Dossier: Movimientos Sociales (3 de 3).
Buenos Aires, abril de 2004.
La movilización popular que recorriera el año 2001 y
que coronara más de dos décadas de resistencia
puso en crisis la hegemonía neoliberal en la Argentina.
Estas circunstancias han sido simultáneas a un
proceso similar que se ha manifestado en buena parte
de América latina. Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia,
Uruguay y la realidad permanente de la experiencia
cubana son evidencias elocuentes respecto a
un momento distinto y por cierto más favorable de
la región. Se abrió a partir de entonces una nueva
etapa política en nuestro país que, si bien signada
por contradicciones, revela una y otra vez la vigencia
de una conciencia popular que afirma condiciones
para la construcción de una sociedad más justa. Es
en este marco donde se inscriben las mejores definiciones
del gobierno del presidente Kirchner en términos
de democratización institucional y de afirmación
consecuente de las luchas históricas que nuestro
pueblo planteara en favor de combatir la impunidad
y garantizar la justicia. Nadie puede desconocer el
hecho histórico que supuso transferir el máximo ícono
del horror (la ESMA) de las manos de la Armada
genocida al pueblo argentino y a los organismos de
Derechos Humanos. Hecho éste que alentó las masivas
movilizaciones que a lo largo y a lo ancho del
país se dieron en este histórico 24 de marzo. Es importante
señalar, frente a esto, que los signos de
avance que se observan en el campo institucional no
encuentran traducción en las tendencias básicas que
gobiernan el desempeño de la economía. Por cierto,
no olvidamos ni dejamos de rescatar algunas definiciones
como la política de salario mínimo, los decretos
parciales de aumento salarial o el incremento de
los haberes jubilatorios. Asimismo, la decisión de recuperar
el Correo Argentino o el espacio
radioeléctrico. Entendemos, sin embargo, que no
estamos en presencia todavía de una estrategia de
intervención orgánica sobre el funcionamiento económico tendiente a desmontar los lineamientos regresivos
que se afirmaron a partir de la salida
devaluacionista de la convertibilidad. Salida ésta
que, puesta en marcha en el marco del gobierno de
Duhalde y capitaneada por aquellos segmentos del
poder económico local que exhiben una fuerte inserción
exportadora, sentó bases de mayor pobreza en
nuestra sociedad y mayor sobreexplotación de los
trabajadores.
Estamos convencidos que sin reformas económicas
de fondo que permitan sustentar y profundizar
los avances que se exhiben en el campo
institucional no sólo será difícil continuar en dicha
senda, sino que le estaríamos otorgando a aquellos
sectores que han hecho de la decadencia argentina
la condición de su expansión y predominio el tiempo
y la posibilidad de volver a avanzar sobre las instituciones.
Es en este marco donde deben inscribirse las
presiones del FMI en favor de incrementar los pagos
por deuda, las maniobras de retención de gas del
oligopolio petrolero para fabricar una crisis energética
(reveladoras del fracaso absoluto del modelo
privatista de los noventa), las demandas de los banqueros
por reducir el impuesto al cheque y por mantener
las condiciones de un sistema financiero que
poco tiene que ver con las necesidades de nuestro
desarrollo, las exigencias de los grupos concentrados
para que los excedentes fiscales subsidien sus inversiones
e, incluso, las estrategias de los autoritarios
de la «mano dura» en el intento de capturar en favor
de sus funestos objetivos la legítima demanda popular
de vivir en una sociedad más segura. Siendo rigurosos
en el análisis y asumiendo incluso el debate sobre
esta última problemática, debe quedar claro que
aquellas visiones fascistoides que asocian libremente
la idea de seguridad con la sola consideración de la
lucha contra el delito, pasan por alto el debate a
fondo acerca del concepto mismo de seguridad. Una
sociedad segura es aquella en la cual cada habitante
puede decidir y desarrollar su «plan de vida». Hacerlo
supone que esa misma sociedad pueda garantizar
el acceso al trabajo, a un ingreso digno, a la salud y
a la educación. En ese marco la lucha contra el delito
es una de las responsabilidades de la autoridad pública
pero no la única y ni siquiera la más importante.
