Crisis política, arremetida neoliberal y exigencias populares

Compartir:

Revista Tesis 11 (nº 115)

(América Latina/Brasil)

Jorge Luis López Ardilla*

“Desde los primeros meses del nuevo periodo presidencial, las fuerzas de la derecha parlamentaria, así como sectores empresariales asociados al agronegocio, la industria y a los medios de comunicación han presionado al gobierno del PT; a simple vista parece que existe una disputa gubernamental entre sectores partidarios brasileros a favor y en contra del gobierno, pero ésta disputa contiene, además, motivaciones e intereses político-económicos contradictorios encarnados por la contraposición entre las clases populares (…) y la unión de transnacionales, empresarios y latifundistas, es decir una confrontación entre modelos de país e intereses de clase.”

El 26 de Octubre de 2014 y con 54,5 millones de votos (51,6% de la votación) Dilma Rouseff del Partido de los Trabajadores (PT) fue reelecta presidenta de la República Federativa de Brasil, derrotando en segunda vuelta a Aécio Neves miembro del derechista partido de la social democracia Brasilera (PSDB). Con la reelección de Rouseff se dio continuidad a 12 años de gobierno del PT -que iniciaron con Luiz Inacio Lulla Da Silva-; dos días después, miembros de partidos de oposición exigieron un reconteo de votos, arrojando sobre la elección un halo de duda, cuestionando los resultados y la confiabilidad del voto electrónico.

Desde los primeros meses del nuevo periodo presidencial, las fuerzas de la derecha parlamentaria, así como sectores empresariales asociados al agronegocio, la industria y a los medios de comunicación han presionado al gobierno del PT; a simple vista parece que existe una disputa gubernamental entre sectores partidarios brasileros a favor y en contra del gobierno, pero ésta disputa contiene, además, motivaciones e intereses político-económicos contradictorios encarnados por la contraposición entre las clases populares (no necesariamente representadas por la política del gobierno de Rouseff) y la unión de transnacionales, empresarios y latifundistas, es decir una confrontación entre modelos de país e intereses de clase.

Marzo y Agosto

Las denuncias por corrupción en empresas estatales con participación de miembros del ejecutivo han puesto en apretada situación al gobierno federal, que además, hace frente a una caída internacional de los precios de los commodities y a una desaceleración de la economía nacional e internacional.

Millones de personas movilizadas y gran eco hicieron los medios de comunicación del mundo de las marchas plantones y cacerolazos realizados en, al menos, la mitad de las capitales estaduales de Brasil. Entre las reivindicaciones principales de sectores de la derecha, impulsados por el PSDB y los medios de comunicación, se exige el fin de la corrupción, y, con variables en la intensidad, la dimisión, el impeachment (jucio político) o el golpe militar directo contra la presidenta Dilma (este último impulsado de manera soterrada). Aunque las manifestaciones de la derecha han movilizado gran cantidad de personas, no todos los movilizados están a favor de las medidas adoptadas por el parlamento [1], medidas que han sido impulsadas por partidos de la derecha y sectores oportunistas.

Por parte de la izquierda existen, a su vez, distintos matices y propuestas, que van desde la defensa ciega del gobierno de Rouseff  hasta la necesidad de llevar a cabo transformaciones profundas en la sociedad brasilera, además, desde diferentes sectores populares y organismos de control se han hecho reiteradas e importantes denuncias contra políticos de oposición y empresarios envueltos en casos de corrupción, malversación de fondos y desvíos de dinero; más allá del escándalo de Petrobras, denuncian la adopción de medidas regresivas contra el pueblo brasilero, la intensión de privatización de Petrobras, y la manipulación mediática.

