Discursos, mentiras y prioridades.

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Dossier: «CARACTERIZACIÓN DEL GOBIERNO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ALTERNATIVA DESDE EL CAMPO POPULAR.» (artículo 2 de 4)

Jorge Rivas*

«Los socialistas creemos que entre las múltiples tareaqs que el Estado tiene por delante, las prioritarias son aquellas que pueden conducir a revertir la catástrofe social»

Más allá del repunte de una economía que rebotó después de haber tocado fondo y a favor de los precios internacionales de los commodities, veinte millones de pobres y nueve millones de indigentes siguen sumidos en la angustia de la subsistencia sin futuro. No se advierten, sin embargo, políticas públicas que se propongan devolver el empleo a los millones de trabajadores a quienes les fue arrebatado por la prolongada aplicación de un modelo económico ampliamente denostado, pero que sigue gozando de su perversa salud.

En lugar de impulsar esas políticas, los miembros del gabinete emplean sus energías en someter a tortura a los datos estadísticos para hacerles confesar lo que ellos quieren que digan, como hizo recientemente el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, según el cual el aumento del índice de desempleo se debe a que cada vez más gente busca trabajo, circunstancia que definió como el fin del desaliento. Pero la gravedad de la crisis social en la Argentina es de una proporción tal que se resiste a ser manipulada.   

Nunca es bueno desconocer los datos de la realidad, ni tratar de disimularlos por agobiantes que sean, y más allá de las oscilaciones numéricas que se registran de un mes a otro, la dura realidad es que la desocupación está en los niveles más altos de la historia del país. Mientras tanto, da la impresión de que el Ejecutivo repite la misma falacia con la que aturdía el menemismo en los años noventa: que el crecimiento económico resuelve por sí solo los problemas de injusticia social, cuando lo contrario está sobradamente demostrado.

La adjudicación de los planes Jefas y Jefes de Hogar y de los otros paliativos con los que se intenta aliviar la catástrofe de la exclusión social, por otra parte, sigue presa de una política clientelar que hay razones para considerar inseparable del justicialismo, cuyas peores expresiones siguen ahí, manejando provincias y municipios, o imponiendo con su número en el Congreso la sanción de leyes vergonzosas.

En tanto, mientras genera la sensación de que discute inflexiblemente con los acreedores la cuestión de la deuda externa para «no pagar a costa del hambre de los argentinos», el gobierno admitió para este año la meta del 3% de superavit fiscal exigida por el Fondo Monetario Internacional, lo que le impide aplicar las políticas económicas expansivas que el momento exige imprescindiblemente. Para el año próximo, el índice será aun superior. Y las concesiones no paran ahí.

El mes pasado, sin ir más lejos, con la exclusiva finalidad de satisfacer los requerimientos del Fondo, el oficialismo parlamentario aprobó el proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal, un auténtico collar de hierro para las economías provinciales y para sus poblaciones, que en muchos casos están ya forzadas a sobrevivir en condiciones calamitosas.

Los socialistas creemos que entre las múltiples tareas que el estado tiene por delante, las prioritarias son aquellas que pueden conducir a revertir la catástrofe social. Hay que reformar profundamente el régimen fiscal y tributario para que grave proporcionalmente más a los sectores de altos ingresos y rentas, y a las manifestaciones de riqueza improductiva, y a la vez capte para la inversión nacional el saldo positivo de la balanza comercial. Son los más ricos, y particularmente los que han obtenido beneficios ingentes de las privatizaciones y de los grandes negocios financieros de los últimos  años los que tienen que financiar las necesarias políticas de bienestar y de generación de empleo. También la elaboración del Presupuesto Nacional y el pago de las acreencias externas deben ser delineados teniendo en cuenta las prioridades enunciadas.

La hora exige que el gobierno nacional encare tales transformaciones con un apego estricto al funcionamiento de las instituciones, lo que implica naturalmente el respeto por las facultades del Congreso de la Nación. Por el contrario, el Ejecutivo exhibe una lamentable inclinación a gobernar mediante la sanción de decretos de necesidad y urgencia, invariablemente en circunstancias en que resulta imposible acreditar tanto la necesidad como la urgencia, aun para el redactor de los considerandos de las normas que se emiten. Por otra parte, insiste el gobierno con el otorgamiento de facultades extraordinarias al jefe de Gabinete en materia de ejecución del Presupuesto. Los socialistas hemos planteado una y otra vez tanto la inconstitucionalidad de la concentración de atribuciones como los perjuicios que ha deparado al país cada vez que se la ha puesto en práctica.

En lo que se refiere específicamente al proyecto de Presupuesto para 2005, el gobierno de Kirchner reitera sus desafortunados procedimientos anteriores. El año próximo, como éste, seguramente la realidad va a superar las magras previsiones que los redactores del proyecto formulan en materia de crecimiento de la economía y de recaudación fiscal, de modo que volverá a registrarse un superavit mayor que el que está pautado, y el Ejecutivo dispondrá de él, una vez más, arbitrariamente. Para ello, claro está, servirán los super poderes del Jefe de Gabinete y los decretos de necesidad y urgencia.

Ya este año, como se recordará, tuvimos ejemplos en ambos sentidos. Por un lado, Alberto Fernández utilizó con otros fines algunas partidas que la ley asignaba a Seguridad Social. Por el otro, el decreto 917 aumentó el Presupuesto en 4.300 millones de pesos que distribuyó discrecionalmente – eludiendo la obligación constitucional de someter el asunto al Congreso – y de un modo que además genera numerosos interrogantes. En ocasión de su último informe a la Cámara de Diputados preguntamos al respecto al Jefe de Gabinete, que no respondió con claridad, con lo que dio lugar a que sospecháramos si además de discrecionalidad política, no había habido manejos turbios del dinero público.

En ese contexto, insistimos, nuestra obligación como opositores radica en señalar sin concesiones las flaquezas y los desvíos de un gobierno cuyo discurso se ha empeñado en generar la adhesión de amplios sectores de la población que en realidad aspiran a transformaciones de fondo en nuestra sociedad, a la vez que proponemos las medidas instrumentales que tiendan a producir esos cambios.

Los socialistas, sin embargo, estamos plenamente conscientes de que nuestro partido milita en un espacio amplio, difuso y particularmente fragmentado, que hoy por hoy carece de verdaderas posibilidades de incidir en el rumbo político del país. Superar la dispersión y dejar atrás la anemia política no es sólo una necesidad estratégica. Es también un imperativo ideológico que nos exige que pongamos a disposición de la ciudadanía una herramienta de transformación, democrática y plural, en aptitud de romper el círculo de hierro que nos impone el partido gobernante.

*Jorge Rivas, presidente del bloque Socialista de la Cámara de Diputados.

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