Por lo tanto y aún considerando seriamente la última
demanda que la sociedad argentina ha instalado,
seguimos sosteniendo que el imperativo ético y
político de la etapa actual reside en la lucha contra
la desocupación, el combate a la pobreza y a la desigualdad.
Sabemos que estar en capacidad de sostener
un proceso de transformación hacia condiciones de
mayor justicia, requiere afirmar una fuerza con discurso-
propuesta y organización suficiente como para
hacerlo. Todos percibimos que ha sido y es la ausencia
de dicha experiencia política lo que termina haciendo
descansar los mejores discursos y las mejores
intenciones en las prácticas vetustas y corruptas de
instituciones y estructuras partidarias que exhiben un
absoluto compromiso con las tendencias regresivas y
antidemocráticas que caracterizaron a la Argentina
de las últimas décadas. Es en este sentido que en su
Congreso del año 2002 nuestra Central planteara la
necesidad impostergable de vertebrar un nuevo Movimiento
Político, Social y Cultural en nuestro país.
No como una salida inmediatista que supusiera la
afirmación de candidatura alguna, sino como una
apertura a la construcción con los diferentes actores
sociales e institucionales de un nuevo proyecto de
país así como también de las condiciones de movilización
e institucionalidad popular que permitan hacerlo
posible. Se trata de construir desde el campo
popular una relación de fuerzas diferente que permita
sostener otra forma de organización de la sociedad
capaz de garantizar trabajo, salario digno, salud,
educación, alimentos y vivienda para todos
nuestros compatriotas. Hablamos de construir una
nueva coalición política y social representativa de los
intereses de las mayorías populares que sustituya
aquellas viejas corporaciones políticas cuyas prácticas
han sido repudiadas por nuestra sociedad. Un
verdadero Movimiento Político, Social y Cultural de
liberación que haga realidad los anhelos de justicia,
democracia y soberanía enarbolados por nuestra
Central y que anidan desde siempre en la mente y el
corazón de nuestro pueblo.
Conscientes de la etapa política que estamos
transitando y en la decisión de aportar al objetivo de
garantizar el logro de las expectativas populares es
que creemos indispensable poner en marcha el pleno
ejercicio de la soberanía popular en dirección a promover
una fuerte movilización y organización nacional
que instale como inexorable, en base a una amplia
unidad popular, aquel conjunto de definiciones
que integran el tipo de sociedad que pretendemos
construir los trabajadores y el pueblo argentino.
En esta dirección creemos conveniente comenzar
a confluir desde las diferentes organizaciones
populares y en discusión incluso con aquellos
sectores del gobierno nacional que alientan objetivos
similares, la necesidad de promover un proceso de
consulta popular que permita organizar y movilizar a
la población con el objetivo de poder avanzar en:
– la distribución justa de los ingresos
– la reindustrialización
– la renacionalización de la infraestructura pri
vatizada y del sistema financiero
la autonomía nacional frente al FMI
– y en una nueva inserción regional que pro
mueva la unidad latinoamericana ante el in
tento de los EEUU de afirmar el ALCA en la región.
La CTA no adscribe a una lectura ingenua del
proceso político. Reconoce su complejidad y asume
el desafío de trabajar por la construcción de una amplia
fuerza popular organizada como instrumento estratégico
para librar con éxito la confrontación con
el imperialismo y las clases dominantes. Asumimos a
pleno nuestra responsabilidad social e histórica hasta
implantar un proyecto de país que nos contenga a
todos. En este sentido, estamos convencidos que la
urgencia de la hora obliga a transitar tres ejes muy
precisos. Ejes que reconocen prioridades pero que
suponen una expresa articulación. Refundar la Argentina
requiere priorizar la distribución del ingreso
para confrontar de manera inmediata con la desocupación,
la pobreza y la desigualdad. Exige autonomía
nacional para consolidar un nuevo proyecto productivo,
y reclama de un profundo proceso de democratización
que transforme a la soberanía popular en
la genuina garantía de la nueva etapa política que
transitamos.
* Central de los Trabajadores Argentinos