CLAMOR POPULAR: MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Martes 16 de Mayo de 2017

DECLARACION DE TESIS 11

El fallo de la Corte Suprema, de hecho una amnistía a los genocidas, provocó una conmoción que estremeció la conciencia y el corazón de todos aquellos que tuvieren un mínimo de sensibilidad.  En una Argentina en que, después de décadas de perseverante lucha y el tributo de muchas vidas, se edificaron valores muy caros al sentir de nuestro pueblo, que no está dispuesto a retroceder en las conquistas democráticas.

La resolución de los Supremos es consecuencia del curso que Cambiemos y el bloque de poder real, al que representa, alentaron desde antes de asumir como gobierno y que, tan pronto fue emitida, públicamente la avalaron. Contaron para ello con la connivencia de la cúpula de la Iglesia Católica y las corporaciones mediáticas. Recién después que el rechazo social los despertó de su ensueño, intentaron despegarse del costo político. La aberración jurídica, que los jueces utilizaron para fundamentar su amañado fallo, es una evidencia más de su intencionalidad política.

Se puede deducir los objetivos que nutrieron la acción en favor de la amnistía. En primer lugar, independientemente de las intenciones, aparece objetivamente como si se saldara una deuda de gratitud hacia quienes, cumpliendo el papel de genocidas, abrieron el camino para imponer posteriormente un proyecto neoliberal. En segundo lugar, ahora que gracias al voto recuperaron el manejo del aparato estatal y ejecutan un proyecto que en esencia reproduce los propósitos de la dictadura y el menemismo, que piensan profundizar después de Octubre, objetivamente se transmite un mensaje, a los otrora sirvientes con uniforme del poder económico, que es posible abalanzarse contra el pueblo con impunidad, porque las espaldas están cubiertas.

Esto explica también, entre otros, el acuerdo firmado en 2016 por el cual Argentina pasa a integrar el Programa de Colaboración Estatal del Departamento de Defensa de EE.UU., el multimillonario reequipamiento militar, los proyectos de imposición y agravamiento de penas de cárcel para manifestaciones de protesta popular, los protocolos anti piquetes, etc.

Las multitudinarias movilizaciones de Marzo, los pronunciamientos de organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales, la rebelión de tribunales inferiores de no aplicar el criterio cortesano y la contundente concentración del pasado 10 de Mayo, convocada por Madres y Abuelas, les hicieron saber, a quienes quieran oír, que el anti pueblo no pasará.

Resulta necesario el juicio político a los jueces que firmaron este fallo aberrante, dado el prevaricato que cometieron y el desprestigio y nulo respeto en el que han caído.

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