El carácter democrático de un sistema y de un gobierno, no se agota en el hecho que su origen sea producto del voto popular.
La democracia exige – necesariamente – el respeto de los derechos consagrados y conquistados por y en beneficio de las grandes mayorías, asalariadas y no asalariadas, de trabajadores, jubilados, estudiantes; de pequeños y medianos productores, de técnicos y profesionales autónomos y de pymes de la ciudad y del campo, integrantes todos del campo popular
Reniegan de la democracia, la denigran, quienes con artilugios leguleyos y con jueces adictos, apoyados y adulados por políticos sin principios y sin memoria histórica, se burlan de la Constitución y de las leyes para construir un blindaje judicial y mediático que esconda, ampare y legalice el inaudito saqueo que acaba de lanzarse contra el pueblo.
Ya, de partida, se ha transferido una fabulosa masa de ingresos en beneficio del capital concentrado urbano y rural y de grandes grupos exportadores, actividades en las que predominan las multinacionales, entrelazados todos ellos con el gran capital financiero, más las corporaciones mediáticas, que también son parte del bloque de poder.
Los objetivos económicos y sociales que guiaron a la dictadura genocida y al neoliberalismo de la década de los ´90, son reflotados ahora por un gobierno surgido en el marco de la democracia mediante la aplicación de un ajuste brutal. Para cumplir esos objetivos ¿se adoptarán también medidas para “terminar con el curro de los derechos humanos” como reclamó el Presidente? La anunciada preparación de un “protocolo de protesta social” para hacer frente a los reclamos y la declaración de emergencia nacional en materia de seguridad, también es preocupante.
Para aventar estos temores y reparar el perjuicio causado es urgente y necesario que el Estado disponga la inmediata recomposición del poder de compra de los asalariados y del personal pasivo
La pretensión, a horas de asumir, de nombrar de urgencia y con interpretaciones caprichosas y arbitrarias de la Constitución Nacional, a integrantes de la Corte Suprema y los propósitos explicitados de derogar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dan un claro testimonio de la contraofensiva que adoptó el gobierno de Macri como respuesta a las exigencias del capital concentrado.
La amenaza de desplazamiento de la Procuradora General, Dra. Gils Carbo, jurista y funcionaria de desempeño impecable, recurriendo a medidas contrarias a la institucionalidad democrática ¿a título de qué? ¿ a qué intereses responde?
Lo que es evidente es que estas burlas a la democracia son también testimonio de debilidad política e ideológica de esta derecha, porque de lo contrario no hubieran recurrido a procedimientos tan burdos y repudiados para alcanzar sus objetivos. Es que tienen conciencia de que a pesar del triunfo electoral – por demás exiguo – no han derrotado a los sectores populares. Saben y sabemos que la movilización y la acción mancomunada de las organizaciones sociales, políticas., laborales y culturales que se nutren de pueblo – como ya está ocurriendo en estos días, desde la misma semana del cambio de autoridades, algo inédito, aunque mediáticamente invisibilizado – volverá a poner las cosas y a cada uno en el lugar que debe estar.
ASOCIACION CIVIL-CULTURAL Y BIBLIOTECA POPULAR TESIS 11
CONSEJO EDITORIAL
CABA, 21 DE DICIEMBRE DE 2015