, todos los partidarios de las sucesivas dictaduras que padecimos. Pretende imponer su visión por la fuerza. No es una buena noticia para nuestra sufrida democracia.

*Gerardo Codina, psicoanalista, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11.


[1] Ese es el objetivo político principal. Secundariamente, se procura que el Estado nacional se desentienda del financiamiento de la educación pública, bajo el argumento del respeto al federalismo. El ajuste resultante liberaría presiones sobre el presupuesto nacional para posibilitar rebajas adicionales de impuestos al gran capital y para asumir la creciente cuenta de los intereses de la deuda externa.

[2] http://www.lagaceta.com.ar/nota/725097/actualidad/macri-siente-paro-cgt-lo-fortalece.html

[3] http://www.lacapital.com.ar/politica/bullrich-pide-la-cgt-que-se-adapte-la-realidad-n1373208.html

[4] http://www.ambito.com/878666-macri-somos-una-mayoria-que-salio-a-la-calle-espontaneamente

[5] https://www.pagina12.com.ar/30759-la-desilusion-por-los-cambios-que-no-hubo-esta-creciendo

[6] http://www.infobae.com/politica/2017/03/15/sergio-cassinotti-sera-el-nuevo-titular-del-pami/

[7] http://www.telam.com.ar/notas/201703/182527-pignanelli-acuerdo-industria-automotriz.html

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