Petrobras, operación “Lava jato”

La estatal petrolera, se ha visto afectada por las denuncias que caen sobre miembros de las direcciones de sus divisiones y altos administrativos que junto con políticos (entre los que se cuentan miembros del gobierno y diputados de oposición y oficialistas) son señalados como responsables. Desde el año pasado astronómicas cifras de desvío, malversación de fondos, lavado de dinero y sobornos, pagos por parte de empresas privadas para la adjudicación de contratos empezaron a salir a la luz pública. Esta red de corrupción incluye a miembros de partidos como el PT, PSDB PMDB y otros además de directivos de importantes empresas como Camargo Corrêa, OAS, Oderbrecht entre otras, empresas que a su vez tienen concesiones y contratos en países de América latina incluido Colombia.

La cifra de los desvíos efectuados en Petrobrás asciende a 21000 millones de Reales, en dólares estaría cercana a los 6.000 millones.

Caso Cunha.

Las denuncias por corrupción han sido la punta de lanza para la arremetida política de la derecha, que pretende ganar por medio de presiones lo que perdió en las elecciones. Como uno de los principales contradictores de la gestión del PT se presenta Eduardo Cunha, quien es diputado federal de la cámara de representantes por el partido Do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), además es el presidente de la cámara federal y cuenta con gran apoyo de los legisladores de la derecha, que son mayoría (tanto en la cámara como en el senado [2] [3]) y que han aprobado (junto con oportunistas de otros partidos) una serie de medidas regresivas contra reivindicaciones alcanzadas y represivas contra los jóvenes y los movimientos sociales en general.

La historia de este opositor férreo denunciante del desfalco parecería la de un político correcto, sin embargo la procuraduría general de la república lo acusó formalmente de recibir 5 millones de dólares para facilitar la asignación de contratos de barcos entre Samsung y Petrobrás [4], por estos hechos, legisladores brasileros y manifestantes en las calles han pedido su dimisión.

Medidas regresivas y antipopulares

La arremetida y desestabilización política de Brasil, conlleva en su seno medidas con grandes impactos que afectarán directamente a las clases populares. Además del recorte en gastos del estado en 70.000 millones de reales que en su mayoría afectarán rubros como salud y educación, el legislativo ha venido aprobando medidas como la reducción de la mayoría de edad penal (que en un primer momento había sido rechazada [5]), propuesta por Cunha y que permite juzgar como adultos a menores de 16 años.

Dentro de esta línea, el proyecto de ley 4330 es un atentado contra el trabajo de los brasileros, este proyecto abre la posibilidad de que todas las actividades de una empresa puedan ser subcontratadas, anteriormente la legislación brasilera sólo permitía la tercerización de las actividades no asociadas a la actividad principal de la empresa.

En este mes de Agosto se aprobó también una ley “antiterrorista” que abre la puerta para tipificar manifestaciones populares como terrorismo “Este proyecto de ley tipifica el terrorismo como una práctica, por uno o más individuos, de acciones con la finalidad de intimidar al Estado, a una organización internacional, a una persona jurídica nacional o extranjera, o a cualquier representación internacional, en actos con intención de coaccionar, actuar u omitir, provocando terror, exponiendo al peligro a las personas, al patrimonio, a la paz y a la seguridad públicas”. [6]

La pretendida apertura neoliberal planteada en el legislativo apunta a la privatización de Petrobras, privatización que ha sido buscada desde los años 90 cuando su nombre quería ser cambiado a Petrobrax y vendida. Para este momento la apuesta de la derecha es tumbar una ley del año 2010 que dio a la estatal brasilera el derecho como operadora única de las reservas encontradas en el yacimiento del pre-sal, ubicado aguas adentro del litoral sur.

La inversión de la empresa ha superado los 27000 millones de dólares a 2015 y las reservar probadas sobrepasan los 16 mil millones de barriles de crudo liviano, en la actualidad produce 3,5 millones de barríles diarios de petróleo, de los cuales 800.000 barríles diarios y 22.000 millones en reserva se encuentran en el pre-sal. [i]

Movimientos sociales y populares

“Este año ha sido de muchas movilizaciones, llevábamos como 3 años un poco quietos”, comentaba un asistente a la marcha del 20 de Agosto en Curitiba. La agenda ha sido bastante apretada; la mayoría de las intervenciones y consignas apuntan a rechazar los intentos golpistas, defender a Petrobras y las ganancias sociales obtenidas con los gobiernos del PT.

Los movimientos populares brasileros han logrado una importante articulación popular en torno a lo que ellos llaman Proyecto Popular para Brasil, en la cual se van construyendo propuestas desde sectores sociales y clases populares. Algunas de sus banderas de lucha, en este momento, aparte de rechazar las medidas neoliberales y los despidos masivos, se centran en la defensa de Petrobras, la realización de un plebiscito constituyente que prohíba la financiación empresarial de campañas políticas, la democratización de los medios de comunicación -actualmente en manos del monopolio de la red globo- y el aumento de impuestos a las grandes fortunas.

Las organizaciones campesinas y el movimiento de los Sin Tierra, uno de los sectores más importantes del movimiento social y popular en Brasil, ponen sobre la mesa la necesidad de asentar a todas las familias acampadas del país además exigen leyes más fuertes contra el latifundio, el agronegocio y los agrotóxicos.

Estas voces muestran un apoyo al gobierno de Rouseff y al mismo una crítica profunda al giro a la derecha que está dando, más allá de las reivindicaciones en bloque, cada sector mantiene sus propias banderas y luchas. Sin el apoyo de los procesos populares sería imposible para el PT mantenerse en el gobierno.

En adelante

La crisis política que enfrenta Brasil tiende a agudizarse, más aún con los bajos precios de materias primas como el petróleo y el hierro, entre otros, además, el recorte en la previsión del crecimiento económico de China golpeará a los BRICS, la derecha manipulará las condiciones económicas mundiales buscando presionar más a Rouseff utilizando los medios de comunicación.

Para el gobierno quedará muy difícil tratar de contentar a los dos bandos y vendrá un punto de inflexión donde o definitivamente se adoptará el neoliberalismo más crudo, o se gobernará en función de las clases populares y sus reclamos.

Es claro que las maniobras desestabilizadoras en Brasil tienen una relación directa con la apropiación de recursos estratégicos (Brasil posee la mayor extensión de la Amazonia) y la agenda política de la derecha. En momentos de agudización de la caída de la tasa de ganancias y de la crisis estructural del capitalismo (que viene desde los años 70) las transnacionales y los bancos no dudarán en asfixiar y presionar cada vez más a los trabajadores de todo el mundo, para tratar de mantener a flote un sistema que hace aguas y hunde en la miseria y la explotación a la mayoría de las personas del mundo y causa estragos en la naturaleza.

*Jorge Luis López Ardila

Fuente: Rebelión

Notas:

[1] Manifestantes são contra financiamento privado de campanha, aponta pesquisa. http://www.brasildefato.com.br/node/32719

[2] Composición de la cámara federal de representantes. http://www2.camara.leg.br/deputados/liderancas-e-bancadas

[3] Composición del senado. http://www.senado.gov.br/senadores/senadoresporpartido.asp

[4] Em carta, deputados defendem afastamento de Cunha da Presidência da Câmara. http://www.brasildefato.com.br/node/32745

[5] Congreso brasileño no aprueba disminución de la mayoría de edad penal. http://trochandosinfronteras.info/congreso-brasileno-no-aprueba-disminucion-de-la-mayoria-de-edad-penal/

[6] Cámara brasilera aprueba ley antiterrorista que criminaliza los movimientos populares http://www.colombiainforma.info/mov-sociales/2663-camara-brasilera-aprueba-ley-antiterrorista-que-criminaliza-los-movimientos-populares

[i] Más información. http://www.fup.org.br/revista-brasil-fato-julho-agosto2015/#p=3

Deja un comentario